Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 1 - 2004

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Renuncia de derechos
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 3 de septiembre de 2004

A reserva de que una investigación exponga los dramáticos alcances de lo ocurrido en la finca Nueva Linda, Retalhuleu, existen algunas primeras deducciones.

No sólo las balas matan; también los golpes con batón quitaron la vida a dos campesinos. Julia Carrera está en la cárcel acusada de varios delitos graves, por atreverse a rescatar el cadáver de su hijo, no adulto, quien estando desarmado recibió varios tiros en la espalda. Los funcionarios, al considerar legítimo solicitar recursos económicos a grupos de finqueros para consumar desalojos, se ponen a su servicio.

El Presidente de la República ratificó su compromiso de detener los desalojos, aunque sólo para algunas agrupaciones. Representantes campesinos, con quienes negoció ese acuerdo, lo desmienten porque aseguran que el pacto incluye todo el país. La extrema violencia de las fuerzas de seguridad alcanzó dimensiones alarmantes: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, allanamientos y quema de viviendas.

El campo pagado de Contierra, titulado “178 casos resueltos en los primeros 90 días”, deja muchas dudas, en tanto contrasta con el nivel de conflictividad que existe en el campo. Si esa cifra de conflictos se resolvió, seguramente líderes como Daniel Pascual o Juan Tuyuc lo habrían confirmado en sus recientes declaraciones. No digo que Contierra mienta, sino que omite especificar cuántos de esos problemas corresponden a los que el 8 de junio le presentaron las agrupaciones campesinas.

Tampoco especifica el enfoque de la “solución”. La pregunta es si la resolución contempló la atención a las demandas campesinas o la “solución” fue la renuncia de derechos bajo la premisa de la protección de la propiedad privada.

Contierra, al estar bajo la estructura del Ministerio de Agricultura, perdió nivel en su capacidad de ejecución. En lugar de tener vinculación directa con el Presidente de la República, está subordinada al Ministro, quien, además, tiene la capacidad de decidir en cuáles casos él puede intervenir directamente. ¿Será que así ocurrió con la finca Nueva Linda?

Si Contierra buscó el diálogo para que los ocupantes de esa finca la desalojaran, pero falló en su intento, entonces lo que tiene que revisar es qué entiende por resultados. Si el objetivo de las conversaciones no contempla la garantía a los derechos de las personas campesinas, entonces los problemas no se están resolviendo, se está echando combustible altamente inflamable.

En todo caso, si los funcionarios del Estado siguen concibiendo la propiedad privada como un “supraderecho”, su defensa del Estado de Derecho es parcial, porque desdeñan otros de beneficio social como: acceso a la justicia, al trabajo, prestaciones laborales y el derecho histórico a la tierra.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.