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Un crimen que no debe quedar impune
Por Ricardo Rosales Román - Guatemala, 2 de febrero de 2005
rosalesarroyo@intelnet.net.gt

Las cenizas de los campesinos, estudiantes y demás personas asesinadas por las fuerzas represivas del gobierno de Lucas García en la sede de la Embajada de España en Guatemala aún están ardiendo; el tiempo transcurrido no ha logrado apagarlas. Los hechos ocurridos aquel 31 de enero de 1980 expresan en toda su dimensión y alcance la política terrorista de Estado de uno de los gobernantes más represivos y criminales de la historia reciente del país. Lo inimaginable es que después de 25 años los responsables no hayan sido procesados y sentenciados. Pese al cúmulo de evidencias existentes, la justicia guatemalteca no se ha decidido ni sido capaz de desentrañar todos los entretelones de esta tragedia, lo acontecido no está juzgado y el peso de la ley no ha caído sobre quienes tuvieron que ver con tan condenable hecho.

1) Guatemala hace 25 años vivía el conflicto armado interno. Las causas para su desencadenamiento no sólo persisten sino que tienden a agravarse y ahondarse. Pero no es a ello a lo que quiero referirme ahora. Sobre lo que quiero llamar la atención en esta ocasión es sobre las lecciones que dejan hechos como el ocurrido en la sede de la Embajada Española. La primera y principal de ellas es que hay que hacer los esfuerzos que sean necesarios a fin de que algo así no se repita nunca más, y que en respeto y memoria de todos los caídos durante el enfrentamiento armado interno se emprenda la gran tarea histórica que conduzca a erradicar la injusticia social, la pobreza, la marginación y el atraso en que está sumida la inmensa mayoría de la población guatemalteca. Es bueno, entonces, traer a cuenta aquél incalificable hecho a fin de que la justicia se aplique con todo rigor no sólo en cuanto a una investigación exhaustiva de los hechos, sino, repito, para que se deduzcan las responsabilidades que correspondan.

Como es sabido, ha tenido que ser la Audiencia Española la que se ocupe de lo acontecido. Uno de los primeros pasos dados es que en aquel tribunal se ha señalado a los probables responsables, y solicitado que se giren las órdenes de captura correspondientes y sean puestos a disposición de los tribunales. Tras 25 años, esto pone de manifiesto una vez más, el retardo de la justicia en nuestro país.

Es cierto que bajo el gobierno represivo y terrorista de Lucas García era imposible hacerse a la idea de que los tribunales procedieran como debieron haberlo hecho, y lo mismo hay que presupuestar que tenía que suceder durante los dos gobiernos militares de fuerza que detentaron el poder político a partir del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Lo que ya no resulta explicable es que los gobiernos electos a partir de 1985 no hayan procedido como les correspondía; es decir, decidiéndose a ordenar la substanciación del proceso. Esto sólo se puede explicar por el hecho de que estos gobiernos electos vienen a ser la continuación de los gobiernos militares de fuerza. Desde que sucedieron estos hechos, las autoridades han optado por ignorar lo acontecido.

La paz sería consistente, y se hubiera avanzado lo necesario en la construcción de una democracia real y participativa y un Estado Democrático de Derecho, si el genocidio como el cometido en la Embajada de España estuviera ya juzgado y sus responsables debidamente procesados y sentenciados. Pero las cosas en nuestro país no marchan en esa dirección. En este caso, un paso que ayudaría a restablecer la confianza en las instituciones es que este crimen lo substancien los tribunales del país con la debida diligencia y responsabilidad y con estricto apego a la ley procedan de tal modo que no quede impune.

La experiencia que deja el proceso de búsqueda de la paz por medios políticos en Guatemala, indica que las formas políticas negociadas para la resolución de los conflictos debe ser el camino a seguir tanto en momentos de relativa calma como en momentos de agitación popular y conflictos sociales. No atender las legítimas demandas de las poblaciones que se oponen con sobrada razón, por ejemplo, a la exploración y explotación minera a cielo abierto, es lo menos indicado. No es, además, la forma de hacerle frente a los problemas con que toda gestión pública tropieza.

2) En el momento actual la situación del país tiende a ser cada vez más tensa, confrontativa y peligrosa. Peligrosa porque del lado de la parte gubernamental pueden irse endureciendo cada vez más las posiciones, lo cual puede conducirles (como ya ha sucedido) a reprimir violentamente cualquier manifestación de descontento popular y social e irse apartando cada vez más del camino del diálogo y la concertación. La tensión y tirantez internacional imperante favorece el endurecimiento de esas posiciones. Como queda consignado arriba, lo que no debe volver a suceder en el país son crímenes como los cometidos por las autoridades guatemaltecas en la Embajada de España hace 25 años.

Insisto, una buena señal que ponga de manifiesto que en verdad se quieren restañar las heridas dejadas por el conflicto armado en el país, es que los tribunales y autoridades guatemaltecas no pospongan por más tiempo el conocimiento de aquellos reprobables hechos y que sus responsables sean juzgados de acuerdo a las leyes y condenados como corresponde. Un crimen de la magnitud y gravedad como el cometido en la Embajada de España hace 25 años no puede quedar impune como no debe permitirse tampoco que se recurra a la represión y el terror para enfrentar la conflictividad social y el descontento popular imperantes.

La paz no es sólo el silencio de los fusiles. La paz supone la puesta en práctica de políticas consistentes y eficaces que permitan que nuestro país avance y progrese, se garantice su independencia y salvaguarde su soberanía, impere la justicia social y se empiece a poner fin a la pobreza, la desocupación, los atropellos y abusos patronales, la impunidad y corrupción, al mismo tiempo que se combate la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico. Dicho en otras palabras, se trata de que se den muestras suficientes de que se tiene la voluntad política y decisión para empezar a implementar las transformaciones de fondo que cambien la fisonomía del país. Se trata, además, de que no se repitan los crímenes como los que se cometieron durante la época de la contrainsurgencia como política de Estado y que lo que ya está documentado y esclarece la verdad sobre esos hechos sirva de base para que las arbitrariedades, abusos, atropellos y crímenes cometidos no queden impunes y no vuelvan a repetirse.

3) Así como hay serios peligros que amenazan la paz y la estabilidad del país, asimismo hay que considerar que es propicio y oportuno que se ponga de manifiesto que en verdad los guatemaltecos estamos trabajando a favor de la paz en el país y en lo internacional y por construir una Guatemala distinta y mejor. Si con suficiente energía y solvencia se levanta el reclamo porque el genocidio de la Embajada de España no quede impune, con esa misma energía y solvencia es legítimo honrar la memoria de quienes allí fueron masacrados. Sus vidas truncadas son la semilla de una Patria libre, independiente y soberana, próspera y en paz, y en la que en algún día habrá de imperar la justicia social.

Fuente: www.lahora.com.gt


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