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Seguridad para la acción ciudadana
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 9 de junio de 2007

Los alcances de la violencia son alarmantes.

La demanda de seguridad adquiere distintas dimensiones. Hay quienes la plantean para la protección de bienes y el estímulo de las inversiones extranjeras. Desde un enfoque de derechos, para los sujetos políticos, el significado de tal exigencia incluye contar con un clima de libertad y respeto a las garantías individuales y colectivas, que garantice el ejercicio de la ciudadanía para incidir en problemáticas tienen lugar en los hogares, comunidades, Gobierno y la sociedad en su conjunto.

Los alcances de la violencia son alarmantes y afectan a toda la población, de distinta manera, dependiendo de la edad, si son pobres o ricos, mujeres u hombres, indígenas o mestizos. Un reporte del Centro de Estudios de Guatemala afirma que en este país se registraron en 2006 alrededor de 17 homicidios al día, mientras que en México solo 9. Como parte de este escenario hay casos de allanamientos, asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas y actos de persecución dirigidos a gente organizada, cuyo propósito es inhibir que intervengan en la búsqueda de cambios sociales y la vigilancia de la actuación de funcionarios.

Las agresiones contra activistas van en aumento, afectan a distintos movimientos sociales (mujeres, indígena y campesino, pro justicia, etcétera) y ahora alcanza a entidades de la cooperación internacional, acompañantes de procesos organizativos. Estos actos llevan un mensaje implícito: inhibir la participación política. Cabe recordar que este elemento fue utilizado por las “fuerzas de seguridad” en este país mediante una política contrainsurgente, desde la destrucción de aldeas hasta criminalizar la lucha social. Esto último es lo que pareciera suceder actualmente, cuando las voces empresariales y del Gobierno se unen para descalificar a quienes reivindican la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Esta situación es de extrema gravedad, si se tiene el referente de la firma de la paz ocurrida hace diez años. Decir que la defensa de derechos humanos es proteger a delincuentes y el acceso a la justicia es atentar contra la convivencia pacífica son argumentos de quienes están obstinados en mantener el escepticismo en la sociedad, aceptar el mal manejo de la cuestión pública y renunciar a que la vida democrática sea una realidad.

Mienten quienes plantean como solución no exigir castigo a violadores de derechos humanos, tener amnesia colectiva al devenir histórico, aplaudir sin críticas las actuaciones de la institucionalidad pública, renunciar a la movilización social. Esta gente esconde su verdadera intención que es acallar las rebeldías para continuar implantando un modelo que les es favorable, sin importar que sea ajeno a los intereses de la mayoría de la población.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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