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El que la hace, no la paga…
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 19 de mayo de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

La divulgación del resultado del trabajo de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida desde su creación el 27 de septiembre del año pasado, es simple y sencillamente aterradora y envía el manifiesto e inobjetable mensaje de que quien mata a alguien sólo será procesado por pura casualidad. De 2,397 casos que se han reportado en el departamento de Guatemala, apenas 40 han ido a proceso penal, ni hablar de que la mayoría terminarán sin condena por falta de elementos de prueba suficientes.

Sin hablar babosadas, estamos en un país en donde si usted mata a alguien por la razón que sea, la probabilidad de que encare una acusación penal es mínima; tendría que tener muy mala suerte para que el Ministerio Público pudiera llevarlo a los tribunales de justicia. Pero vista la cosa desde el ángulo más negativo, la cuestión es aterradora, porque si alguien decide matarlo a usted, también tiene mínimas probabilidades de ir a la cárcel. Y si se trata de algún sicario, miembro de alguna mara o de bandas del crimen organizado que saben cómo se cuecen todas las habas en nuestro sistema de justicia, la oportunidad todavía es menor porque ya tienen la experiencia para librarse de toda forma de persecución.

¿Dónde está, entonces, el Estado de Guatemala si su principal obligación, definida en los dos primeros artículos de la Constitución Política es la defensa de la vida y la seguridad de la persona humana? Siempre hemos sabido que el panorama de la impunidad en el país es terrible, pero al conocer estas dramáticas cifras tenemos que reconocer que la crisis es peor de lo que uno puede imaginarse. Porque hay que ver que esos 2,397 casos se limitan a parte del Departamento de Guatemala, excluyendo importantes municipios como Mixco, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez y Amatitlán. Es decir que los crímenes contra la vida cometidos en esos importantes municipios más todos los que se cometen en el resto del país han de estar en peor proporción porque en esas jurisdicciones ni siquiera hay una Fiscalía de Delitos Contra la Vida y los auxiliares del Ministerio Público le tienen que entrar a toda clase de crímenes.

El Ministerio Público justifica su incapacidad para investigar diciendo que no hay colaboración, por temor, de los familiares de las víctimas y de testigos de los asesinatos y homicidios. Pero resulta que la Ley le asigna al Fiscal General la responsabilidad de la acción penal pública sin exclusión alguna. No dice que la deberá ejecutar siempre y cuando los familiares ayuden o cuando los testigos quieren cooperar. El problema es gravísimo porque genera un círculo vicioso, toda vez que si el MP no logra probar el delito, los acusados quedan libres y toman represalias contra quienes pudieron ser acusadores o sirvieron como testigos. Y honestamente hablando, si el Ministerio Público apenas puede llevar a juicio el dramático 1.67 por ciento de los casos, quién con dos dedos de frente va a querer ser testigo o promover acciones en contra de los asesinos.

Y una cosa es que 1.67 por ciento de los casos sean llevados a juicio y otra muy distinta la cantidad de condenas. Ante ese descalabro, lo que el Estado fomenta es que cada quien haga justicia por propia mano, que se organicen escuadrones de la muerte y que prevalezca un sistema de venganza en el que van a morir muchos inocentes. El mal no fue inventado por el actual Fiscal General, pero obviamente no han hecho nada para corregirlo y cada día que pasa sin que se resuelva ese agudo problema, nos hundimos más en el fango de la impunidad y la injusticia.

Fuente: www.lahora.com.gt


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