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Acciones en defensa del consumidor
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 10 de septiembre de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

En España, las autoridades han asumido medidas concretas y prácticas que tienen la finalidad de proteger al consumidor y evitar abusos en su contra que son moneda corriente en el marco de ese mercado carente de regulaciones que se presenta como la panacea del mundo moderno. En efecto, en cuestiones tan sencillas como el redondeo de las cifras, los españoles pagaban miles de euros diariamente en excesos que les eran cargados por entidades que prestan servicios públicos como el teléfono y los estacionamientos.
En los teléfonos, las empresas simplemente redondeaban las cifras hacia arriba, es decir que si una persona utilizaba ese medio de comunicación durante unos treinta segundos, se le cargaba el minuto completo como ocurre por supuesto en estas latitudes. Si usted habla por teléfono un minuto con un segundo, el cargo que se le hace es por dos minutos exactos, lo que significa un despojo porque se le cobra al usuario por algo de lo que no está haciendo uso. Igual ocurre con los estacionamientos que cargan por media hora o fracción. En España, la nueva legislación para proteger al consumidor obliga a los estacionamientos a cobrar específicamente por el tiempo utilizado y lo mismo tienen que hacer los concesionarios del servicio telefónico.

Podría parecer cosa de poca importancia esa decisión del gobierno de España, pero cuando se acumulan los sobrecargos que se le hacen al consumidor las cantidades de ganancia para los concesionarios de los servicios públicos terminan siendo multimillonarias. En Guatemala, si hubiera una acción para proteger a la población de los abusos que se cometen en ese sentido, seguramente que las ganancias de empresas que ofrecen distinto tipo de servicios disminuirían considerablemente porque aquí eso del redondeo es práctica común y afecta prácticamente a toda la población.

La misma legislación recientemente aprobada en España establece controles para la publicidad, de manera que no se pueda hacer ofertas engañosas que con letra menuda contienen cláusulas que cambian por completo el sentido de lo que se está ofreciendo al público. Existen, por supuesto, autoridades a las que se puede recurrir para reclamar o denunciar los abusos cometidos en el marco de la libertad de mercado, porque obviamente no hay libertad que pueda ser ejercida sin que apareje el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades.

En Guatemala tenemos una visión equivocada de la libertad económica porque suponemos que la misma desaparece si hay regulaciones. Al contrario, sin regulaciones lo que tenemos es un verdadero libertinaje que afecta a la sociedad. Es lo mismo que pasa con todas las libertades, puesto que no operan de manera absoluta. La libertad de expresión, por ejemplo, tiene limitaciones en el derecho ajeno y las mismas están reguladas debidamente. Lo mismo tiene que ocurrir con el comercio, puesto que si bien es cierto que los factores de oferta y demanda pueden decidir cuestiones como precio y que la calidad de un producto es determinante para generar su demanda, también es cierto que existen condiciones que alientan el abuso porque el mercado tiene imperfecciones que, aprovechadas maliciosamente, lo distorsionan por completo en perjuicio de los más débiles.

Copiamos tantas cosas de otros países y, sin embargo, las acciones importantes y positivas no las tomamos en cuenta. Lo que España está haciendo en materia de defensa del consumidor debiera alentar a las autoridades guatemaltecas a entender que dentro del libre mercado puede haber regulación para asegurar el interés y el bienestar público.

Fuente: www.lahora.com.gt


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