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Derechos Humanos, una deuda pendiente
Por Ruth del Valle - Guatemala, 12 de diciembre de 2007

Intervención de Ruth del Valle, en el acto de entrega del Plan Nacional de Derechos Humanos.

Cuando desde COPREDEH, Frank La Rue nos invitó a trabajar juntos en la discusión de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, muchas dudas surgieron entre nosotros, especialmente porque, a pesar de ser Frank y buena parte del equipo de COPREDEH, fundadores del MNDH, ahora estábamos hablando con el funcionario de Estado, a quien muchos señalaban que ahora estaba del otro lado.

Sin embargo, la persistencia de gente como Beatriz Estrada, para que trabajáramos las propuestas, fue minando nuestra resistencia y nos llevó a apoyar la convocatoria a otras organizaciones de derechos humanos para participar de este diálogo. Hubo muchos activistas que no quisieron participar expresamente, otros nunca respondieron al llamado... sin embargo, ésta es una propuesta que fue validada en varias regiones del país y entre varios sectores de derechos humanos, así que la entregamos con la certeza de que no es nada más una fumada de escritorio. Y, como sucede en todas partes, nunca están todos los que son ni son todos los que están.

La idea era no permitir que éste fuera un diálogo más como se presentaban los diálogos con el gobierno... como nos había tocado cuando la mesa de diálogo estaba negociando los temas del tratado de libre comercio, mientras el Ministro de Gobernación ordenaba reprimir las manifestaciones opositoras; o como las negociaciones para que no se realizaran desalojos violentos en el campo, mientras los campesinos eran incluso asesinados, sin que, a la fecha, tengamos respuestas ni castigo para los responsables.

El tema de derechos humanos no ha sido promovido por ningún gobierno, salvo los gobiernos de la Revolución del 44. Los defensores de derechos humanos hemos sido incluso atacados por los funcionarios, quienes nos acusan de ser desestabilizadores y, por poco, terroristas. Se nos abren procesos judiciales por defender los derechos humanos. Los marginados ideológicos de la guerra fría eran los comunistas, los de la actualidad somos los defensores de derechos humanos. Y, aunque no nos extrañe esta actitud de los funcionarios, no estamos dispuestos a permitir que la paz y la democracia en nuestro país sean de adorno. Mucha gente dio su vida para que tuviéramos una Guatemala diferente, muchos de nuestros familiares, hermanos y amigos quedaron en el camino. Y nuestro deber es continuar sembrando, pero también cosechando. Es tiempo de que se reconozca que los defensores y defensoras de derechos humanos somos constructores de paz y democracia, y que la democracia en un país se mide de acuerdo a cuánto se respeta a los defensores de derechos humanos y cuánto se le garantiza su trabajo.

Si hacemos un balance de la situación, el gobierno que termina el próximo 14 de enero tampoco se destacó por la promoción y respeto a los derechos humanos, a pesar de que reconocemos que el Estado asumió su responsabilidad en relación con los casos del pasado y creó una unidad especial en COPREDEH para la protección a defensores de derechos humanos y sujetos procesales. Sin embargo, una asignatura pendiente es la justicia, ni para casos del pasado ni del presente.

Sin embargo, hay un saldo negativo, especialmente si vemos la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, como las cometidas contra los jóvenes supuestamente miembros de maras o estigmatizados por el uso de tatuajes o formas especiales de vestir, o las más de tres mil mujeres asesinadas, o incluso el caso de los detenidos en Pavón.

Tenemos un saldo negativo si nuestros ojos se posan en el campo, donde la mayoría de la población continúa viviendo en condiciones miserables, mientras los terratenientes y empresarios siguen engordando sus bolsillos; donde los campesinos son vilipendiados en sus derechos y expulsados incluso de sus propias tierras, mientras los usurpadores son aquellos que tienen mucho dinero; donde la población se opone rotundamente a la entrega de nuestro patrimonio de recursos naturales y exige el cumplimiento de convenios internacionales como el Convenio 169, mientras las autoridades se hacen de la vista gorda frente a los resultados de las Consultas Comunitarias y Populares y reprimiendo a la población; donde las víctimas del conflicto armado interno siguen buscando a sus familiares, exhumando cementerios clandestinos, tratando de reencontrar a los patojos que fueron robados de sus comunidades en aquellos años, mientras los responsables de dicha guerra terrorista contra el pueblo continúan campantes e incluso ocupando cargos de elección popular; donde las víctimas siguen demandando el derecho al resarcimiento integral, mientras las autoridades se regodean en la entrega de cheques que lo único que generan es una nueva victimización cuyos daños, además, deberán ser atendidos por las nuevas autoridades del PNR.

Y no me extiendo más señalando las graves ausencias del Estado en la población, porque no terminamos el día de hoy.

Una de las ideas que nos movieron a sentarnos a hablar de este Plan de Acción, fue la necesidad de que los funcionarios de Estado tengan conciencia de que los derechos humanos deben ser respetados por todos, pero primordialmente garantizados por el Estado y, para ello, el gobierno tiene una importancia fundamental.

Por ello, las organizaciones de derechos humanos retomamos como base nuestra propuesta trabajada en conjunto con la Procuraduría de Derechos Humanos, en un proceso similar, donde construimos una Agenda Nacional de Derechos Humanos.

El Plan establece una serie de líneas estratégicas que son generales, iniciales, puntos de partida para el desarrollo de una verdadera política de promoción y protección de los derechos humanos que, en su momento, deberá derivar también en un programa de protección y garantía del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. No deben ser el techo, sino el piso para la promoción y protección de los derechos humanos, deben ser la base para que los funcionarios actúen en consecuencia.

¿Quién va a impulsar este Plan de Acción? ¿Va a asumirse como un compromiso del Estado? ¿o vamos a repetir la misma dinámica de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuyo informe el ex presidente Arzú se negó a recibir de manos del Dr. Christian Tomuschat? ¿O como los Acuerdos de Paz que continúan siendo casi letra muerta y con grandes vacíos y acusencias?

Hoy el gobierno central entrega este Plan de Acción a las cabezas de los otros poderes del Estado e, incluso, a organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lamentamos que el gobierno de Guatemala no asuma su entrega a la institución encargada de velar por la vigencia de los derechos humanos y encargada de "contarle las costillas" a los funcionarios que no los respetan, es decir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque ella debe ser la depositaria de estas buenas intenciones, de estos compromisos que aquí se asumen, porque ante ella y ante la sociedad civil habrá que entregar cuentas de lo que se haga o deje de hacer.

Por lo tanto, nosotros como organizaciones de derechos humanos, asumimos su entrega ante la PDH y le pedimos el acompañamiento y el monitoreo para que éste se cumpla.

Seguimos teniendo deudas históricas con los derechos humanos. El próximo paso que hay que dar es, por lo menos, concretar la publicación de un acuerdo gubernativo antes de que este gobierno termine.

Esperamos que el Ingeniero Álvaro Colom y el Dr. Rafael Espada se comprometan con esta propuesta, la estudien, la mejoren, permitan que se haga nuevos aportes y enriquecimiento, pero que, sobre todo, sea una propuesta asumida como compromiso de Estado para todos los funcionarios. Y que este producto que entregamos el día de hoy nos permita abonar el camino del diálogo y el trabajo conjunto por construir una verdadera paz y democracia en nuestro país, que tanta falta nos hacen.

Fuente: Asociacion FAMDEGUA


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