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Índices alarmantes
Por Ricardo Rosales Román - Guatemala, 9 de febrero de 2005
rosalesarroyo@intelnet.net.gt

La presente columna pude haberla intitulado "Vamos de mal en peor" o "Las cosas están de lo más grave". Pero la relectura de cualquiera de los periódicos del día parece indicar que el título usado es el que corresponde. Me voy a referir entonces a los alarmantes índices de criminalidad que se registran actualmente en el país.

La criminalidad común, así como también el crimen organizado y el accionar de los aparatos clandestinos paralelos, ponen al descubierto la profundidad y gravedad de la crisis estructural que afecta al sistema imperante en el país. En reiteradas ocasiones me he referido ya a esta cuestión y considero que la crisis general que afecta al país surge, aparece, se acentúa y agrava a partir de la intervención extranjera de junio de 1954 y que a partir de aquél momento las contradicciones económicas, políticas, sociales e institucionales se agudizan y ahondan.

Los altos índices de criminalidad que se registran en Guatemala son un fenómeno que igualmente se da en otras sociedades como la nuestra. Podría hablarse de una globalización de la criminalidad, criminalidad que con sus propios rasgos y características lo mismo se da en los países atrasados y dependientes como en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados. Es éste un fenómeno común que afecta y descompone a la sociedad, y es a la vez causa y resultado de la descomposición social.

La criminalidad y acción delictiva se dan por igual, tanto en los estratos económicamente poderosos de la sociedad como en los estratos pobres de la población. No es porque se esté sumido en la más extrema pobreza y marginalidad social que se es más proclive a delinquir. Hay contrasentidos sociales en torno a los que es fácil caer en lugares comunes y dejar de lado el examen del fenómeno social en su contexto y especificidad. Toda acción criminal y delictiva es un perturbador social que debe examinarse no sólo en sus manifestaciones externas sino en sus causas y motivaciones de fondo a fin de enfrentarlo y prevenirlo exitosamente.

En una sociedad tan desigual y contrastante como la nuestra, las soluciones parecen presupuestarse siempre al revés. A mayores índices de criminalidad se dice que procede un mayor endurecimiento de la capacidad represiva de los aparatos de seguridad del Estado. Otro tipo de políticas no parecen estar en la agenda oficial y si lo están no se está en capacidad y condiciones de implementarlas y que tengan éxito. Se dice, por ejemplo, que a menor criminalidad y mayor seguridad ciudadana, mejores son las condiciones para la inversión extranjera y nacional y, a la inversa, a mayor criminalidad y más inseguridad ciudadana el avance y desarrollo del país resulta imposible de alcanzarse. El cómo proceder es el quid de la cuestión.

Para el año 2004 la Policía Nacional Civil (PNC) estima que en el departamento de Guatemala es en donde se concentra el mayor índice de criminalidad en el país y que de sus 16 municipios es la ciudad capital la que registra la criminalidad más alta y el mayor número de hechos delictivos. En las zonas 1, 7, 11, 12 y 18 es donde se registra el mayor porcentaje de crímenes y delitos. La PNC considera que el robo de vehículos es el delito más recurrente seguido por las lesiones, los homicidios y los asaltos y robos.

De los departamentos de la República que menos tasa de criminalidad registran están Totonicapán, El Progreso, Baja Verapaz y Sololá. El año pasado, según las cifras de la institución policial, en toda la República se cometieron 4 mil 237 homicidios lo que equivale a alrededor de 12 homicidios por día, o bien uno cada dos horas. Estos homicidios la PNC los atribuye al crimen organizado, a las maras y al narcotráfico. En el 2004 se registraron en total 31 mil 412 hechos delictivos tipificados como asesinatos, robos, asaltos y secuestros. Las autoridades policiales no enumeran ni analizan sus causas ni sus efectos; sólo los cuantifica.

Lo que se deduce de los índices anteriores es que hasta el momento no se cuenta con políticas que prevengan la comisión de los delitos y que la represión del delito no está dando ningún resultado.

Lo más grave y alarmante es el grado de barbarie a que se está llegando. Sólo en lo que va del presente año muchos de los crímenes cometidos los han ejecutado sus autores con un alto grado de sadismo y barbarie y esto si que ya constituye un indicador alarmante de los niveles de descomposición que corroe a la sociedad guatemalteca.

Durante el enfrentamiento armado interno (que es como correctamente se caracteriza en los Acuerdos de Paz al conflicto bélico que ensangrentó al país por más de 36 años) era frecuente encontrarse con noticias horripilantes sobre los crímenes que las fuerzas de la contrainsurgencia gubernamental cometían contra la población civil tanto en las áreas rurales como en los centros urbanos. A diario aparecían cadáveres en las laderas de los caminos con groseras señales de tortura y el tiro de gracia o, lo que es más grave aún, las personas desaparecían y no se volvía a saber nada de ellas. Esta aberrante situación a la que se llegó puso de manifiesto los altos niveles de atrocidad e impunidad que caracterizó a aquella época.

Lo que ahora está sucediendo parece ser una secuela de aquellas prácticas contrainsurgentes por la similitud con que se actúa y procede.

Es cierto que así como es bueno que se proceda a aumentar el número de efectivos policiales y se asegure un mejor equipamiento y capacidad logística y operativa, al mismo tiempo deberían existir políticas públicas de contenido social que ataquen el fondo de los gravísimos males que están afectando a la sociedad guatemalteca en su conjunto. No se trata sólo de priorizar la represión del crimen y los delitos.

Lo que le corresponde al poder público es priorizar una política de Estado que llegue a la raíz de los males sociales y que permita asegurar mejores condiciones de vida y el bienestar de la población. Esto significa, para empezar, la creación de empleos en gran escala, garantizar la estabilidad y seguridad en el trabajo y sueldos decorosos así como empezar a resolver los desajustes e injusticias sociales que se dan en el medio rural.

De acuerdo a como está la situación nacional, todo indica que en el país no van a poder resolver estos graves problemas sociales; de seguir actuando las autoridades como lo están haciendo hasta ahora, la criminalidad y los hechos delictivos tenderán a agravarse y se tornará en indetenible la espiral de crímenes y atrocidades en que nos encontramos inmersos.

Gobiernos como el actual y todos los que le han antecedido a partir de 1954 no han tenido la decisión suficiente ni están dispuestos ni en condiciones y capacidad para emprender los cambios de fondo que el país necesita para mejorar. Su condición de clase y los intereses a los que sirven y representan no se los permite.

Otra sería la situación en que nos encontraríamos, y los altos índices de criminalidad (más otros desajustes e injusticias sociales) no serían lo que ahora ha dejado de ser una noticia más para pasar a ser el indicador más revelador de lo grave que está la situación en el país.

Fuente: www.lahora.com.gt


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