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Crimen a la vida
Por Rita María Roesch - Guatemala, 13 de mayo de 2005

“La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un crimen. ¡Urge sean aprobadas las reformas al Código Penal para castigar a los responsables!, exigió el Clarinero.

La columna de este viernes es un mensaje que va dirigido especialmente a los señores diputados, así como a todos los guatemaltecos y guatemaltecas de buena voluntad que son sensibles a la trágica realidad que padecen miles de niños y niñas al ser sometidos, por personas inescrupulosas, a cometer actividades sexuales que les provocan severos daños en su desarrollo, mental, físico, emocional y espiritual.

Es una gran mentira que los menores están -en eso- porque les gusta. Se ha comprobado que en muchos casos eligen el suicidio como única salida. Sufren heridas que nunca sanan.)

Señores diputados (as): ustedes tienen, actualmente, en sus manos la decisión de aprobar prontamente las reformas al Código Penal. Una legislación adecuada facilitará el proceso de castigar a los responsables que victimizan y explotan a niños, niñas y adolescentes en cualquiera de las modalidades del comercio sexual.

Estoy segura de que ustedes tienen plena conciencia de que se trata de un crimen que debe merecer el castigo más severo que exista. Es un acto criminal tan macabro como una masacre que va directo a destruir el corazón de este país.

El 11 de octubre de 2001, Guatemala ratificó el Convenio 182 de la OIT con el fin de combatir las peores formas de trabajo infantil y adoptar nuevos instrumentos para prohibir y eliminar una serie de actividades que violan flagrantemente los derechos de las personas menores de edad. La explotación sexual comercial es una de estas formas.

La OIT- IPEC (Oficina Internacional del Trabajo - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) ) considera que la explotación sexual comercial ocurre cuando una o varias personas utilizan a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de una remuneración económica o de cualquier otro tipo de retribución.

Puede ser para tener relaciones sexuales, para tomarle fotos de contenido sexual o erótico, hacerle tomas para películas pornográficas o utilizarlas en espectáculos sexuales.

La pobreza, la baja escolaridad, la desintegración familiar y el abuso en el ámbito familiar son algunos de los principales factores que expulsan a los niños (as) de sus hogares a vivir en las calles. Esta dura realidad aumenta su vulnerabilidad.

Mediante coerción, amenazas, secuestro o engaño (con falsas promesas de trabajo en Estados Unidos o México), muchos menores son atrapados por los intermediarios explotadores (taxistas, traileros, policías, vendedores ambulantes) que los transportan ilegalmente de un país a otro.

La semana pasada se llevó a cabo un allanamiento en un prostíbulo en una de las zonas fronterizas del país, con el fin de rescatar a las niñas que eran explotadas sexualmente en ese lugar de manera clandestina.

Cuando las autoridades llegaron al bar, las niñas habían desaparecido. El explotador (proxeneta) fue prevenido a tiempo. ¿Quién filtró la información? ¿Qué pasó con las menores víctimas que fueron sacadas a escondidas del prostíbulo? Se teme por su vida. Las niñas corren el riesgo de ser asesinadas para evitar que se escapen de sus victimarios y brinden información a las autoridades.

La explotación sexual comercial a personas menores de 18 años va camino de ser una peligrosa red en Guatemala. Se está convirtiendo en otra forma de crimen organizado. Se tiene conocimiento de que entre los “clientes explotadores” se encuentran agentes de la Policía y hombres guatemaltecos de todos los estratos sociales (da náusea e indignación). No es cierto que en Guatemala el problema sea causado únicamente por turistas extranjeros.

Quienes integran las bandas de explotadores actúan impunemente porque la legislación actual es imprecisa. Es de vital importancia que tengamos en Guatemala la herramienta legal que se necesita para conducir a la cárcel a los explotadores sin opción al pago de multa.

La sociedad guatemalteca tiene el compromiso de crear una cultura de rechazo social y de denuncia hacia la explotación niñas, niños y adolescentes. “No queremos que Guatemala se convierta en un refugio para los explotadores debido a una débil legislación y a una sociedad indiferente y tolerante”, declaró el Clarinero. ( El teléfono para hacer denuncias es 2221-3612)

Fuente: www.prensalibre.com


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