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Arbitraje contra Código Agrario
Por Rosalinda Hernández Alarcón - Guatemala, 14 de julio de 2007

Carecemos de una legislación apropiada.

Con el Centro de Arbitraje Agrario se refuerza la visión de los finqueros, quienes haciendo uso de su poder en el Estado lograron frustrar los esfuerzos para establecer una legislación agraria. Meses atrás, organizaciones sociales, junto con dos o tres magistrados y congresistas, trabajaron para contar con un Código Agrario que incluyera mecanismos para atender la conflictividad en el campo, tomando en cuenta a todos los sujetos sociales involucrados, ya que la legislación actual excluye a mujeres y hombres del campo, a pueblos indígenas y a pequeños productores.

Esto es importante recalcar porque en Guatemala, a pesar de la importancia de la realidad agraria y rural, se carece de una legislación específica que concrete el bien común. Ello se entiende solo bajo la lógica de mantener la estructura agraria actual, que se caracteriza por sus contrastes abismales.

El nuevo Centro de Arbitraje Agrario, que estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Agrarios, será un árbitro cuando de manera voluntaria dos propietarios de tierras estén dispuestos a negociar un conflicto. Los terratenientes y sus aliados deberían aplaudir tal iniciativa, porque con ella se mantienen las reglas que les han permitido calificar como delincuentes a quienes exigen justicia cuando empleadores violan sus derechos al trabajo y a la alimentación, o cuando las instituciones del Estado les niegan el acceso a una vida digna.

Esta nueva institución, junto a un fondo de tierras inoperante y un Ministerio de Agricultura clientelista y subordinado a los intereses de agro-exportadores, postergan la exigencia del movimiento social campesino, que ha resaltado la necesidad de atender la problemática en el campo desde enfoques más plurales y no en función de la supremacía de la propiedad privada ni de los privilegios a los grandes propietarios.

Insistir en la “voluntariedad” entre actores que tienen un reconocimiento tremendamente desigual (finqueros y población campesina e indígena) es aceptar la prepotencia del que solo se ve a sí mismo y desconoce al otro. Ejemplos hay muchos, en los que la superioridad en la toma de decisiones ha respaldado la cerrazón al diálogo y la arbitrariedad en las actividades de Gobierno, el poder económico ha sobornado a funcionarios y sostenido fuerzas armadas privadas o públicas, la lógica racista y patriarcal ha desvalorizado a tal grado a indígenas y mujeres que los consideran como seres subordinados. Por ello, la situación agraria en Guatemala requiere nuevas reglas para regular las relaciones en el ámbito rural. Dicho centro de arbitraje no resuelve la conflictividad, así lo reconoce su titular, no se trata entonces de promover ese tipo de “voluntariado”, sino de compromiso social, ya que sin este difícilmente será posible alcanzar el objetivo de establecer una legislación agraria que promueva la igualdad.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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