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Revocación de mandato forzado
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 2 de abril de 2007

En el caso de Vielmann se ha actuado contra toda ética.

Conviene analizar qué motivó en los funcionarios del Ejecutivo mostrar caras tan pesarosas cuando no tuvieron más remedio que reconocer la salida de Carlos Vielmann de la cartera de Gobernación, junto a su pupilo Erwin Sperisen. Es más comprensible que los delincuentes que matan, roban, explotan y trafican con impunidad se sintieran preocupados por el relevo de mandos. Es fácil entender la desazón que puede sentir Javier Figueroa, ex jefe de la Subdirección de Investigaciones, porque el cambio de ministro trae consigo la pérdida de protección de quien lo exoneraba de interrogatorios y daba un buen exilio.

No se encuentran razones que justifiquen los aplausos tan efusivos otorgados al supuesto paladín de la seguridad pública, quien en sus años de gestión vio recrudecer la violencia, incrementar las cifras de asesinatos y asaltos, así como disminuir el decomiso de drogas y la captura de importantes capos.

Cómo entender entonces que políticos y columnistas lamenten la salida del jefe de Gobernación, quien fue incapaz de detener los asesinatos de mujeres, así como superar el clima de indefensión-miedo en calles y caminos.

También resulta difícil descifrar por qué Vielmann, tras su salida, denuncia que le faltó apoyo y que las instituciones del Estado están infiltradas por el narcotráfico y que el mayor obstáculo es que la sociedad esto no lo comprende. Importantes presupuestos lo respaldaron, las alianzas con fuerzas militares también, los reportes complacientes en medios levantaron su imagen como funcionario eficaz (entre ellos, el programa radial Tiro Libre), así como los campos pagados del Ejecutivo y la cúpula empresarial le reconocieron éxitos.

Lejos de escuchar los reclamos ciudadanos que dan a conocer el incremento de ejecuciones extrajudiciales, los alcances del feminicidio, los constantes ataques contra organizaciones sociales, la impunidad de agentes policíacos y la proliferación de armas, el gobierno de la República optó por publicitar supuestos logros.

Los mandatos públicos pueden ser revocados, existe respaldo jurídico para hacerlo. El voto de falta de confianza en el Congreso es un mecanismo. La fiscalización ciudadana es otro. Las prácticas democráticas llevarían a cambiar a funcionarios ineptos, cuya gestión demuestre casos de violación a derechos humanos, por ejemplo. En el caso Vielmann se ha actuado contra toda ética. Se le respaldó a pesar de los fuertes cuestionamientos que culminaron con el asesinato de diputados salvadoreños y policías involucrados. Según el relato de la periodista Sylvia Gereda, su permanencia en el cargo incluso se negoció con uno de los partidos supuestamente opositor, lo que revela que se valora más un compadrazgo que las denuncias ciudadanas.

Causa enojo en particular el hecho que la administración de Óscar Berger califique de logros la prevención de la violencia, especialmente para mujeres y jóvenes. ¿Cómo aseverar que ha logrado un éxito en este renglón, cuando la realidad demuestra lo contrario?

Fuente: www.elperiodico.com.gt - 310307


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