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Deuda Agraria y Trabajo Campesino
Por Pablo Sigüenza Ramírez - Guatemala, 20 de septiembre de 2007

El censo agropecuario nacional de 2003 da cuenta, en números, del grado de concentración de la tierra en el país. Con un coeficiente de Gini de 0.84 (el 1 significa total inequidad), somos el país de América Latina con mayor desigualdad en la estructura de tenencia de la tierra. Un 92.06% de productores utiliza tan sólo el 20% de la superficie productiva, mientras que un 7.94% de productores acapara casi el 80% de la tierra.

Esta situación está en la raíz de la situación de pobreza y pobreza extrema de gran parte de la población guatemalteca. La apuesta por tomar el poder del Estado y transformar esta realidad fue el principal motivo por el que importantes contingentes de la población formaron parte directa o indirectamente de los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo pasado.

Los acuerdos de paz, al ser una negociación entre partes con disímil correlación de fuerzas, en materia agraria lanzaron la creación del Fondo de Tierras, FONTIERRAS, como mecanismo para mediar el acceso a la tierra de la población sin tierra o con poca tierra. El acceso a la tierra vía su compra fue el principal mecanismo que impulsó el FONTIERRAS. El Fondo de Tierras en 10 años de funcionamiento ha entregado poco menos de 4 caballerías de tierra a grupos y personas que han ingresado expediente de solicitud, es decir menos del 5% de la tierra cultivable, que según el Censo 2003 es de poco más de 83 mil caballerías a nivel nacional.

Pareciera ser que los beneficiados con esta forma de acceso a la tierra vía el mercado, han sido grandes propietarios terratenientes que encontraron en el funcionamiento del FONTIERRAS un excelente y oportuno mecanismo para deshacerse de propiedades, muchas veces improductivas por sus condiciones agrológicas o en crisis por la caída mundial de los precios del café. Los precios de las fincas ofrecidas al mercado por estos terratenientes fueron por lo general desproporcionados con el valor real de las mismas, a pesar de ello la necesidad de tierra por los grupos campesinos es tal que los precios después de las negociaciones fueron aun excesivos. La ley de oferta y demanda funcionó de maravilla para los propietarios, mayor demanda (1 mil 137 expedientes de solicitudes) con poca oferta definió precios altos. Pero además, en la determinación del precio de compra-venta muchas veces influyó la poca ética profesional con que los técnicos valuadores hicieron su trabajo.

Varios factores han generado para los grupos que han accesado a la tierra, una deuda impagable: fincas con poco potencial productivo, el precio excesivo al cual fueron compradas, capital de trabajo que no llegó oportunamente, en general asistencia técnica poco pertinente a las condiciones culturales de los grupos (deficiente), mercados inexistentes o desfavorables, malas condiciones de habitabilidad en las fincas. Un estudio de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas hecho en 2006, plantea que de una muestra extraída de las 214 fincas entregadas por el Fondo, un 72% se encuentra sin puestos de salud cercanos; un 61% sin escuelas; un 67% sin vivienda digna mínima; un 68% sin agua domiciliar; un 71% sin energía eléctrica. ¿Quién puede, ya no digamos producir, sino vivir dignamente en esas condiciones?

En síntesis: los procesos productivos que se impulsan en las fincas, no están generando las condiciones financieras suficientes para que los grupos de beneficiarios paguen sus créditos ni para que las familias mejoren sus condiciones de vida. Hoy esos grupos de beneficiarios son igual o más pobres que al recibir la tierra.

Los períodos de gracia sin intereses para el pago de la deuda están venciendo. Los bancos están presionando a los grupos campesinos. El mercado de tierras del FONTIERRAS está generando nuevas formas de conflicto a la ya bastante complicada realidad agraria del país. Conversando con algunos dirigentes comunitarios sobre esta situación, comentan que ellos saben del compromiso que tienen y no están planteando el no pago de lo adeudado. Ellos saben que con su trabajo pueden pagar los compromisos contraídos, pero están exigiendo que lo pactado se revise: los precios a pagar deben ser justos, los procesos de producción deben tener el acompañamiento efectivo necesario y garantía de mercado, los plazos de pago deben ser ampliados. Hay un grupo de fincas que por su calamitosa condición, plantea incluso la necesidad de permutarse por otras y permitir a los grupos mejores condiciones de vida y de producción.

El acompañamiento y generación de capacidades en los asuntos administrativos es fundamental si tomamos en cuenta que la forma de ver el mundo de muchos de los grupos esta guiada por su relación con el trabajo en la finca como jornaleros o peor aún como mozos colonos y se enfrentan a una realidad que les exige ser administradores de su propiedad y de su organización.

Las organizaciones campesinas están planteando al Fondo la revisión caso por caso de las condiciones en que fueron negociadas las fincas. Es necesario realizar una nueva valuación, y mejorar todo el proceso de acompañamiento productivo a fin de que los campesinos y campesinas en situación de deuda salgan de ella, pero principalmente mejoren sus condiciones de vida y tengan la posibilidad de un porvenir diferente.

Mientras se generan los procesos que permitan la necesaria Reforma Agraria Integral, el reto es detener la política gubernamental de debilitar la institucionalidad del Fondo de Tierras. Hay que inyectarle presupuesto y mejorar los procedimientos. El Estado debe asumir su responsabilidad respecto a la situación agraria nacional. Los datos del censo agropecuario 2003 deben servir más que para llenar papeles, los números nos dicen que con esta concentración de la tierra, Guatemala como país es inviable.

Fuente: www.i-dem.org – Nueva Época - Número 1291


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