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¿Y los defensores de la soberanía?
Por Oscar Clemente Marroquín - Guatemala, 22 de agosto de 2007
ocmarroq@lahora.com.gt

Cuando fue aprobada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que consiste en brindar apoyo al Ministerio Público para mejorar la investigación a efecto de contrarrestar el poder de cuerpos clandestinos y del crimen organizado, fueron muchos los que se rasgaron las vestiduras por la forma en que, según ellos, la soberanía nacional quedaba en entredicho al permitir que extranjeros vinieran a brindar esa asesoría. Ninguno de ellos estará juzgando a nadie, pero a juicio de los que se dicen libertarios, esa intromisión era vergonzosa e inaceptable.

Hoy, en cambio, en aplicación del capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y Estados Unidos, resulta que nuestro país no puede proceder en el caso de Ferrovías sometiendo a proceso ordinario de la legislación guatemalteca la posibilidad de declarar lesivo el negocio, porque la empresa afectada sometió el caso ante la jurisdicción de la "Comisión Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones", misma que podrá no sólo juzgar sino resolver sin que sus decisiones puedan ser siquiera apeladas. En otras palabras, si eso no es renunciar por completo a la soberanía, no me imagino qué pueda definirse como una cesión de las facultades propias de un Estado Soberano que, entre otras cosas, debe y puede juzgar ante la ley nacional hechos y situaciones ocurridas en su territorio.

En realidad no tengo elementos de juicio para opinar sobre la decisión del Gobierno de iniciar el proceso para declarar la lesividad del contrato de Ferrovías, pero el tema no es si esa concesión es o no lesiva, sino si el Estado Soberano de Guatemala tiene la potestad de aplicar su propia legislación para revisar un contrato suscrito con arreglo a las leyes internas. Y me llama la atención que aquellos que consideraron una afrenta imposible de aceptar la aprobación de la CICIG, ahora no digan absolutamente nada cuando un tema tan propio del país escapa a nuestra jurisdicción y entre todos los guatemaltecos corremos el riesgo de tener que pagar 65 millones de dólares de indemnización a la empresa que ha presentado el reclamo. Estamos hablando de 507 millones de quetzales que deberemos repartirnos entre los ciudadanos guatemaltecos para cubrir una indemnización dispuesta por una Comisión Internacional que, a diferencia de la establecida para combatir la impunidad, sí resuelve, falla y decide sin que nadie tenga siquiera derecho a apelar.

Quisiera leer ahora los sesudos comentarios de "constitucionalistas" que despotricaron contra la CICIG pero que, cuando se trata de comercio global, aceptan que no tenemos soberanía ni facultad para decidir nada porque si es cuestión de pisto, antes está el dinero que la soberanía. Por ello es que he dicho que muchos de los que criticaron la CICIG lo hicieron para proteger a quienes pueden ser objeto de investigaciones de esa comisión, puesto que es obvio que hay dos raseros distintos para juzgar a esas dos comisiones internacionales en relación al tema de la soberanía.

Por lo visto la soberanía es un elemento para esgrimir sólo cuando les conviene y olvidado o ignorado cuando se relaciona con las inversiones, el mercado y en resumidas cuentas el pisto. Se puede aceptar que el país esté a merced del crimen organizado, pero no se puede aceptar que el país decida si una inversión es lesiva a sus intereses o no. Para eso es bienvenida cualquier comisión internacional que arregle las diferencias, aun pasando sobre las leyes internas de un Estado supuestamente libre y soberano.

Fuente: www.lahora.com.gt


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