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La minería no es progreso
Por Rigoberto Quemé-Chay - Guatemala, 6 de diciembre de 2007

En base a las recientes expresiones del gobierno, se pretende declarar de urgencia nacional la explotación minera en Guatemala, lo que dejaría abierta las puertas a la futura privatización de las tierras comunales, por un lado, y por el otro dejar garantizada la participación de las actuales autoridades gubernamentales en negocios al servicio de los intereses de las transacionales, y siendo socios, garantizar su futuro ya fuera del gobierno, dejando comprometida la soberanía nacional, deteriorado el medio ambiente y en riesgo a los municipios del interior del país que tendrán que sufrir todo tipo de consecuencias.

Nadie de la sociedad civil lo ha analizado a profundidad, sólo los cercanos al gobierno y las transacionales han evaluado las inmensas riquezas que pueden obtener, dejando por un lado las nefastas consecuencias que afectaran a territorios y sociedades “subdesarrolladas”. Es increíble cómo toda la institucionalidad del Estado se pone al servicio de la minería. La corte de constitucionalidad emite un fallo político al declarar inconstitucional la consulta de Rio Hondo, cuestiona la de Sipacapa, dejando claro que no favorecerán ningún tipo de consultas comunitarias, a pesar de que el criterio de ex magistrados de la misma corte, opinan que las consultas son legales y vinculante para que el gobierno las respete. No se respeta la autonomía municipal ni el Código Municipal. De la misma manera, el sector empresarial más poderoso económicamente, favorece la minería porque para ellos es una oportunidad de invertir sus recursos y obtener grandes ganancias, mucho más de lo que pudiera recibir el Estado y, por eso, las asociaciones representativas de dicha elite se manifiestan públicamente a favor de la inversión y del empleo (que es muy discutible que pueda ser beneficioso), y se cuidan de no hablar del daño ecológico y social.

La prensa en general, también pone énfasis en lo positivo de la minería (y obtienen algunos recursos económicos por medio de campos pagado de dichas empresas) siempre enfatizando en el progreso (¿para ellos?) económico, no en el desarrollo. Lo más dramático es que la sociedad civil, orientada por la izquierda, sólo ve como posible las antiguas estrategias de lucha en las calles, manifestaciones, bloqueos y paros, como medida de presión y eso, al final de cuentas, no es tan difícil porque se aprovecha la desesperación de las comunidades que ven en riesgo su bosque, agua, poblado y población, sin que se pueda superar la pobreza que los agobia y ahoga.

Se debería presentar denuncias internacionales por el incumplimiento del convenio 169, proponer y luchar por la ley de consultas para evitar las ambigüedades que el sistema aprovecha para no operativizar las leyes pero, lo más importante, es luchar porque se entienda que el asunto de la minería es una lucha que no corresponde en especial a los pueblos indígenas. Se trata de una lucha nacional, porque al igual que la minería, los ojos de los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, también están puestos en el agua, los bosques, los caminos, los servicios públicos y otros servicios que HOY son parte de la poca soberanía que tenemos.

Considero que hay que avanzar en los niveles de discusión, propuesta y lucha política porque están en juego los recursos naturales y la población en general y no sólo los pueblos indígenas.

Fuente: COPAE


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