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Anuncio de reformas, deplorable medio electoral
Por Otto Zeissig Vásquez - Guatemala, 13 de enero de 2007

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el Presidente Berger anticipó su interés de promover un paquete de reformas constitucionales. Todavía no han sido presentadas con detalle, pero de manera general se asegura que pretenden cumplir con los compromisos de paz.

La iniciativa del Ejecutivo puede ser señalada de superficialidad en trato del tema de la composición cultural y étnico nacional, propósito electoral e irresponsabilidad política en el trato al Organismo Legislativo; y ser una propuesta inoportuna en el año electoral.

Las versiones oficiales que han sucedido a la declaración presidencial delatan la falta de una verdadera voluntad política para que en efecto estas reformas al texto constitucional cumplan con tal objetivo, el de cimentar la Paz, lo cuál se evidencia sólo en la forma en que se refieren al tema de la pluralidad étnica, lingüística y cultural de la nación. Los funcionarios encargados de preparar la propuesta afirman que en dicho tema su intención de reforma pretende promover “un mayor respeto” para los pueblos indígenas. Vaya manera de relativizar el tema, su afirmación reconoce que se respetan poco y que un intención es que se respeten otro tanto. Los derechos de los pueblos indígenas se respetan o no.

Los enunciados sobre posibles reformas relacionadas con el Organismo Legislativo podrían encerrar una intencionalidad meramente propagandística, persiguiendo obtener réditos y adhesiones políticas a costa de la frágil institucionalidad democrática del país. Es obvio que el Ejecutivo en su forma electoral pretende abanderar una cruzada por la disminución del número de diputados, lo cual tiene sin duda resonancia en los medios de comunicación y el tema despierta simpatía en la opinión pública. En esta materia, los objetivos propagandísticos estarían alcanzados, sólo con el hecho de abanderar la iniciativa, aunque ni siquiera hubiera voluntad de concretarlas.

No son pocas las experiencias de proyectos electorales que se promueven atacando la actividad política o a las instituciones, pero cuando provienen de quienes ejercen responsabilidades públicas son deplorables, porque el daño a la institucionalidad de un país toma mucho tiempo repararlo.

Tomando en cuenta los índices de valores o cultura democrática que el latinobarómetro midió recientemente en el sub continente americano resulta políticamente rentable sustentar campañas electorales sobre la base del ataque a instituciones erosionadas en su eficiencia y falta de credibilidad, males que acompañan al Organismo Legislativo. Más aún, con esta jugada política el Ejecutivo pretendería disculpar su falta de efectividad en su gestión, adjudicando toda la responsabilidad al Congreso que nunca entendió y al que su torpeza política perjudicó.

De hecho, los datos de esa encuesta revelan que casi en cualquier país de Latinoamérica es pequeña la porción de ciudadanía satisfecha con la democracia y sus instituciones, y que los Congresos o Asambleas Legislativas, son entre las instituciones públicas, las que gozan de menos respaldo entre la población. Para el caso de Guatemala, sin esfuerzos coherentes y consistentes, esa pequeña porción de demócratas que apoyan la institucionalidad, puede adelgazar tanto, como para hacer inviable su desarrollo político, económico y social.

Otras reformas inspiradas en los Acuerdos de Paz deberían asegurar la independencia del Poder Judicial, mediante la instauración Constitucional de una Carrera Judicial que sea el mecanismo para la integración de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Se trata de sustituir la elección que ahora realiza el Congreso de la República, sobre la base de Comisiones de Postulación integradas por diversas representaciones del Foro de Abogados, Colegio, Facultades y Universidades, que lamentablemente no han cumplido con la alta responsabilidad que le asignó la Constitución de 1985. La escasa información de la propuesta del Ejecutivo no da aún señales de su orientación en este tema.

Por último, en cuanto a las reformas sobre la función del Ejército, queda en duda cuál podría ser la propuesta gubernamental, tomando en cuenta que lo actuado, en materia de seguridad ciudadana, durante los últimos dos años de rotundos fracasos, descansa en la intervención de las fuerzas armadas en operativos puramente policiales, como los patrullajes, las operaciones combinadas, el resguardo perimetral de las prisiones y el combate al narcotráfico.

Es claro que la prudencia señala que la reforma constitucional requiere que, en la realidad, se constituya la autoridad civil que asegure los espacios de vacío que se producirían. Lo que no ocurrió con la desmovilización de los Comisionados Militares y Zonas Militares. La experiencia demuestra que sin un sustituto democrático, pero efectivo, se incrementaron los índices de criminalidad, y existen partes del territorio como santuarios del crimen organizado, donde las instituciones de seguridad y justicia son una caricatura.

Finalmente, son mínimas las posibilidades de concretar las reformas constitucionales, tomando en cuenta que las mismas deben ser conocidas y aprobadas por el Congreso de la República, donde el Ejecutivo nunca tuvo, y menos ahora, posibilidad de concertar acuerdos de trascendencia, como sería el caso. Pero los fines electorales pueden operarse con relativo éxito, a costa de la institucionalidad, del prestigio de la política y de lo público en general.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Epoca No. 1119 - 120107


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