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Desempolvando la otra cara de la historia
Por Paola Hurtado- Guatemala, 29 de enero de 2006

Son 45 personas quienes se dedican día a día a la tarea de recuperar los archivos de la Policía Nacional. Cada día se topan con historias viejas pero hasta ahora desconocidas.

La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos entregará, a finales de 2007, el primer informe de hallazgos en el Archivo de la Policía Nacional.

Aunque son cientos las personas que se le han acercado para pedir información del paradero de sus familiares (se estima que fueron 50 mil los desaparecidos durante la guerra), por el momento el archivo no está abierto al público. Tampoco lo estará cuando finalice la investigación.

“Por ser un archivo que invade fácilmente la intimidad de las personas, no será de consulta libre”, señala Gustavo Meoño, director del proyecto. La Oficina del PDH elabora una propuesta para que el archivo se rija bajo las normas “de acceso a documentos sensibles de la represión de los regímenes autoritarios” establecidas en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas.

Quién iba a pensar que en esa guarida de ratas y murciélagos, cercada por un muro de chatarra apilada, se encontraba refundido casi un siglo de la historia de Guatemala. Lo que menos tenía era la apariencia de un archivo. El lúgubre edificio, repleto de recovecos sin ventanas y pasillos de techos altos que conducían a otros rincones húmedos, se asemejaba más a la locación de una película de horror que al lugar en donde se resguardaba la documentación de la extinta Policía Nacional (PN). Un inventario que durante años se pensó que había sido destruido.

En la búsqueda de un polvorín que, según denuncias de los vecinos de la zona 6, se encontraba en el interior del complejo de la Policía Nacional Civil (PNC), un delegado de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) se encontró no sólo con uno de los descubrimientos más relevantes de su carrera, sino del acervo histórico del país.

“Fue el martes 5 de julio”, hace cuentas Edilberto Cifuentes, el historiador de la oficina del PDH y jefe de la Unidad Científica de Investigaciones. Él debía verificar que el polvorín hubiera sido trasladado y medir los riesgos a los que estuvieron expuestos los vecinos.

Los explosivos ya no estaban, constató, pero en cambio se encontró con que allí también funcionaba el archivo de la PN.

Cifuentes exploró el edificio completo. Entre goteras, roedores y zancudos se fue topando con miles de legajos amontonados en el piso que contenían información desde 1902 hasta 1997, cuando fue disuelta esa institución.

El descubrimiento cobró más relevancia cuando el PDH, Sergio Morales, recibió el informe y consideró que el archivo contenía material importante para realizar investigaciones de derechos humanos.

Con autorización de un juez, Morales revisó minuciosamente el lugar. La sorpresa fue mayor: cientos de folios albergaban información sobre desaparecidos y colaboradores oficiales durante la época de la represión.

Morales aún desconocía que el gigantesco archivo de más de 80 millones de documentos se convertiría en el inventario más vasto de América Latina y uno de los más extensos del mundo, comparable en número con el Archivo General de Indias, el cual contiene cerca de 100 millones de documentos de la América española desde el descubrimiento hasta la independencia.

Identidad: anverso y reverso

Han pasado seis meses del hallazgo, y el trabajo apenas comienza. El desvencijado edificio que, pese a las lavadas y fumigadas conservó un olor a húmedo, es ahora la sede del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico.

Cubiertos con mascarillas, redecillas para el cabello y guantes, los 45 colaboradores del proyecto –en su mayoría jóvenes propuestos por las organizaciones de derechos humanos– están divididos en grupos. El equipo más grande tiene 14 integrantes y está a cargo del ordenamiento y clasificación de más de 250 mil fichas de identificación de ciudadanos que fueron ubicadas en un montículo de papel atacado por hongos, en la parte trasera del edificio.

Las fichas fueron utilizadas por la PN durante décadas para llevar registro de los datos generales, fotografía y huellas dactilares de quienes tramitaban cédula de vecindad y licencia de conducir, además de los detenidos por delitos comunes, delitos políticos y los fichados post mórtem.

Las más reveladoras son las que se obtenían en el Departamento de Tránsito. Se han encontrado miles de cartoncillos en cuyo reverso se leen anotaciones sobre lo que, a criterio de la PN, era la actividad oculta del fichado, como “comunista” o “subversivo”.

Entre las tarjetas que consignaron delitos políticos se localizaron también las de diversos líderes sindicales que desaparecieron durante el conflicto armado.

Además de las fichas, de las cuales ya fueron ordenadas 111 mil, el archivo está comprendido por millones de providencias, informes, parte de novedades, radiogramas y telegramas que emitían los diferentes cuerpos de la PN. También consta de denuncias por secuestros, robos, riñas y escándalos, además de datos sobre desaparecidos, capturados y detenidos.

Se han encontrado, incluso, informes sobre sacrificio de reses en los mataderos, realización de misas y horarios de lucha libre y de partidos de fútbol, los cuales demuestran que la PN ejercía control y represión, lo abarcaba todo, acota Gustavo Meoño, director del proyecto de recuperación de este archivo.

“Muy confidencial”

Luego del hallazgo en la zona 6, la oficina del PDH recuperó los archivos de la PN que se encontraban en estaciones y comisarías de la PNC de 30 municipios.

Lo encontrado hasta el momento, y que esperan digitalizar, ha revelado información que se había mantenido como “confidencial”. Es el caso del expediente completo de Mario López Larrave (abogado defensor de trabajadores), por ejemplo, en el cual se indica el número de “comunista” que era (según los listados) y se enumera a las personas que fueron a su entierro y los temas de los que hablaron.

Se han encontrado también cientos de informes de los llamados “orejas” que detallaban los movimientos de los señalados de ser comunistas. Uno de los expertos que estudian estos documentos cree que la captura y conducción de algunos miembros sindicales, líderes políticos y estudiantes universitarios pueden encontrarse también dentro de este archivo, pero éste es un extremo que aún se desconoce.

Meoño dice que, aunque los documentos no son útiles en un proceso penal, la información es valiosa para documentar el autoritarismo y los sistemas de control que ejerció la PN sobre la ciudadanía durante décadas. “En un país como éste, que se caracteriza por la inestabilidad de sus instituciones, vemos que la Policía Nacional se mantuvo relativamente estable en su estructura, a pesar de los cambios de gobierno, y se convierte en un hilo conductor para unir la historia”.

La memoria histórica se ha reconstruido de forma muy limitada, a través de los relatos de las víctimas, sobrevivientes y familiares, subraya. “Pero ahora se tiene la oportunidad de reconstruirla desde el punto de vista de las autoridades e instituciones que ejercieron los mecanismos de control y represión; desde el lugar de los victimarios”, dice Meoño.

El archivo

El archivo general de la PN tuvo varias posadas hasta que llegó en los años 90 al edificio de la zona 6. La estructura, que consta de un nivel y medio, pretendió ser el hospital de la PN durante el gobierno de Romeo Lucas, pero tras el golpe de Estado de 1982, la obra quedó inconclusa, al descubrirse desfalcos.

Luego, se instaló en el lugar el Sexto Cuerpo de la PN una delegación en donde estuvieron detenidos decenas de activistas políticos.

Considerar que el simulacro de hospital fue un centro de torturas no resulta descabellado. Pequeñísimas habitaciones sin ventanas, más parecidas a una bartolina, abundan sin razón aparente. Pero, pese a lo patético que puede resultar, el lugar ha alimentado esperanzas de aquellos que llevan décadas tras el paradero de sus desaparecidos. La diputada Nineth Montenegro fue una de las que se apersonó días después de haberse conocido la existencia del archivo, para buscar, sin éxito, información sobre Edgar Fernando García, su esposo, a quien agentes del Quinto Cuerpo de la PN detuvieron en 1984.

Años atrás, estuvo también en el lugar, sin saber exactamente qué era, Adriana Portillo-Bartow, una guatemalteca que ahora reside en Estados Unidos y que en 1981 vio desaparecer en manos del Ejército a seis miembros de su familia, incluidas sus dos hijas.

En uno de sus viajes a Guatemala, Portillo-Bartow llegó a esa bodega, según relató al diario La Raza. “No sabía qué hacer. Había fotografías de cadáveres por todos lados y me fui porque me sentí muy mal. Pero recuerdo que las mujeres policías que estaban cuidando los documentos me dijeron: ‘No se dé por vencida, porque la información que busca está allí’”.

Durante la elaboración de su informe, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) solicitó en repetidas ocasiones al gobierno del presidente Álvaro Arzú que se le permitiera el acceso al archivo. El gobierno reiteró que dicha documentación no existía porque había sido destruida durante la guerra. Muy pocos sabían entonces sobre la existencia de un refundido archivo como éste, que además de las nueve policías que lo cuidaban y administraban con recursos paupérrimos, tan solo estaba resguardado por chatarra, ratones y murciélagos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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