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Otra escalada privatizadora
Por Ricardo Rosales Román - Guatemala, 23 de febrero de 2005
rosalesarroyo@intelnet.net.gt

El sábado 12 de febrero, en elPeriódico se informó sobre la posibilidad de que en el curso de la presente semana se llegue a presentar al pleno del Congreso de la República de Guatemala el dictamen favorable que la Comisión de Comunicaciones de este alto Organismo del Estado le dio a la iniciativa de Ley General de Concesiones. Es posible que dicho dictamen haya sido conocido por los congresistas en el curso del día de ayer y que su aprobación por el pleno se dé después de las tres lecturas que la ley señala. Las fuerzas gobernantes que integran la Gran Alianza Nacional, GANA, no parecen contar con el número de votos suficientes para conseguir su aprobación con carácter de urgencia nacional. En este caso, el proceso legislativo de aprobación de la ley es lo menos importante. Lo importante es lo que la aprobación de esta ley va a significar para el país y para la mayoría de la población guatemalteca.

La Ley General de Concesiones es la continuación de la política de liberalización, desregulación y privatización de los servicios a cargo del Estado, la cual se inició con la privatización del transporte aéreo, las telecomunicaciones y la electricidad, y la concesión de la red ferroviaria. El paso que ahora se pretende dar supone una avalancha en gran escala de la privatización de servicios tales como la construcción y mantenimiento de carreteras, autopistas, viaductos, túneles, vías férreas, aeropuertos, puertos, acueductos, oleoductos, gasoductos y parques turísticos.

Supone, además, la privatización de servicios de desarrollo turístico, construcción de parques y edificios públicos, saneamiento y recuperación ambiental, correos y alimentación para hospitales, cárceles y escuelas. Incluye, también, la privatización de la extensión de pasaportes, cédulas de vecindad, licencias de conducir, la prestación del servicio de transporte colectivo, buses y trenes. Muchos de estos servicios están ya concesionados y lo que ahora se pretende es la institucionalización de la política privatizadora en el país.

En reciente conversación sostenida con el Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Guatemala, señor Félix Alfredo Méndez Correa, entre otros temas, intercambiamos puntos de vista y opiniones sobre lo que para los países y pueblos de Latinoamérica y el Caribe ha significado la liberalización, desregulación y privatización de los servicios públicos. Él tuvo la gentileza de entregarme varias publicaciones, entre ellas, un importantísimo y esclarecedor documento que contiene los principios rectores de la Alternativa Bolivariana para Latinoamérica y el Caribe, ALBA, y que en uno de sus apartados se refiere a la cuestión de las privatizaciones.

Con la liberalización, desregulación y privatización progresiva de los servicios esenciales para la población, los Estados y sus respectivos gobiernos dejan de cumplir una de las obligaciones prioritarias que tienen para con la población. Pero, además, como se dice en el referido documento, se restringe "de una vez y para siempre la intervención del Estado". Los servicios, en tales condiciones, pasan "a ser suministrados" por las empresas privadas, empresas privadas que a su vez pasan a convertir "a todos los ciudadanos en simples consumidores que al no disponer de los recursos para pagar estos servicios" quedan "excluidos de su consumo y disfrute".

Para el caso de Guatemala, en mi opinión, el proceso de liberalización, desregulación y privatización de los servicios esenciales a cargo del Estado, representa y significa el desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos. Nuestra propia realidad y experiencia nos enseña que el proceso privatizador iniciado con el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la electricidad, y la concesión de la red ferroviaria, viene a ser una parte consustancial de las políticas neoliberales a que se ha orillado al país y que ha significado un retroceso en los indicadores más sensibles para la población: los económicos y sociales. Puede decirse que en esta dirección el país permanece estancado y que se marcha hacia un retroceso económico y social más acentuado.

Los partidarios y defensores a ultranza de las políticas privatizadoras de los servicios públicos tienden a exagerar lo malísimo de los servicios a cargo del Estado y su ineficiencia. De la ineficacia y deficiencia de la prestación de los servicios públicos la responsabilidad recae por entero en el Estado y a los que perjudica y afecta es a los sectores más marginados y excluidos de la sociedad; es decir, a la mayoría de la población. En todo caso, criterios como éstos no lo pueden llevar a uno a compartir la conclusión de que la solución de este gravísimo problema pasa por el camino de las privatizaciones. Las privatizaciones hacen de los servicios públicos un patrimonio en manos del sector privado y, en tales condiciones, el acceso a los mismos sólo lo pueden tener quienes dispongan de recursos suficientes.

Ni el acentuado déficit en la prestación de los servicios públicos ni la opinión que se esgrime de que el Estado no dispone de los fondos suficientes para la eficiente y satisfactoria atención de los mismos, son argumentos valederos para justificar la privatización de los servicios. La construcción y mantenimiento de obras de interés social y la prestación de los servicios esenciales para la población son una obligación del Estado para con sus ciudadanos y para poder cumplir con esas obligaciones institucionales se ha de contar con un Estado fuerte en lo institucional y financieramente. La aprobación de la Ley General de Concesiones por parte del Congreso de la República debilita y adelgaza aún más al Estado guatemalteco. Es oportuno advertir que esta ley es parte de la política neoliberal y privatizadora que se le ha impuesto al país, política neoliberal y privatizadora que compromete cada vez más nuestra independencia y soberanía nacional y que como parte de la estrategia globalizadora le facilita a las grandes transnacionales apropiarse de servicios esenciales que sólo corresponde prestarlos al Estado guatemalteco. Las grandes multinacionales serán las principales beneficiarias de esta política de concesiones del gobierno actual.

Por esta razón y muchas otras más, ojalá que haya diputados que se opongan a su aprobación y que exijan que quede constancia histórica de quienes están a favor de la defensa consecuente de los intereses del país. Es una cuestión de elemental dignidad y decoro nacional. La alternativa para el caso de nuestro país no está en la liberalización, desregulación y privatización de las obras y servicios a cargo del Estado sino, repito, en el fortalecimiento institucional y financiero del Estado ya que es en esas condiciones en que institucionalmente el Estado puede cumplir con las obligaciones que tiene para con sus ciudadanos.

En esta dirección coincido plenamente con los planteamientos principales del gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez Frías con relación a los servicios públicos. "Los servicios públicos --dice el documento en referencia-- son para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y beneficio económico. Su prestación, agrega, no puede estar gobernada por criterios de rentabilidad sino de interés social". Estos servicios, destaca, "representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir las desigualdades sociales". La provisión de los mismos, subraya, "debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por su capacidad de pago".

En el caso de la Ley General de Concesiones lo que procede es oponerse al proyecto en tanto que es la forma disimulada de continuar en gran escala con la política de liberalización, desregulación y privatización de los servicios y pronunciarse a favor del fortalecimiento institucional y financiero del Estado para poner a ese Estado en condiciones, capacidad y posibilidades de prestarlos con eficacia y eficiencia y en interés de las mayorías de la población.

Fuente: www.lahora.com.gt


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