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El tema está en la fiscalización absoluta
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 19 de enero de 2007
ocmarroq@lahora.com.gt

Desde hace buen tiempo las autoridades han recurrido a organismos internacionales para ejecutar proyectos específicos, bajo el pretexto de que ello acelera el tiempo de ejecución porque agiliza el trámite de las contrataciones. Sin embargo, en la práctica, algunos de esos procedimientos tienen la finalidad de usar la inmunidad y la estructura de organismos multinacionales como escudo para impedir una eficiente fiscalización y por ello es que, como con los fideicomisos, se pueden hacer micos y pericos sin temerle a la rendición de cuentas.

El tema central está en que según la Constitución de la República no hay rubro de gasto público que esté ajeno a la fiscalización de la Contraloría de Cuentas y por lo tanto la falla está en la no supervisión y auditoría de esa forma de ejecutar fuertes sumas del presupuesto general de la Nación. Si fuera cierto, que no lo es, que las entidades multinacionales no pueden ser auditadas por la Contraloría de Cuentas, todo gasto que se haga utilizándolas a ellas sería anómalo y quienes lo dispusieran tendrían responsabilidad penal.

Lo mismo puede y debe decirse de los fideicomisos porque ocurre una situación exactamente igual. Si la Contraloría acredita que efectivamente está incapacitada de controlar el gasto público que se hace por la vía de un fideicomiso o por la vía de la contratación de un organismo multinacional, los funcionarios que suscribieron los contratos de fideicomiso o los convenidos con esos organismos, estarían incurriendo en delito y tendrían que ser procesados.

No hay otra forma de entender la situación. Lo que pasa, y también es algo que vale la pena decir y señalar, es que hubo en su tiempo asesores de gobiernos que aconsejaron a los funcionarios la utilización de estos mecanismos para matar dos pájaros de un tiro, logrando "agilizar" las obras y con ello justificar la maniobra, pero sobre todo evadir los controles. Y como nuestra Contraloría es muy débil y carece de asesores legales y de personal suficiente para realizar la labor que constitucionalmente le corresponde, le ha sido más cómodo decir que no les dan acceso al manejo de los fondos y que por ello ocurren las anomalías.

Creo que hay que ubicar en su justa dimensión el problema. Si la Contraloría no fiscaliza la forma en que se gasta el dinero público, incurre en responsabilidad y tendrían sus titulares que responder ante la ley por incumplimiento de deberes. Si se les niega el acceso a las cuentas que son manejadas por organismos internacionales o por bancos del sistema que administran los fideicomisos, pueden recurrir a los tribunales para exigir que les pongan a la vista esas cuentas o iniciar procesos en contra de los funcionarios que suscribieron los contratos o convenios.

La cuestión está en el cumplimiento de la norma fundamental que es la Constitución que establece que todo manejo que se haga de fondos del público tiene que ser auditado debidamente. Lo que pasa es que vivimos en un país en el que nadie cumple ni exige que se cumpla la ley y por ello se dan este tipo de problemas y complicaciones que, vistos en su justa dimensión, deben resolverse con la simple y llana aplicación de la ley.

Los asesores que idearon estas formas de evadir los controles, saben perfectamente que una Contraloría dispuesta a hacer valer su facultad y potestad establecida constitucionalmente, no puede tener valladares para cumplir su función. Y si los encuentra, tiene el recurso de plantear acciones penales en contra de los guatemaltecos que deciden trasladar fondos públicos a entidades que no pueden ser sujeto de control y auditoría.

Fuente: www.lahora.com.gt


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