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Marchas que interrumpen el tránsito
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 9 de abril de 2005

Ningún jurista aseveraría que las manifestaciones públicas son actos reñidos con la ley.

El primer mandatario, Óscar Berger, descalificó las protestas contra la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos porque, según él, perjudican al país. En tanto, el fiscal general, Juan Luis Florido, afirmó que dichas acciones rompen el orden público.

Con tales declaraciones, dejan claro ambos funcionarios que tienen un manejo de la legalidad muy parcial, bajan el perfil a una garantía ciudadana fundamental que representa el ejercicio del derecho de petición, establecido en la Constitución de la República de Guatemala.

Considerar que las acciones de protesta (marchas, mítines y manifestaciones) realizadas en las últimas semanas violan la ley, entonces como garantes de lo que conciben como legalidad tendrían que demandar y enjuiciar a miles de personas que en la capital y diferentes departamentos del país han expresado su rechazo a un convenio mercantil porque aseguran que afectará sus condiciones socioeconómicas.

Si bien la jurisprudencia tiene un marco de interpretación, que puede provocar intensos debates, ningún jurista o defensor de los derechos humanos aseveraría que las manifestaciones públicas son actos reñidos con la ley. Tampoco señalaría que la libertad de expresión se circunscribe a los diálogos en comisiones pequeñas, entrega de memoriales o charlas personales.

Las marchas inevitablemente cortan el tránsito. Sólo hay que dar un vistazo a lo ocurrido en la última semana en Ciudad del Vaticano, en las concentraciones masivas tan frecuentes que se realizan en la Ciudad de México y en múltiples partes del mundo.

Se imaginan las miles de personas que han impedido el paso fluido de otros ciudadanos y vehículos por el deseo de manifestar su duelo por la muerte del Papa. Qué parangón utilizan las autoridades en Guatemala para calificar las protestas contra el TLC como “hechos que rompen la legalidad”. La ciudadanía que ha salido a las calles a rechazar un tratado comercial está en su derecho, no entenderlo desde esa perspectiva significa desfigurar el sentido de la democracia.

Si en verdad se enarbola el apego a la legalidad, el Fiscal General bien haría en esclarecer de inmediato las masacres ocurridas en las fincas Nueva Linda (Retalhuleu) y El Corozo (Suchitepéquez), así como la muerte de Juan López Velásquez y Raúl Castro Bocel sucedidas durante manifestaciones en Huehuetenango y Sololá. De otra manera, el Ministerio Público estaría violando la ley porque no ha investigado con la prontitud y eficiencia requeridas. Urge saber si jefes o agentes del Ejército o la Policía tienen responsabilidad en la muerte de 20 personas.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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