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Ocupaciones de fincas: la ley y la justicia
por Miguel Angel Sandoval - 1 de julio de 2004

Hay que decir que la propiedad si bien es una categoría que se respeta, lo es más el valor supremo a la vida.

Es un hecho incuestionable que en términos históricos la conquista constituye el despojo de las tierras de los habitantes originarios. En otras palabras, la actual propiedad de la tierra por un puñado de terratenientes es de origen ilegitimo, herencia de conquista. No obstante, el tema de la propiedad agraria y los derechos legítimos de los campesinos no se resuelven con la mención a la injusticia de origen.

Antes me parece necesario señalar que la distribución de la tierra en Guatemala, es contraria a cualquier proceso de democratización política real y menos a la existencia de democracia económica.

Como país no tenemos la posibilidad de desarrollar una democracia incluyente, y somos probablemente el país más desigual del mundo. Ello explica nuestro subdesarrollo. Son los datos fríos.

En una situación como la indicada hay dos problemas que se requiere resolver. Uno es el de la función social de la tierra. Como todo mundo sabe, es un derecho natural y el mismo no puede estar vedado a la mayoría de la población por el hecho originario señalado y otros que posteriormente se agregaron.

Tal el caso de la reforma liberal que expropió por la fuerza las tierras indígenas para el cultivo del café, o la contrarrevolución de 1954, y de manera mas reciente, los despojos a la sombra del conflicto armado. ¿Y donde quedó ley en estos casos?

El segundo, resolver en el imaginario de los actuales poseedores la idea que la propiedad privada es un valor absoluto, en torno al cual puede girar el ordenamiento social, político, económico y filosófico de un país cualquiera. En este caso de Guatemala. Hay que decir que la propiedad si bien es una categoría que se respeta, lo es más el valor supremo a la vida. En esta perspectiva parecería que es necesario relativizar la primera y dar su lugar lo segundo. Es una cuestión de realismo.

En otro orden, hay por lo menos otro aspecto que es necesario equiparar. Esto es que los derechos a la propiedad y los laborales deben ser igualmente respetados, y los mismos deben ser equivalentes. No puede un país respetar sólo los de propiedad y no respetar los laborales. La ecuación de justicia social no puede desbalancearse.

Para no perder el equilibrio necesario hace falta en Guatemala por lo menos tres elementos. A) que sea penalizada la violación a los derechos laborales universalmente reconocidos. B) que sea creada una legislación agraria. C) que se entienda la función social de la tierra.

Otros temas como una fiscalía de asuntos agrarios, políticas públicas para el desarrollo rural, el catastro y el registro, tendrían el carácter de complementarios a la nueva visión que se desprende de los literales apuntados. Con esto, se podría pensar en que la propiedad sobre la tierra tiene otros asideros y entonces, no representaría el factor absoluto que se cree.

Pero además con este nuevo enfoque se podría ubicar en su justa dimensión el tema de las ocupaciones de tierra y los desalojos violentos de las mismas. De una parte se entendería que la mayoría de ocupaciones son producto de violaciones al derecho laboral, otro porcentaje debido a la inexistencia de una ley agraria, y la parte restante, por la ausencia de una visión que tenga la función social de la tierra como eje y punto de partida en el análisis. Ello si queremos impartir justicia en el campo.

En otras palabras, existe ausencia de un verdadero estado de derecho, y del debido proceso en materia de conflictos agrarios, por ausencia de una noción de justicia al abordar este agudo tema. La inoperancia de las instituciones se podría ubicar en su justa perspectiva: haber sido diseñadas al servicio de los propietarios, contra las mayorías campesinas. Pero esto creo que cae de su peso.

Tomado de www.prensalibre.com


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