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El trabajo más impopular en estos días
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 6 de mayo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Por mandato específico de la Constitución, el Procurador de los Derechos Humanos tiene que velar por el respeto a las garantías individuales consignadas en nuestra Ley Fundamental y realizar las condenas cuando algún procedimiento se aparta de la normativa que intenta garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. En ese sentido, la preocupación generada por los operativos policiales no puede verse sino como el cumplimiento de sus obligaciones legales y dejar de señalar los excesos que se puedan cometer en tales acciones de la Policía Nacional Civil sería una irresponsabilidad del Procurador.

Hay que entender que dados los extremos que hemos alcanzado en materia de inseguridad ciudadana, cualquier acción que emprenda el Procurador de los Derechos Humanos cuestionando el proceder de la fuerza pública será absolutamente impopular. No olvidemos que ya desde los tiempos de Lucas, el tema de los derechos humanos fue maliciosamente señalado como una defensa de los criminales en perjuicio de la gente honrada y cuando ahora el Procurador, en legítimo cumplimiento de sus obligaciones, señala que no se puede capturar a nadie por su apariencia o vestimenta, ni por vivir en las denominadas zonas rojas, es natural que la opinión pública considere que está actuando en defensa de los criminales y obstaculizando el trabajo de las fuerzas del orden para proteger a la gente honrada.

En Guatemala no sólo se ve con buenos ojos la realización de operativos que permitan la captura de todo el que huela a pandillero, sino que nadie se inmuta ante la posibilidad de que esté en práctica una estrategia de "limpieza social". Yo me atrevo a pensar que mucha gente aplaudiría la eliminación mediante ejecuciones extrajudiciales, de quienes son considerados como maleantes que causan el clima de inseguridad.

Y en ese contexto, una resolución del Procurador pidiendo a la PNC modificar sus procedimientos en los operativos y específicamente en cuanto a la captura de sospechosos, tiene que caer como patada en la espinilla a una población que está agobiada por el clima de inseguridad y por la certeza de que nuestro sistema de justicia no opera y alienta la impunidad en todos sus niveles.

Muy poca gente entiende que el Procurador de los Derechos Humanos está cumpliendo con sus obligaciones legales y que no puede, sin caer en gravísima responsabilidad, hacerse de la vista gorda ante lo que pueda implicar riesgo para el pleno respeto a las garantías individuales que consigna nuestra misma Constitución. Por mal que pueda caerle a mucha gente el papel del Procurador, él no puede hacer otra cosa.

Es tal la situación que se vive en el país, que estoy seguro que a la hora de preguntarle a la gente sobre el cuestionamiento que hace la PDH sería unánime el repudio porque se escucha que no importa cómo, pero se desea fervientemente que se haga algo contra la delincuencia. Si el Procurador quiere complacer a la opinión pública, tendría que callarse pero dejaría de cumplir con su deber y pesaría sobre su conciencia el haber cedido ante la presión política. Por ello digo que su chance es ahora el más impopular de los que puedan imaginarse, pero no puede claudicar para no generar reacciones y ojalá que pueda influir para que en la lucha contra el crimen, no terminemos por prostituirnos aceptando como válidos recursos que son contrarios a la ley.

Fuente: www.lahora.com.gt


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