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Las escuchas telefónicas y la Constitución
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 9 de septiembre de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Al discutirse la Ley de Inteligencia Civil, uno de los temas importantes es la escucha de conversaciones telefónicas como parte del procedimiento para recabar información que pueda contribuir al combate de distintas formas del crimen organizado. Sin embargo, hay que ver que el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala claramente dice que "se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna".

Cierto es que ese artículo se lo han pasado por el arco del triunfo desde la vigencia misma de la Constitución y la operación de escucha de las conversaciones telefónicas no sólo la ha hecho el Estado, sino también particulares se dedican a esa labor y tienen montadas oficinas en las que trabajan expertos de inteligencia que se acogieron al "retiro voluntario" para ofrecer sus servicios a quienes consideran que tienen necesidad de disponer de aparatos de inteligencia. Cierto es que la Constitución dice que se pueden revisar correspondencia, documentos y libros con orden de juez, pero la norma no menciona de manera específica las comunicaciones telefónicas y ese vacío legal da lugar a que se pueda impugnar cualquier ley ordinaria que faculte la escucha de tales comunicaciones mediante artículos de la tecnología moderna.
Pero en el caso de Guatemala sería preciso cambiar el articulado constitucional para legalizar las escuchas telefónicas, por mucho que estemos convencidos de que las mismas en casos excepcionales se justifican para investigar crímenes. De hecho, se sabe que muchos secuestros en Guatemala se han resuelto salvando la vida a las víctimas porque se han intervenido las comunicaciones telefónicas y ello ha permitido que se localice a los delincuentes, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista formal y legal exista facultad para hacerlo.


Con nuestra Constitución pasó lo que ocurre tantas veces cuando el movimiento pendular en las sociedades lleva de un extremo a otro. Tras años en los que Inteligencia Militar podía escuchar hasta las conversaciones más íntimas y muchas de las informaciones obtenidas de esa forma se tradujeron en brutales violaciones de los derechos humanos, los constituyentes consagraron la privacidad de las comunicaciones de manera absoluta.

Si se considera por extensión que las comunicaciones telefónicas pueden escucharse con orden de juez, entonces también por extensión y analogía se puede entender que con autorización de juez se pueden revelar datos de las contabilidades de personas individuales o jurídicas y todo lo relacionado con pago o evasión de impuestos, porque al fin y al cabo la prohibición para divulgar esos datos está en el mismo artículo de la Constitución.

El tema es polémico porque necesitamos una ley de inteligencia civil y hace falta una estructura que la implemente. Pero dados los abusos que hemos conocido la ley tiene que establecer también controles y cortapisas para evitar que se hagan micos y pericos.

Pero, por el lado puramente práctico, hay que entender que actualmente hay escuchas telefónicas, hay labores de inteligencia realizadas por particulares y existe todo un aparato fuera de control que vulnera los derechos constitucionales. Y eso no es una figuración ni un espejismo, sino una dramática y triste realidad. La inteligencia civil ahora se produce sin control y sin supervisión de nadie, más que de quienes la financian y ordenan.

Fuente: www.lahora.com.gt


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