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Orígenes de los conflictos agrarios
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 7 de mayo de 2005

El Fondo de Tierras está provocando nuevos conflictos al otorgar terrenos sin seguridad jurídica.

Los conflictos en el campo en Guatemala tienen su origen en la falta de seguridad de la tenencia de la tierra comunitaria, los errores en las adjudicaciones, la gestión incorrecta de entidades oficiales, las actuaciones indebidas del Fondo de Tierras, la falta de reconocimiento a los derechos laborales de mujeres y niños, así como violaciones al Código de Trabajo, entre otras causas.

Esta afirmación, sostenida por agrupaciones campesinas, queda demostrada de manera contundente en una base de datos realizada por la Pastoral de la Tierra Interdioceana, publicada en la revista ¿Hacia dónde vamos?

Esta sistematización de conflictos agrarios-ambientales y laborales toma en cuenta experiencias de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, país donde, al igual que Guatemala, la concentración de la tierra es una de las causas principales de la injusticia social (en Brasil, el 98 por ciento de los propietarios posee el 56 por ciento de la tierra cultivable; en Guatemala, ese mismo porcentaje tiene acceso al 43 por ciento).

La publicación pretende dejar constancia que a pesar de que los conglomerados sociales afectados utilizan mecanismos legales, administrativos y judiciales a lo largo de la historia guatemalteca, los conflictos no se resuelven en una buena cantidad de casos y cuando se vislumbra una solución, ésta no se realiza en un tiempo que garantice el derecho a la vida y a la alimentación.

Algunas de las conclusiones que se desprenden de esta base de datos son que la población afectada es mayoritariamente campesina e indígena y que la conflictividad no resuelta representa una violación al Estado de Derecho. Es decir, que se están violando derechos humanos cuando las instituciones oficiales no reconocen que éstas han ocasionado que familias campesinas pierdan su sustento, que las mujeres sean discriminadas y los pueblos indígenas no sean reconocidos.

Mención especial merece lo señalado en cuanto al Fondo de Tierras, institución respaldada con vehemencia por este gobierno, ya que está provocando nuevos conflictos su mala actuación en otorgar terrenos sin seguridad jurídica, caracterizar de manera errónea a los beneficiarios y mantener una exagerada discrecionalidad por parte de su junta directiva.

¿Hacia dónde vamos? es un material que sin duda contribuye a conocer la dimensión de la conflictividad en el agro, ubicar quiénes son las personas afectadas (enfoque de género, étnico y por edad), detectar cuáles son las obligaciones no cumplidas de entidades gubernamentales como CONTIERRA.

Este informe alternativo, que publicarán cada año, muestra que las soluciones a la problemática agraria necesariamente tienen que abordar una dimensión estructural.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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