Diálogos que son monólogos
Por Rosalinda Hernández Alarcón* - Guatemala, 6 de febrero de 2010
En la supuesta coyuntura de diálogo que tiene lugar en Guatemala, los empresarios siguen prepotentes y reacios a la búsqueda de medidas que superen su “agenda de competitividad” que incluye privilegios para los grandes agro-exportadores. Así, por enésima vez, reiteran su oposición a pagar impuestos conforme a sus ganancias y su desinterés por reorientar la acción económica para satisfacer las necesidades de las mayorías.
Las declaraciones de los voceros empresariales son exactamente las mismas desde años atrás: no a los aumentos salariales, flexibilidad a sus deberes patronales, ninguna acción afirmativa para los más jodidos. En suma, se muestran tan autoritarios como siempre, como colonizadores. Incluso sus pares de otros países, los califican de dinosaurios por su aversión a aplicar cambios o concertar acciones cuyos resultados no sólo les beneficien a ellos.
Si los poderes empresariales insisten en una “reactivación económica” sustentada en la concentración de la ganancia, la mayoría de la población guatemalteca seguirá en el camino de la desnutrición y pobreza, sinónimos de violaciones a derechos humanos.
Cabe señalar que si el Gobierno sigue con sus programas asistencialistas, también está violentando derechos económicos, sociales y culturales porque éstos niegan a las y los trabajadores la posibilidad de avanzar hacia su autonomía y adquirir su condición de ciudadanos.
Es importante mostrar el lado perverso de tales programas gubernamentales. Raquel Vásquez, lideresa campesina que participa en la Campaña Vamos al Grano, afirma que los monitores de transferencias condicionadas invalidan la participación social (otorgan apoyos preferentemente a las personas no organizadas), fomentan la división en las comunidades con experiencia de lucha y violentan incluso la institucionalidad del Estado. Los programas del Ministerio de Agricultura, ProRural o “Mi Familia Progresa” anulan los consejos de desarrollo comunitarios y municipales, creados para rearticular el tejido social en tanto son los espacios de acción ciudadana (que reconocen la representación de las mujeres) más próximos para canalizar la solución de demandas.
La situación actual plantea una disyuntiva a los políticos: aceptar o rechazar ser comparsas de los monólogos empresariales. El Ejecutivo y Legislativo pueden continuar participando en las mesas de “no diálogo”, pero millones de subalimentados y personas a quienes les violan sus derechos, les exigen dejar a un lado sus intereses electoreros. Tienen varios compromisos pendientes, entre ellos, impulsar una política de desarrollo rural y legislar al respecto. Si continúan en lo mismo, sin duda tendrán réditos en las urnas, pero serán responsables de impedir la reactivación de las pequeñas economías y colocar obstáculos para que mujeres y hombres asuman su papel como ciudadanos. Dos tragedias pesarán sobre sus espaldas: negar el acceso al buen vivir e inhibir el ejercicio de derechos.
* Co-editora de la publicación feminista laCuerda
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