Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 13 - 2016

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

De inmunidades y amparos
Por Miguel Ángel Sandoval - Guatemala, 6 de mayo de 2016
mszurdo@hotmail.com

Como se sabe, en Guatemala existe el derecho de antejuicio para funcionarios que van desde las alcaldías, las gubernaturas, hasta ministros, magistrados, jueces, diputados y el binomio presidencial. Esto en la práctica significa que los poseedores del derecho de antejuicio, no pueden ser llevados a ningún proceso judicial mientras ese derecho no sea restringido. El origen de esta prerrogativa es la idea de proteger al funcionario de acusaciones infundadas que dieran lugar a juicios maliciosos, a procesos armados por la oposición o por intereses ocultos.

En la actualidad el derecho de antejuicio se ha convertido en una cortina de impunidad en la que los funcionarios del rango que sea, lo utilizan como cobertura para realizar sus fechorías. No todos por supuesto, pues de tiempo en tiempo se encuentran funcionarios honrados.

Pero ahora, utilizando otro recurso igualmente disminuido por el uso abusivo que del mismo hacen los corruptos, el magistrado Cherchal, implicado en el escándalo TCQ, se amparó ante la Corte de Constitucionalidad CC, en contra del organismo judicial pues teme que el alto organismo falle quitándole el escudo del antejuicio a demanda del MP y pueda entonces ir delante de un tribunal para explicar sus actividades.

Queda la impresión que en este caso la impunidad es la reina y señora de este numerito que solo en apariencia tiene alguna probabilidad de ser legal. En dos platos, la CC debería rechazar el amparo a este magistrado que visiblemente está implicado en el caso de TCQ, y luego los magistrados deberían quitar los obstáculos para que esta joyita fuera ante los tribunales. Es de elemental justicia.

Parecería que en situaciones extremas como esta, el acusado o señalado, no debería gozar del beneficio que establece que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso la norma debería ser: es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Es el peso de la investidura lo que se debe juzgar.

www.albedrio.org


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.