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Hay que regular las empresas privatizadas
por Miguel Angel Sandoval - 8 de julio de 2004

No se puede permitir que estas empresas funcionen al amparo de la impunidad.

Uno de los principales errores de la política del gobierno de Álvaro Arzú, fue el de dar rienda suelta a las privatizaciones de los principales servicios públicos. Energía eléctrica, teléfonos y serios intentos de privatizar salud y educación por vías menos directas.

Ello a pesar de múltiples expresiones de rechazo y oposición, tanto de calle como legal. Sin embargo, el resultado fue la venta a precios de cacahuate de la Empresa Eléctrica y de Guatel, convertida en Telgua, con los resultados que ya conocemos.

En los días del debate sobre la privatización, se presentaron serios argumentos en contra de vender las empresas estatales, que eran parte del ahorro nacional y el esfuerzo que generaciones anteriores nos habían legado.

En otros análisis se señalaba que las empresas eran rentables, que fortalecían al Estado y con ello, la capacidad de impulsar políticas públicas en temas como salud o educación, vivienda o infraestructura, seguridad o desarrollo humano. Sin embargo, contra viento y marea, se llevaron a cabo. A lo anterior se suma el hecho que los servicios telefónicos y eléctricos fueron seriamente encarecidos antes de su venta para hacerla más atractiva.

Los resultados los vemos ahora. El servicio telefónico no ha mejorado. Lo único es el ingreso al mercado de nuevas empresas que dan servicio de celulares, como lo hace Telgua. Pero ello no significa que tengamos mejor servicio o que los precios vayan a la baja.

Por el contrario, el precio de los celulares y de los teléfonos domiciliares es cada día más alto y ahora con intentos de poner un nuevo impuesto al ya caro y deficiente servicio. En cuanto a Deocsa y Deorsa, en la energía eléctrica, se sabe de lo absurdo de los precios que cobran, del mal servicio que prestan, y una muestra de ello son las multas por cortes frecuentes y la perdida de equipos, mientras las denuncias se acumulan. Ello con la complacencia de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Lo más relevante de estas privatizaciones, es que se producen cuando en los organismos financieros internacionales la consigna era privatizar a toda costa, pues se daba por descontado el éxito de las operaciones. Ahora las cosas han cambiado y expertos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se lamentan de lo precipitado de la ola de privatizaciones.

En el informe “Reformando la Infraestructura”, divulgado por el Banco Mundial hace varias semanas, se dice que hay ante las privatizaciones “creciente desencanto, desilusión alimentada por el despido de personas, el incremento de precios, ausencia de beneficios prometidos”. Y continúa, “hay 75 por ciento de mexicanos en contra, 90 por ciento de argentinos y 80 por ciento de brasileños” (La Jornada. 14.6.04).

A nosotros, ¿qué es lo que corresponde? Lo primero es poner freno y controles en serio a las empresas que venden servicios, eléctricos o de telefonía. No es posible la política de dejar hacer y dejar pasar ante el mal servicio y precios de insulto nacional.


En la época de las privatizaciones insistimos en lo absurdo de vender negocios rentables. Ahora, me parece que debería de impulsarse una política regulatoria de precios y, sobre todo, una de control de calidad, pues no hay que olvidar que aun siendo negocios privados son de utilidad publica, en tanto que servicios esenciales, y en este terreno corresponde a una función irrenunciable del Estado fijar las reglas del juego y no a un ilusorio mercado. A nadie más.

No se puede permitir que estas empresas funcionen al amparo de la impunidad que se ha enquistado en nuestro país. Y sobre todo sin ninguna atención al consumidor. Ante las evidencias anotadas, uno se podría preguntar con toda legitimidad: ¿No valdría la pena ir pensando en revertir las privatizaciones ante el desastre que nos dejan? Se podría recuperar parte de la soberanía perdida, llevar servicios al área rural, bajar los precios, y con seguridad serían medidas de Gobierno con serio apoyo social.

Tomado de www.prensalibre.com


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