Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 2 - 2005

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Ley de minería, propiedad privada y la iglesia
Por Roberto Arias - Guatemala, 16 de abril de 2005

Desde los años noventa, las compañías mineras multinacionales han realizado contratos con las altas esferas gubernamentales de diferentes países en Latinoamérica, con la finalidad de explotar el oro y otros metales preciosos en la región.

Desde la Glamis Gold que opera en México, Honduras y quiere operar en Guatemala, hasta la Vannessa Ventures Ltd., pasando por Metallica Resources Inc., Newmont Mining Corp. y Silver Crest Mines Inc., quienes operan desde México hasta La Argentina, según un informe de ESRI, AP, publicado por el diario elPeriódico 080405, están operando en la zona latinoamericana desde los años noventa.

¿Qué es lo que disparó esta galopante fiebre por sacar el oro que no se llevaron, en su momento, de nuestro continente americano los conquistadores?

Las compañías mineras de primer mundo seguramente observaron, estudiaron y conocieron de fondo los sistemas legales y políticos de las naciones latinoamericanas, por lo que buscaron potenciales presidenciables en venta, para involucrarlos en los negocios, con el fin empresarial de bajar sus costos a niveles infinitesimales. Únicamente depredarán la Tierra porque en ningún país en donde ha operado minería extranjera ha tenido signos de enriquecimiento o de progreso.

En Guatemala, ¿La ley protege o entrega el oro? Un decreto promulgado durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen abrió las puertas para la explotación minera. Expone sobre lo que obtendrán las compañías: únicamente de la mina Marlin I, la compañía obtendría alrededor de US$1,183 millones, lo cual es equivalente a un tercio de la deuda externa de Guatemala. Guatemala recibiría el 1% de esa cantidad (unos once o doce millones de dólares, 0.5% para el gobierno y el .5% para la municipalidad).

Obviamente, la emisión de ese decreto por el gobierno de Arzú no fue gratuito. La bola fue puesta muy bien combinada al centro, especialmente para que cuando llegara un gobierno equivalente, únicamente estirara el botín para meter el gol. El cínico interés de Berger por que se realice la explotación minera, en contra del deseo de la población, es altamente aleccionador y verifica contundentemente el análisis anterior.

Un elemento que debe denunciarse es que la Ley de Minería viola la garantía del derecho a la propiedad privada:

En su artículo 6 excluye materialmente en todas las definiciones al titular del derecho de propiedad del inmueble bajo explotación. En su artículo 17 establece que la licencia de explotación es un derecho real, susceptible de inscripción en el registro de propiedad. El artículo 31 regula el canon y las regalías que correspondan. Excluye a los propietarios de los terrenos explotados, quienes no obtendrían beneficio alguno, no obstante que su propiedad estaría siendo utilizada por los años de explotación minera contra su voluntad.

Los artículos 76 y 78 son literalmente inconstitucionales porque: El artículo 76 implica la constitución de las servidumbres; contra lo que dice la Constitución en su artículo 4, Libertad e igualdad... "Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad".

El artículo 78 impone la servidumbre y la resolución judicial no admite el recurso de apelación; contra el derecho de defensa que establece el artículo 12 de la Constitución. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. El artículo 78 de la Ley de Minería no respeta lo que manda la Constitución. Restringe el derecho a la propiedad privada.

A raíz de una reunión que sostuve con el Arzobispo de Guatemala, monseñor Quezada Toruño, él me entregó en mano copia de una carta --en inglés-- del Presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, monseñor William S. Skylstad, Arzobispo de Spokane, fechada el 7 de febrero 2005, en la que demuestra su preocupación por las amenazas de muerte al obispo Álvaro Ramazzini. Traduzco libremente partes conducentes de la carta: "El Obispo Ramazzini se ha solidarizado con los campesinos del país, incluyendo a esos a quienes se han puesto en peligro sus derechos básicos y la forma de ganarse el sustento por acciones de compañías mineras que no toman en cuenta en su totalidad los costos humanos y ambientales de sus acciones". Finaliza: "Aseguramos nuestras oraciones y solidaridad con usted y con la Iglesia entera de Guatemala."

Las palabras del arzobispo Skylstad son simplemente un reflejo de la preocupación que el Sumo Pontífice, Juan Pablo II, sostuvo por la dignidad de la humanidad y por la conservación de la Tierra y del Medio Ambiente. El "No a la minería peligrosa" fue respaldado por el Papa.

Fuente: Diario La Hora - www.lahora.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.