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El dinero de la política o ¿la política del dinero?
Por Otto Zeissig Vásquez - Guatemala, 4 de noviembre de 2005

Con honrosas excepciones, los tiempos de campañas electorales con activistas voluntarios convencidos por la causa pasaron hace mucho, también pasaron los tiempos de las cuotas internas o las colectas para el pago de los gastos del partido. Éstos son otros, los dominados por la necesidad de contar con fuentes de financiamiento permanente para el pago de una numerosa planilla y, lo más oneroso, aparecer en los medios de comunicación. Haciendo referencia a la importancia de éstos en la política, un instructor de la Fundación Pablo Iglesias, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, sentenció alguna vez que en política “si algo no se ha visto en la televisión o escuchado en la radio, no existe”.

Por múltiples razones, el financiamiento de las organizaciones políticas y los gastos de campaña electoral han cobrado importancia en el estudio y regulación de los sistemas electorales. ¿Cuánto dinero? disponen las organizaciones políticas se han vuelto en un factor determinante o por lo menos relevante en la posibilidad de representación que obtienen, en la mayoría de ocasiones por encima de su ideología o sus programas de gobierno. Mientras que ¿de dónde proviene el financiamiento? es una preocupación relacionada con la forma de cómo se ejercen los cargos obtenidos, tomando en cuenta el tráfico de influencias de personajes o grupos de interés que condicionan las agendas de gobierno o las aprovechan para sus intereses particulares en desmedro de la sociedad y la democracia.

Casi ninguna democracia está exenta de este fenómeno, primero advertido en el mundo de los estudiosos y luego impactado en los medios de comunicación, cuando han salido a luz verdaderos escándalos que han cobrado la carrera de importantes líderes políticos. El manejo incorrecto de fondos públicos se ha asociado con mayor frecuencia a las contribuciones de alguna firma, a una o varias campañas electorales. De manera que la preocupación por el tema es generalizada, así como los esfuerzos de controlar dicho fenómeno. Recetas no hay perfectas ni únicas, los países adoptan diferentes medidas.

Pero las preocupaciones para la democracia van más allá, por fenómenos como la falta de competitividad de los sistemas de partidos, tomando en cuenta que su disposición al dinero es proporcional a la adhesión a los intereses de quienes lo poseen, por lo general las grandes corporaciones o grandes empresarios y todavía más, una tendencia a que la voluntad de los ciudadanos o votantes, por el avance de la toma de la decisión de los votantes mediante recursos mercadológicos de los medios de comunicación, en detrimento del debate de aspectos ideológicos o programáticos.

En Guatemala, se avanzó en dichas materias, cuando menos en el terreno normativo, con la reforma electoral del año pasado y la armonización en proceso. Básicamente las decisiones legislativas contemplan, 1.- El incremento del financiamiento público a los partidos políticos, (pasa de Q2 por voto en la elección presidencial a US$2); 2.- Se pone un techo a los gastos de la campaña electoral US$1 por ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones); y 3.- Se limita el monto de las donaciones privadas a un 10% del monto total de la campaña. Las medidas se complementan con el fortalecimiento de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, TSE, la obligación de llevar registros contables y la posibilidad de que éstos sean públicos, aunque lo último no se contempla de manera expresa en la nueva legislación. Con todas estas pautas legales, el Tribunal deberá emitir un reglamento para tratar de hacer lo más efectivas las nuevas disposiciones.

No se puede esperar que en el TSE existan todas las capacidades necesarias para ejercer un control efectivo en el tema del financiamiento y gastos de campaña, pero hay que empezar, tampoco hay que descuidar la formación de equipos financieros en los partidos políticos, pero sobre todo, a la población le tiene que llegar el mensaje de la importancia de lo político, del pretendido perfeccionamiento del sistema electoral, y en casos como este, que las nuevas disposiciones, pretenden entre otras cosas, que el ciudadano elija por su simpatía ideológica o a un programa de gobierno.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Epoca No. 850


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