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La anarquía no es por las consultas
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 6 de julio de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

La mayoría de comentaristas plantea que las consultas populares realizadas al tenor de lo que establecen el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT, ambas leyes vigentes desde hace varios años, están conduciendo al país a la ingobernabilidad y la anarquía porque, según dicen, nada se podrá hacer si cualquier obra o proyecto tiene que ser sometido a consulta. La verdad es que la anarquía y el relajo son producto de la incapacidad del Estado para desarrollar adecuadamente la legislación referida, de manera que las consultas se conviertan en un mecanismo efectivamente democrático que sea el último paso después de un amplio proceso de información y debate sobre obras que pueden tener algún impacto negativo en determinada región.

Implícitamente lo que significan tantos comentarios es que nuestro pueblo no está ni remotamente preparado para que su opinión sea tomada en cuenta mediante consulta popular y que, en ese sentido, cuando se produzca ese procedimiento consultivo siempre se impondrán las fuerzas oscurantistas y contrarias al desarrollo. No olvidemos que ese mismo pueblo ahora tildado de ignorante y no apto para ser consultado, es el mismo que elige autoridades y el mismo que ya una vez aprobó en Consulta Popular una reforma a la Constitución Política y en otra oportunidad rechazó las reformas aprobadas por el Congreso.

Para empezar, en el Código Municipal hay contradicción porque en el mismo capítulo un artículo dice que el efecto de la Consulta es vinculante si votan más del veinte por ciento de los empadronados (artículo 64) y pocas líneas después dice que ese efecto se produce si votan más del cincuenta por ciento de los empadronados (artículo 66). Por si ello fuera poco, no existe un reglamento que establezca obligaciones previas para informar debidamente a los vecinos consultados tanto de los beneficios como de los perjuicios de cualquier obra y el Tribunal Supremo Electoral no puede limitar su apoyo a prestar las urnas y dar alguna asesoría, porque si la ley exige porcentaje de empadronados, es obvio que los consultados deben acreditar esa calidad y verificarlo es función del TSE.

Como respuesta a la idea de que las Consultas Populares generan anarquía y obstaculizan el desarrollo hay que decir que entonces bendita sea la dictadura porque ella facilitaría el progreso al mandar al chorizo a la población. Por supuesto que es más difícil gobernar a un pueblo que se manifiesta y que expresa sus puntos de vista, pero ello obliga a que las autoridades informen a la gente y en el caso de proyectos privados que afecten el interés público, que existan mínimos de respeto al derecho de las comunidades y garantía de que existirán regulaciones adecuadas para protegerlo.

Contra lo que muchos piensan, la gente no es estúpida ni se opondrá a lo que le signifique ventajas y desarrollo. Pero como estamos acostumbrados a lidiar con un pueblo de borregos, que todo lo acepta sin chistar, es lógico que cunda el pánico cuando se observan reacciones populares que pueden comprometer esa tradición. Al menos la gente no decide por corrupción, cosa que no siempre se puede decir de las autoridades que toman decisiones por nosotros. Puede ser que exista falta de información y hasta que se produzcan decisiones equivocadas, pero éstas siempre serán mejores que las decisiones basadas en mordidas y prebendas.

No deja de ser una paradoja que quienes se dicen demócratas se rasguen las vestiduras ante las Consultas Populares efectuadas con apego a la ley. En vez de tenerle miedo a ese procedimiento, es necesario entender que la gente requiere información y que es deber de las autoridades proporcionarla para que cuando llegue el momento de consultar a la población, ésta pueda tomar decisiones maduras y producto de un debate serio sobre ventajas y desventajas de las propuestas.

Fuente: www.lahora.com.gt - 050705


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