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Gobierno atenta contra la libre locomoción
Por Paula Irene del Cid Vargas - Guatemala, 11 de mayo de 2007

¿Qué pensará hacer la ministra de Gobernación para proteger a la ciudadanía de la flagrante violación a nuestro derecho humano de libre locomoción, que en este caso sí es un problema de seguridad?

La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, al sumarse a la política de criminalización de las luchas sociales, dijo que la toma de calles por los maestros era un problema de seguridad. Creo que si no hay mala intención, por lo menos hay una terrible confusión, ya que los maestros no están extorsionando o asesinando gente; están ejerciendo la libertad de expresión y petición (mejoras laborales y salariales).

Sigamos la lógica de la ministra y la aplicamos al caso de la Policía Nacional Civil que dejó de patrullar y resguardar barrios y colonias. Sus intervenciones tardías o corruptas hicieron que la ciudadanía dejara de llamarles. Muchos temblamos sólo de verles. Simultáneamente aparecieron empresas ofreciendo servicios de seguridad, pidiendo como requisito el cierre de calles. Vecinos miedosos, en lugar de exigirle al gobierno que cumpla con su deber constitucional de ofrecer seguridad, se dispusieron a pagarle a las empresas por la “seguridad”. En un acto propio de organizaciones fascistas y mafiosas, donde la película de El Padrino se queda atrás, presionan a otros vecinos para que paguen su contribución, a riesgo, “de que los guardias no puedan hacer nada si los ladrones se meten en sus casas”. Todos confabulados: el gobierno deja de ofrecer seguridad, las empresas se enriquecen, las municipalidades aceptan el cierre de calles públicas y todos los demás encarcelados en sus propias casas.

Segundo ejemplo. El transporte. Subirse a un bus urbano o extra-urbano significa exponerse a insultos, caídas, acoso, mal olor, hacinamiento, asaltos y muerte. A quien le toque viajar por tierra a Occidente o al Atlántico, se podrá encontrar con bloqueos que pueden durar hasta cuatro horas por la interminable “reparacióncorrupción” de carreteras. Estar en carretera a las 11 ó 12 de la noche, sin agua ni comida, atrapada en medio de una fila de carros que alcanza varios kilómetros, eso sí que da sensación de inseguridad. El traslado de un lugar a otro por trabajo, estudio o descanso se ha convertido en un verdadero martirio.

Moverse en este país es un dolor cotidiano y los principales responsables de esta pesadilla han sido los gobiernos y los empresarios del ramo. ¿Qué pensará hacer la ministra de Gobernación para proteger a la ciudadanía de la flagrante violación a nuestro derecho humano de libre locomoción, que en este caso sí es un problema de seguridad?

Fuente: El Informador Rural - Boletín Semanal de la Plataforma Agraria - Año 6. No.15 Semana del 1 al 7 de mayo de 2007


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