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Guatemala o la nación imposible: la impunidad de los criminales de guerra
Por Rogelio Cedeño Castro - Guatemala, 15 de junio de 2013

Resulta muy difícil, por no decir imposible, pensar siquiera por un momento que la Guatemala ladina o mestiza, encarnada en los múltiples poderes fácticos del estado-nación guatemalteco, se arrepienta de los atroces crímenes cometidos en contra de la población maya o mayense, mayoritaria en ese país, a lo largo de la prolongada guerra civil centroamericana, dentro de su capítulo guatemalteco, por cierto el de más larga duración (1960-1996) y decida, por fin, pedirle perdón para sentar las bases de otro tipo de convivencia con sus integrantes, una población en su mayoría rural y dedicada a las labores agrícolas o artesanales. Muy, por el contrario, la indignación y los atisbos de movilización violenta de los personeros de algunas organizaciones empresariales guatemaltecas (especialmente la CACIF, entre otras) expresados, de múltiples maneras, hace apenas unas semanas, como una reacción ante la condena de 80 años de prisión para el general Efraín Ríos Montt por el asesinato de 1771 personas de la étnica maya ixil durante su gestión gubernamental (1982-1983), no sólo vino a expresar los sentimientos de buena parte de la población ladina, situada en algunos tramos más altos de la escala social, sino también la de otros sectores de esa población mestiza que miran con recelo la abrumadora y creciente presencia política y cultural de las 22 etnias mayenses (ixiles, cakchiqueles, quichés entre otras) que buscan la transformación de un estado nacional que se conformó, desde la segunda mitad del siglo XIX, a espaldas y a pesar de los intereses de la gran mayoría de la población del país, la que sin embargo ha sido vista desde los tiempos de la Reforma Liberal, de 1871, como el reservorio de mano de obra barata para los terratenientes mestizos, dueños de las mayores extensiones de tierra del país. La exacerbación de la lucha de clases, durante la segunda mitad del siglo XX, que se tradujo en un largo conflicto armado, llevó a las elites del poder a grados insospechables de violencia que terminaron por contradecir esta visión del mundo rural guatemalteco, pasando al exterminio de miles de campesinos mayas, bajo el pretexto de que estaban colaborando con la insurgencia guerrillera. Para estos grupos en Guatemala no hubo genocidio alguno en contra de la población mayense ¿Será acaso por el motivo de que no los consideran seres humanos y menos aun integrantes de la nación guatemalteca?

Por otra parte, sucede que muchos integrantes del sector empresarial y buena parte de la sociedad civil mestiza no logran todavía asimilar el proceso de cambios acelerados que ha venido experimentando la propia sociedad guatemalteca, a partir de la firma de los acuerdos de paz, cuya vigencia arrancó en el mes de diciembre de 1996. Para estos sectores civiles y militares, se trata de que ellos simplemente ganaron el conflicto armado, y por lo tanto, no estarían obligados a aceptar lo establecido en los documentos (de obligado cumplimiento entre las partes) que condujeron al proceso de paz, especialmente en lo que refiere a los derechos civiles y socioeconómicos de los pueblos originarios que, en este caso particular, representan a la mayoría de la población del país.

La condena al general Efraín Ríos Montt, dictada el viernes 10 de mayo anterior, por la comisión de crímenes de guerra y genocidio contra la población de la etnia maya Ixil fue saludada, en principio con grandes esperanzas, por amplios sectores de la comunidad internacional que vieron en ella el inicio de un proceso que ponga fin a la impunidad, con la que hasta la fecha han sido tratados los crímenes de guerra, por parte de las elites del poder en Guatemala y otros países del istmo, en especial las fuerzas armadas y los grupos paramilitares responsables de alrededor de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados de las áreas donde el conflicto armado se tornó más cruento y desigual, durante ciertos períodos. La reversión de esta condena, dictada por un grupo de valientes jueces, por parte del tribunal constitucional revela lo lejos que esta todavía la sociedad guatemalteca de poder encaminarse por caminos de justicia y de paz, a partir de los cuales podamos cimentar la esperanza de que lo establecido en los acuerdos que pusieron fin al largo conflicto armado en la región, no fueron simplemente una tregua y que por fin se estarían sentando las bases para una paz positiva en el istmo centroamericano, una región en donde la dominación oligárquica todavía permanece intacta y en donde el respeto a los derechos humanos cuenta muy poco, sobre todo por las noticias que nos llegan todos días de Honduras y otros países del istmo que pretenden emular a Guatemala en su irrespeto a los derechos más elementales del ser humano.

Fuemte: revista-amauta.org


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