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2221-3612
Por Rita María Roesch - Guatemala, 2 de septiembre de 2005

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es un delito grave. Es una forma de esclavitud moderna. Si usted conoce algún caso denúncielo a este teléfono.

A continuación transcribo un testimonio de una adolescente víctima de esta oprobiosa actividad.

Ella dice: “Otra cosa que nos hacen es que nos amenazan: (el proxeneta le grita) ¡Quién sos vos, si apareces muerta nadie va a preguntar de que fue que te moriste!” (OIT, mayo 2004).

Estas criaturas viven en un infierno. Las niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente a cambio de una remuneración económica están expuestos a toda clase de vejaciones.

Los señores diputados siguen sin aprobar las reformas al Código Penal para condenar con severidad a todos los responsables directos que integran la cadena de explotadores. Entre ellos están los proxenetas, los clientes-explotadores (los hombres, de todos los estratos sociales que pagan para realizar actos sexuales directamente con las víctimas) y los intermediarios (taxistas, policías, vendedores ambulantes y empleados de hoteles).

Pero lo que más duele es la indiferencia y la tolerancia (a pesar de las serias consecuencias que sufren los menores) que aún persiste en nuestra sociedad guatemalteca para enfrentar con urgencia y eficiencia este flagelo que aumenta cada día más.

La Oficina Internacional del Trabajo-Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (OIT-IPEC) considera la explotación sexual comercial como un delito semejante a la esclavitud y al trabajo forzoso.

Se incurre en explotación sexual comercial no sólo cuando se utiliza a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de una remuneración económica o de cualquier otro tipo de retribución, sino también cuando se les toma fotos de contenido sexual o erótico, o les hace tomas para películas pornográficas o se les utiliza en espectáculos sexuales.

Se sabe que existen redes internacionales que operan de forma similar a las redes internacionales del tráfico de drogas que promueven la trata de personas menores de edad, o sea el traslado de los menores de una región a otra, ya sea del mismo país o fuera de él, con el fin de explotarlas sexualmente en cualquiera de sus modalidades porque las ganancias que obtienen son sustanciosas.

Las víctimas viven encarceladas. “Son invisibilizadas” por los explotadores. Las ocultan en los prostíbulos y en los negocios que tienen la fachada de ser comercios legales, como salones de masajes, estudios de fotografía, casas cerradas y hoteles.

Es una gran mentira que las niñas, niños y adolescentes están -en eso- porque les gusta. Se ha comprobado que en muchos casos, eligen el suicidio como única alternativa. Sus vidas se ven afectadas para siempre.

En mi opinión, la gente que integra esta oprobiosa red de explotación de menores debe ser aprehendida, juzgada y castigada como un criminal que ha cometido actos de lesa humanidad.

Son personas sin escrúpulos. Matan en vida a sus jóvenes víctimas. Las tratan como objetos. Atentan contra su integridad, su dignidad y su desarrollo mental, físico, emocional y espiritual. Les suprimen sus derechos a la salud, a la educación, a vivir en una familia que les ofrezca amor y orientación.

¿Quisiera usted, estimado lector (a), ayudar a que estas personas salvajes, que matan el alma de nuestra niñez y juventud estén detrás de las rejas? Merecen la cárcel quienes con descarada impunidad atrapan, secuestran, engañan y violan con plena conciencia a niñas, niños y adolescentes.

En lo personal yo quiero contribuir a que eso suceda en Guatemala. Es por eso que dedico el espacio de mi columna de hoy y del próximo viernes para comentar la información que ha sido elaborada por los consultores de la OIT con el propósito de que la población guatemalteca no sea ajena a este terrible problema. Las víctimas necesitan el apoyo de todos los chapines.

Necesitan acciones prontas que contribuyan a prevenir, detener y erradicar esta terrible actividad.

Desde ya insto a los guatemaltecos a que, si conocen algún caso, no duden en llamar a los teléfonos 2221-3612 y 2220- 3980 del Ministerio Público. Existe un programa de atención integral de la Secretaría de Bienestar Social que ayuda a que recuperen “la vida” las menores que han sido rescatadas de este infierno.

Fuente: www.prensalibre.com


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