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Deslucida institucionalidad
Por Renzo Lautaro Rosal - 31 de mayo de 2005

El tema de la institucionalidad democrática ha sido poco abordado en forma pública durante los últimos meses, quizás porque día a día salen a luz nuevos temas, nuevas preocupaciones; quizás porque las urgencias de los guatemaltecos rebasan los temas de índole estructural; quizás porque el tema ha quedado fuera de los recientes titulares de prensa.

Sin embargo, en lo más profundo de las expresiones de debilidad del Estado guatemalteco se encuentra lo relativo a la carencia de un marco de institucionalidad que le dé el sentido de firmeza, coherencia y permanencia en el tiempo.

Gran parte de los problemas que evidencia la actual gestión de gobierno y las anteriores deviene en la limitada institucionalidad que permita que las demandas de la ciudadanía se traduzcan en soluciones, o al menos se encaminen a ello.

Abordar los retos de la institucionalidad rebasa el espacio de esta columna. Por lo tanto, me remitiré a manifestar mi profunda preocupación por el futuro inmediato y mediato de tres instituciones centrales para el avance democrático de Guatemala, las cuales se encuentran en una situación de erosión sensible que rebasa las posibilidades de solución de corto plazo. Me refiero a la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

En los tres casos estamos a las puertas de iniciar nuevos procesos de elección de sus nuevos integrantes y, por lo tanto, ante una oportunidad valiosa para contribuir en sus renovaciones y en la vuelta al cumplimiento de sus principios rectores que les dieron origen, los cuales se han desdibujado en los últimos seis años a partir de la manipulación política de las que han sido objeto.

Las tres instituciones no son ni la sombra del sentido con el cual fueron creadas. Cada una de ellas ha pasado por períodos de mayor crisis, especialmente durante el gobierno del FRG.

El daño ha sido muy grande, su recomposición debe ser parte de un profundo proceso que abarcará varias gestiones. Este proceso es el que debe aprovecharse al máximo a partir de las elecciones de sus nuevos miembros.

Este objetivo es un claro imperativo para los órganos electores, lo es también para mejorar los procesos de elección especialmente en cuanto a su transparencia; de igual forma, es fundamental que los sectores que no formarán parte directa de los procesos eleccionarios estén atentos a lo que acontezca y creen un mecanismo permanente de sensibilización a la población sobre las funciones clave que están en juego.

A pesar de los esfuerzos de varios colectivos de organizaciones sociales, la mayor parte de la población sabe muy poco sobre estas tres instituciones, y menos aún la forma en que son electos sus miembros. De lo que sí están enterados es de que todas ellas parecen estar de adorno, se han prestado a manipulaciones y actos de corrupción de grandes dimensiones.

Es preciso deslindar las instituciones de las personas que han estado al frente de ellas. Interesa, sobre todo, preservar las instituciones y sus objetivos centrales; interesa que la ciudadanía recobre la confianza en ellas.

La preservación del orden constitucional, la fiscalización de los organismos del Estado, el correcto uso de los fondos públicos, ejercer la acción pública penal y promover la persecución penal son objetivos básicos que merece la pena preservar con toda la fuerza posible.

Son muchas las amenazas encaminadas a desgastar más la situación penosa en que se encuentran las tres instituciones, pero hay otras fuerzas democráticas dispuestas a hacer prevalecer su existencia.

Fuente: www.prensalibre.com


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