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2006 debe ser el año del referéndum
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 30 de diciembre de 2005
ocmarroq@lahora.com.gt

Vivimos en un país donde los políticos se burlan del pueblo en la forma más descarada. Hace cuatro años, Portillo declaraba en una radio que para ganar la presidencia era necesario mentir y lo reconoció con total desfachatez lo que en aquel momento critiqué severamente porque es un insulto a la democracia y al pueblo mismo ese comportamiento que hace a la gente perder la fe y la confianza en sus dirigentes.

Cuando estaba en campaña para ser electo Presidente, Óscar Berger dijo que él se sometería a una consulta popular o referéndum a mitad del período para que la gente dijera si debía terminar su mandato o no. El próximo 14 de enero se cumplen dos años desde su investidura y llegará a la mitad de ese mandato, momento en el que según sus palabras tendría que preguntarse a la población mediante el ya establecido mecanismo constitucional de consulta, si ha hecho mérito suficiente para continuar como Presidente de la República.

Ha gozado del enorme beneficio de la duda otorgado por una población poco exigente y por una prensa que ha sido extraordinariamente gentil con el gobernante y con su equipo, pero ni siquiera ello ha valido para que la gente pueda dejar de sentirse insegura por tanta violencia y criminalidad ni para que la población perciba que el gobierno de empresarios está trabajando a favor del bien común y el interés nacional y no a favor del sector que representa, puesto que ejemplos tan claros como el del salario mínimo son suficientes para entender la orientación económica del régimen.

El colmo es que en materia de corrupción no sólo no se ha iniciado ningún proceso para cambiar los procedimientos y tratar de combatir ese cáncer mediante normas administrativas más eficientes y modernas, sino que los funcionarios que han recibido algún señalamiento han sido apuntalados por el mismo Presidente, como podría ser el caso más reciente de la Dirección General de Migración, los de las compras en Comunicaciones y los millonarios contratos de la Portuaria encomendados a un sobrino político del mismo mandatario, para citar algunas situaciones paradigmáticas.

Hasta Portillo, con todo y su cauda de corrupción, destituyó a funcionarios señalados de malos manejos y algunos de ellos fueron procesados, como se vio en los casos del IGSS y del Ministerio de Gobernación y dejó sin efecto el negocio de las placas anulando la compra que ya había hecho la SAT. En cambio ahora, se navega con la bandera de la honestidad y todos sabemos que si no se modificaron los procedimientos se seguirán cometiendo las mismas mañas, puesto que la naturaleza humana apunta al dinero fácil, a la corrupción y el negocio turbio. El presupuesto militar sigue siendo secreto y continúa operando como fuente de los gastos confidenciales constitucionalmente proscritos.

Si algo positivo tendría que mencionarse fue la cancelación del derroche que se planteaba en la inauguración de los juegos deportivos centroamericanos y los esfuerzos por dar la apariencia de una gestión más transparente lo cual, insisto, es imposible si no se cambia la forma de administrar la cosa pública porque es ley de vida que los mismos procedimientos van a producir siempre los mismos resultados.

Pero al final de cuentas, de acuerdo con la promesa del entonces candidato, corresponde al pueblo juzgar. Ojalá que se le brinde la oportunidad democrática de hacerlo.

Fuente: www.lahora.com.gt


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