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Que funcione la auditoría social
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 9 de enero de 2007
ocmarroq@lahora.com.gt

Desde hace muchos años se vienen dando distintos mecanismos para el manejo de los fondos públicos que, teóricamente, persiguen mayor agilidad debido a que los procedimientos normales significan trámites de alguna manera lentos y engorrosos por razones de la fiscalización. El uso de los fideicomisos o la contratación de entidades pertenecientes a organismos internacionales se ha convertido en moneda de uso común para evadir los candados que impone nuestra Ley de Compras y Contrataciones del Estado que, de todos modos, no es una garantía de probidad porque la Contraloría de Cuentas no dispone de recursos ni de poder suficiente para auditar todas las cuentas públicas.

En el caso de los fideicomisos, los mismos se constituyen con entidades bancarias y eso sustrae los millones del control que por ley debe hacerse de todo recurso público que se gaste, sin que importe la forma en que se oriente el gasto. Y con las entidades internacionales, las mismas gozan de un status especial contemplado en la legislación internacional y ello las mantiene, también, alejadas del ojo escrutador de la Contraloría de Cuentas que no es suficiente ni para auditar lo que buenamente le van poniendo a la vista, no digamos para supervisar aquello que de buena o mala fe le escamotean mediante estos procedimientos señalados.

Nunca he creído que las entidades internacionales sean garantía de honestidad porque resulta que la corrupción no es patrimonio de los guatemaltecos sino de la humanidad entera. Y por ello me preocupa que los contratos que nuestras autoridades hacen con los organismos internacionales se conviertan en arca abierta para que todos pequen y por ello es indispensable, en un gesto de madurez cívica, encontrar la forma en que pueda abrirse una efectiva auditoría social al uso de los recursos del Estado que se canalizan a través de esas entidades. Que por lo menos el guatemalteco sepa quiénes se están beneficiando con esos jugosos contratos que en muchos casos triplican hasta los sueldos de los ministros y que se mantienen bajo rigurosa reserva porque las contrataciones las hacen entidades internacionales.

El tema de la corrupción es y debe ser una preocupación constante de la sociedad guatemalteca porque tenemos poco recurso para la inversión social y por ello cualquier cantidad de fondos públicos que se desvíe constituye un grave pecado en contra de la gente más pobre del país. Y desviar recursos puede ser no sólo por medio del burdo cajonazo sino también por el derroche de los fondos mediante contrataciones que no tienen justificación o al contratar obras de manera tal que se elimine toda posibilidad de auditar las cuentas.

Uno entiende que ciertos actores nacionales no se preocupen por el tema de la corrupción porque no les conviene. Ni modo que a la hora de plantear una visión de país algunos van a querer que se supriman los fideicomisos que abren la puerta a manejos tan variados y que dejan ollas bien untadas. Tampoco podemos esperar que los contratistas del Estado se interesen por afinar mecanismos de control, porque cabalmente su mayor ganancia está en la debilidad institucional para llevar al centavo los rubros y exigir la rendición de cuentas.

Pero los hechos demuestran que fue un error creer que el problema de la corrupción se resolvía mandando al diablo a Portillo y al FRG porque vemos que aquí seguimos metiendo pisto al arca abierta, sabiendo que así hasta el justo peca. Y ya que el Gobierno anda viendo como invierte sin control, la sociedad tiene que empeñarse en realizar auditoría social para compensar la debilidad institucional.

Fuente: www.lahora.com.gt


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