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¿Existen posibilidades de regulaciones razonables?
Por Otto Zeissig Vásquez - Guatemala, 13 de agosto de 2007

El fin de semana fue el espacio oportuno para que la semana de inicio sin los sobresaltos con que terminó la anterior. La amenaza de desabastecimiento de gasolina de los expendios de todo el país, producto de un paro patronal de empresarios del transporte de carga, que protestaron por la imposición de restricciones al horario de locomoción de sus unidades en la ciudad capital (los pilotos también protestaron pero a sabiendas que el paro era con “goce de salario” lo que lo hace un paro patronal y punto).

Estos son los principales actores y sus papeles en la última convulsión nacional.

La municipalidad capitalina emitió una ordenanza municipal para prohibir la circulación de vehículos de carga durante las horas “pico” del tránsito capitalino. Durante el tiempo de aprobada la medida, la municipalidad fue drástica para sancionar su inobservancia. Otras municipalidades, contiguas a la capital, siguieron su ejemplo.

Los empresarios del transporte pesado, alegan que se incrementaron sus costos de operación y que la restricción de horarios ha generado mayor vulnerabilidad de hechos de delincuencia a sus unidades. Afirman que las autoridades municipales nunca aceptaron dialogar, extremo que, según ellos, justifica el paro de la semana pasada.

Como no desconocen la realidad, no pidieron al Gobierno mayor seguridad en las carreteras, sino pretenden seguir disponiendo, literalmente a sus anchas, de la escasa vialidad que ofrece nuestra infraestructura citadina. Además, demostrando toda su convicción democrática llevaron a cabo su boicot en un momento tan próximo al proceso electoral y estarían dispuestos a repetirlo, si como parece, el Ejecutivo hizo compromisos que no podrá cumplir.

El gobierno central, sobre quien se ejerció cabildeo y presión por el cierre de importantes vías de comunicación y el desabastecimiento de gasolina. Se comprometió a intervenir, por medio de la Dirección General de Transportes, en la autorización de las disposiciones que sobre esa materia emitan los municipios. Así logró poner fin al paro de transporte, pero el acuerdo que debe dictar para intervenir en dicha competencia municipal difícilmente cobrará vida jurídica.

Los capitalinos, casi un millón de ellos que viven y trabajan en la urbe capitalina, de los cuales un 99% es beneficiado con que a las horas pico no transite el trasporte pesado en las congestionadas calles de la capital; un 90% no entendió que la amenaza de dejar de surtir combustibles fue un burdo chantaje al que accedimos todos los que la tarde y noche del viernes alargamos las colas en las estaciones de servicio; un 75% cree que fue una huelga de pilotos.

Otro millón de guatemaltecos, viven en otros municipios, pero durante el día son huéspedes de la metrópoli, allí llevan a cabo sus actividades productivas, en la macrocéfala ciudad de Guatemala que concentra un altísimo porcentaje de la actividad económica del país.

Muy pocos de ellos, demasiado pocos, entienden o se interesan por los roces entre autoridades municipales y gobierno central, lo que explica el lento avance y escaso apoyo ciudadano al proceso de afirmación de la autonomía municipal y descentralización que a este país le urge transitar. En cambio, en el terreno formal, hay avances considerables que seguramente se harán valer en los tribunales. En efecto, en 1998, el Gobierno presidido por el actual alcalde delegó competencias de control de tránsito a los municipios, pero cuatro años más tarde con la aprobación del Código Municipal se contempló entre las “competencias propias del municipio” la “Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales”.

Amén de lo que la ley establece, y ésta claramente asigna la competencia al municipio, la decisión debe corresponder a la autoridad que cuente con el conocimiento y la información para tomarla de la mejor manera. No cabe duda que estas capacidades están instaladas en las autoridades municipales y no en una dirección del Ministerio de Gobernación, que como la Dirección General de Transportes con dificultad cumple con las funciones que la ley le asigna, cuando no es señalada de notoria indolencia, incapacidad o prácticas corruptas.

Queda en tela de duda la posibilidad de que se concrete el compromiso asumido por el Ejecutivo. Lo que es probable es que el municipio insista en mantener los horarios de restricción y sea aún más renuente al diálogo; que los transportistas amenacen o hasta lleguen a nuevas medidas de hecho y que se produzcan acciones legales entre el Gobierno central y la Municipalidad de Guatemala. Contrario a lo que algunos piensan, el alcalde de la capital saldrá beneficiado electoralmente de esta crisis del transporte de carga.

Pero cabe preguntarse si ¿queda la posibilidad de regular razonablemente las actividades empresariales? o si, por el contrario, es imposible aceptar el espacio donde se expresen los intereses divergentes de la sociedad y se resuelva sobre la base del bien común. En el centro de está polémica están los conceptos cada vez más erosionados como el de autoridad; el de orientar la función de gobierno desde la perspectiva del interés público; el de autonomía municipal; la especialización de competencias y uno que es básico como el del imperio de la ley.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Epoca No. 1264


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