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Siete vidas a cambio de unos frutos
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 29 de enero de 2005

Hace más de un año, un trabajador fue desaparecido por personal de la finca Nueva Linda.

El saldo de siete campesinos muertos y seis heridos muestra las repercusiones que trae consigo la prepotencia de finqueros, quienes cuentan con la protección de pistoleros y la complicidad de instituciones públicas.

Hace más de un año, un trabajador fue desaparecido por personal de la finca Nueva Linda. Se llamaba Héctor Reyes. Nadie sabe ni sabrá de su paradero. Algunas consecuencias de su secuestro: 9 campesinos y 3 policías muertos, además 11 inocentes detenidos. El sábado pasado, el padre de Pedro Tzep Tambriz reclamaba la presentación con vida de su hijo. Él también fue secuestrado por hombres armados al servicio de un finquero. La respuesta: un cadáver con cuatro tiros en la espalda y el sepelio de otros seis campesinos.

Son historias difíciles de contar por la serie de arbitrariedades que las rodean. ¿A quién inculpar? ¿Serán responsables por actuación u omisión funcionarios del Ministerio Público (MP), incapaces de responder al derecho de exhibición personal de un joven indígena? ¿Tendrán responsabilidad los elementos policíacos condescendientes para tolerar la impunidad de los empresarios agrícolas y empeñados en meter a prisión a inocentes? ¿Serán culpables quienes se organizan para detener el autoritarismo de los poderosos?

Tras los hechos en Samayac, cuatro campesinos están en prisión, un finquero y sus guardaespaldas no. En ese contexto, Gobernación difunde un reporte en el que asegura la peligrosidad de campesinos armados, pero ignora lo nefasto de la actuación de los guardias armados que son las fuerzas de seguridad privada de los terratenientes.

La violación al derecho a la vida para los pobres en el campo es una constante. ¿Cómo interpretar que se ampare a los finqueros y no se atiendan los reclamos populares? Ahora resulta que la detención y asesinato de un campesino indígena no es delito, mientras las protestas de familias campesinas organizadas –cuyo propósito es detener los abusos de sus patrones– se está criminalizando. Qué perverso rumbo está tomando la aplicación del “Estado de Derecho” en Guatemala.

Al leer las reacciones por la muerte de Pedro Tzep Tambriz, dan escalofríos. Hay personas que justifican que el empresario Jorge Fernández haya capturado y asesinado a un ladrón de frutas. Por ello crece la preocupación y la zozobra en las agrupaciones campesinas, que encuentran en su lucha sólo amenazas y ninguna respuesta a sus demandas.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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