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Letra con Filo
La Embajada de España
Por Miguel Angel Sandoval - Guatemala, 1 de febrero de 2007
mszurdo@hotmail.com

Uno de los temas de debate que consumen tinta y esfuerzos para argumentar sobre lo ocurrido el 31 de enero de 1980, en el asalto, quema y masacre en la embajada de España, es si el asalto fue o no ordenado por los altos jerarcas del Estado, o si por el contrario fue la suma de hechos azarosos sin control. Lo cierto del caso es que los defensores de la impunidad se rasgan las vestiduras para decir que fue casual o en todo caso que fue obra de la guerrilla y sus organizaciones. Las victimas dicen, y en esto llevan la razón, que fue una orden emanada de las más altas autoridades del país, encabezadas por el genocida de Lucas García.

Por ello me parece oportuno reproducir dos párrafos de un documento, conocido como el acta de Bogota o de Colombia, que constituye el compromiso para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre España y Guatemala, hace ya varios lustros.

En el punto dos se puede leer lo siguiente, “El gobierno de Guatemala reitera que lamenta profundamente los trágicos acontecimientos ocurridos el 31 de enero de 1980, en la embajada de España, con ocasión del allanamiento de que fue objeto”.

Y en el párrafo tres, dice el documento de manera textual, “El gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los Artículos 22 y 29 de la Convención de Viena y, por lo tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudiera derivarse. Las negritas son mías.

El texto del comunicado conjunto esta firmado por Fernando Morán López, ministro de asuntos exteriores de España y Fernando Andrade Díaz-Durán, en ese momento canciller guatemalteco. Adicional a ello hay un acta firmada por el presidente Belisario Betancourt, el canciller de Colombia y los embajadores de Guatemala y España, respectivamente.

Como fácilmente se puede concluir, el gobierno guatemalteco, en lenguaje diplomático acepta de manera clara el allanamiento de la sede española en Guatemala y las consecuencias jurídicas de ese acto ominoso. Lo grave del asunto es que el gobierno guatemalteco se comprometió a una investigación profunda del hecho pero a la fecha no hay nada ala respecto. Mientras que los defensores de oficio del acto brutal, sigue a la fecha ignorando el documento citado.

Creo que es ocasión para insistir en esa investigación a partir de dos hechos categóricos: el gobierno cometió allanamiento y aceptó desde 1984, las responsabilidades jurídicas que el hecho pudieran derivarse. Habría que preguntarse porque razón, a la fecha no hay nada al respecto y porque, se aceptan estas omisiones en el plano de las relaciones diplomáticas internacionales, que en efecto constituyen una expresión de impunidad.

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