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La mafia y crímen organizado, son parte del sistema
Por Pablo Monsanto - Guatemala, 20 de agosto de 2010

¿Sabrá Giammatei qué es el hambre?

Decenas de miles de guatemaltecos sufren hambre por falta de trabajo o tierra para cultivar, y cientos de miles de niños están desnutridos y se mueren porque no tienen que comer. Esos guatemaltecos sí aguantan hambre porque el sistema los somete a sobrevivir en la total pobreza. Y, es, a este sistema al servicio principalmente del gran capital financiero nacional y extranjero, al que ha servido el señor Giammattei.

Huyó y se escondió primero y, ahora, el ex candidato presidencial de la GANA hace el ridículo declarando una huelga de hambre para tratar de llamar la atención e intentar escapar de la justicia.

La CICIG ha puesto en evidencia, no sólo el involucramiento que tuvo Giammattei en prácticas violatorias a la ley y a los derechos humanos sino también ha puesto al descubierto sus vínculos con las acciones del crimen organizado y la mafia, a la cual también vinculan a Carlos Vielman, ex ministro de Gobernación, y Erwin Sperinssen, ex director de la Policía Nacional Civil.

Cuando fueron asesinados los diputados salvadoreños el 21 de febrero del 2007, se evidenció la existencia de una estructura dentro del Ministerio de Gobernación, que realizaba actividades de asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros y extorsiones.

En una interpelación al ex Ministro de Gobernación realizada en el Congreso de la República, se expuso una serie de ejemplos de hechos que tenían las mismas características de lo ocurrido a los tres diputados salvadoreños: captura por parte de miembros de la PNC, ejecución, robo de dólares y droga, rociado de gasolina y quema de los cadáveres y vehículos. El ex ministro de Gobernación negó tener conocimiento de cómo y quiénes realizaban dichas acciones.

También se evidenció cómo operan las mafias desde los centros de detención y la relación que éstas han tenido con las más altas autoridades de Guatemala. En esa oportunidad se dijo que las mafias les pagaban una cuota a todos los funcionarios, empezando por el Ministro, el jefe de la policía, y los encargados del sistema penitenciario.

Quedó en el ambiente que había una conexión entre las “maras” y las autoridades a quienes les pagaban una cuota mensual de lo obtenido en sus actividades delictivas. El Ministerio Público encabezado por Juan Luis Florido recibía todas las denuncias y nunca hizo una investigación seria de los hechos, mucho menos, practicó alguna medida o plan para hacerle frente a todo lo que ocurría. Seguramente porque antes de ser el Fiscal General y jefe del Ministerio Publico era diputado al congreso de la República del partido gobernante (GANA) y amigo del presidente Oscar Berger, una grave incompatibilidad que luego se evidenciaría con su total encubrimiento y servilismo al poder ejecutivo y económico, algo que no fue cuestionado por la famosa sociedad civil, diputados y medios de comunicación escrito que ahora exigen total transparencia e imparcialidad de las instituciones y poderes del Estado.

Por el contario, después de que se produjeron los hechos, las personas que se supone están relacionadas con los acontecimientos han sido asesinadas una tras otra, hasta borrar toda prueba o pista que relacione a los responsables y a las más altas autoridades de los poderes del Estado involucradas, durante el gobierno anterior.

También se relacionan con los hechos a empresarios poderosos integrantes de la cúpula oligárquica, a quienes se les ha señalado como dirigentes y beneficiarios de las actividades de la mafia en nuestro país, y quienes hacen uso del sicariato -pues son los que pueden pagarlo- para reprimir al movimiento social y popular, al que le asesinan de manera seleccionada a sus más combativos dirigentes con el objeto de mantenerlo por la vía del terror y la intimidación, neutralizado en la lucha por sus reivindicaciones.

O sea pues, todo indica que es parte del sistema que se ha desarrollado y mantenido sobre la base de las ideas neoliberales: que se trate de debilitar al máximo al Estado, para imposibilitarlo de actuar contra la mafia financiera internacional ligada a la mafia oligárquica nacional, que son quienes lavan dinero proveniente de actividades ilícitas a través de los bancos del sistema. Ellos son los grandes evasores del pago de impuestos y quienes más se oponen a la reforma fiscal para no permitir un gasto social que dote al país de hospitales modernos que salven vidas humanas, y de escuelas para que toda la población tenga acceso a la educación. Son quienes no permiten el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, para que éstas no sean capaces de combatir la corrupción y la delincuencia; son los que se oponen a la inversión con el fin de evitar que se sienten las bases del desarrollo económico y social, y que se abran fuentes de trabajo para combatir el desempleo y la miseria.

Resulta , lamentable y hasta ridículo, que algunos medios de comunicación, columnistas e instituciones que siempre han pregonado por el fortalecimiento del Estado de derecho, el absoluto respeto a las leyes, y que todos sin excepción debemos someternos a la majestuosidad de la ley, ya que nadie es superior a la misma, ahora, que representantes de un gobierno del que fueron o se sintieron parte, son investigados y/o encarcelados, defiendan oficiosamente a los implicados manipulando los hechos y no confíen en la imparcialidad de una Corte Suprema de Justicia que resulto electa de un proceso de elección que ellos impulsaron y vigilaron, además, que ahora cuestionen la calidad del trabajo investigativo de la CICIG cuando hace algún tiempo le dieron su total confianza y respaldo, todo esto, porque creyeron que la CICIG se convertiría en el instrumento ideal para llevar ante la justicia exclusivamente a sus adversarios políticos.

Hasta ahí ha caído la derecha política oligárquica: encubre y propicia todas esas actividades, en tanto la mafia financiera se apropia de los recursos estratégicos del país que podrían ser la base del desarrollo económico y social de Guatemala.

Fuente: Alternativa Nueva Nacion, ANN


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