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Violencia agraria
Por Miguel Angel Sandoval - Guatemala, 15 de septiembre de 2004

Los derechos para los indígenas son algo más que interculturalidad

El 31 de agosto se produjo un desalojo violento en una finca denominada Nueva Linda, en donde perdieron la vida 7 campesinos, 3 policías, hubo 40 heridos y alrededor de 30 detenidos, ya liberados; incluso se habla de personas desaparecidas pero a la fecha no hay datos concretos. Además una media docena de periodistas vapuleados y equipo robado con pruebas de la violencia policíaca. De entonces a la fecha voceros del gobierno han insistido en la existencia de armas de alto poder en manos de los campesinos sin poder demostrar ese dato, y queda la sensación que en Guatemala los compromisos de la firma de la paz en 1996 son algo mas que letra muerta.

De nuevo se vio con toda la claridad posible el nivel de violencia que son capaces de generar los cuerpos represivos, la existencia de leyes que no contemplan para nada los derechos campesinos y la visión propia de la guerra fría de franjas de comunicadores sociales, que en ningún momento se refieren a los compromisos incumplidos por el gobiernos en diversas ocasiones. Es la tendencia a criminalizar las demandas de los pobres. En este caso, los campesinos.

El 8 de junio de este año, en ocasión de un paro nacional, el gobierno y las organizaciones campesinas acordaron varios puntos, entre los cuales, un compás de espera de 90 días, para resolver la alta conflictividad agraria, sin nuevos desalojos y nuevas ocupaciones de tierra. De entonces a la fecha nada o muy poco se ha avanzado en este terreno.

Los principales compromisos fueron la creación de un fiscal especial para el tema agrario, revisión del Código Penal en dos artículos que se refieren a la usurpación de tierras y lo que se denomina usurpación agravada, dos figuras que de hecho no existen en otras legislaciones. Y por parte de la Corte Suprema de Justicia, el análisis detallado de cada uno de los conflictos denunciados. Es necesario subrayar que de todos los desalojos realizados por este gobierno, ninguno ha cumplido con el respeto al debido proceso, como señala la misión de verificación de Naciones Unidas en Guatemala, Minugua. Ello en una clara muestra de la ilegalidad con la que actúan los aparatos represivos del estado, así como sus instrumentos legales.

Asimismo, el Congreso de la Republica se comprometió a impulsar la elaboración de una legislación agraria, que por cierto no existe en el país. Ello junto a otras medidas legislativas necesarias, con el compromiso de constituir una comisión integrada por todos los partidos políticos que de manera general no entienden la dimensión de lo agrario. En suma, medidas transitorias que permitan de manera gradual, ir encontrando la vía para resolver el agudo conflicto agrario que vivimos en Guatemala.

Es evidente que en Guatemala existe una bomba agraria que puede explotar en cualquier momento y con cualquier modalidad e intensidad, y ello tiene su origen en la absurda estructura de tenencia de la tierra, en donde apenas un 2% de propietarios concentran mas del 60% de las tierras productivas. Sin duda se trata de uno de los países con mayor atraso en este terreno. Es la fuente mas clara de la desigualdad y la exclusión, en un país de unos 12 millones de personas con evidente vocación agrícola.

Lo mas grave sin embargo, es la visión dominante en el gobierno actual, que como se sabe, responde a los intereses empresariales y en materia agraria, a los sectores de terratenientes más tradicionales. Es un cuadro seguro para nuevos estallidos de violencia en el campo. En este contexto se habla sin mucho misterio que la finca desalojada se encuentra en una zona que forma parte del área de influencia de un megaproyecto vinculado al Plan Puebla Panamá.

Hace varios años cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, quedaba claro que se buscaba resolver las causas que habían dado origen al largo conflicto armado de mas de 36 años que sacudió al país. Y estas causas estaban de manera central alrededor de la exclusión política y económica de las mayorías, en donde el asunto agrario era sin duda, el factor de mas peso. Han pasado alrededor de 8 años y las medidas para abordar y resolver el conflicto agrario siguen a la espera de tiempos mejores.

Es por esta ausencia de voluntad para abordar la cuestión agraria que ahora se lamenta la muerte de 10 guatemaltecos en una acción represiva de las fuerzas de seguridad. De nuevo aparece la violencia social en el país y no parece que se esté en capacidad de tomar las medidas necesarias para poner un hasta aquí la exclusión en el campo, que sin duda alguna será la fuente de nuevas ocupaciones de tierras y nuevos conflictos.

Si en este cuadro se insiste por parte del gobierno en hacer respetar contra viento y marea y a sangre y fuego el "imperio de la ley" con toda seguridad en Guatemala tendremos nuevas desgarraduras, mas violencia y nuevos conflictos en donde ya no será mas el conflicto Este-Oeste la razón aparente de la violencia, sino que será la exclusión económica, el incumplimiento de los compromisos de la paz, y la falta de voluntad política del actual gobierno las razones de los nuevos sobresaltos.

A la fecha el gobierno guatemalteco sigue sin dar respuesta satisfactoria a las demandas campesinas. Los periodistas protestan por el atropello que recibieron en el momento del desalojo de Nueva Linda, y en este contexto las promesas continúan. ¿Hasta cuando?

Tomado de www.rebelion.org


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