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Una agenda para el Congreso en 2018
Por Miguel Ángel Sandoval - Guatemala, 3 de enero de 2018
mszurdo@hotmail.com

"la ley electoral, que debería dar paso a la propuesta del TSE a efecto de blindarla"

Es un hecho que no necesita de mucha o mayor comprobación, que el congreso y sus inquilinos no tienen el favor de la opinión ciudadana. Son considerados desde hace mucho tiempo, como la última tecla de la marimba, como corruptos irredentos. No son de fiar en nada y para nada. No es cierto que legislen para el pueblo o que se deban al pueblo. Salvo unos pocos, el resto es realmente para el olvido. No merecen siquiera que uno les dedique alguna nota. Y salvo el fugaz intento de 2016 con el inicio de la nueva legislatura, lo demás es realmente deprimente.

Pero de todos modos constituyen un poder del estado que tenemos y por ello se les debe tomar en cuenta, aunque sea para cuidarlos de cerquita a efecto que no hagan más chanchadas o burradas, pues la mayoría de las veces eso es lo que hacen. A las pruebas y los datos nos remitimos. Ahora bien, hay una agenda legislativa que tenemos de urgencia como país y es momento de exigir a los diputados que la impulsen, aunque no sea de su interés o su conveniencia.

Sin orden de prioridad menciono la ley de Servicio Civil, la ley de Aguas, la ley de derechos de los pueblos indígenas, una ley para el desarrollo rural y por supuesto, las reformas constitucionales al tema de justicia, sin que falte la ley electoral y de partidos políticos. Con este paquete estaríamos dando pasos hacia una sociedad democrática y dejaríamos atrás la bestia que aún sobrevive en los pasillos del caserón de la novena avenida.

Son apenas 6 leyes que le carían un contenido diferente a la democracia guatemalteca pues con ello se estaría superando el clientelismo electoral (la administración pública como botín) con la ley de aguas de evitaría el robo de ríos, por ejemplo. La ley de pueblos indígenas nos introduciría en una sociedad más incluyente, igualitaria, con mayor participación política de la población maya que constituye la mayoría de la población guatemalteca.

El tema del desarrollo rural es algo en lo que no hace falta insistir. Y por supuesto se impone la aprobación de las reformas constitucionales a la justicia. Con estas reformas se daría paso a considerar otros temas que están en la mesa nacional: somos un país con por lo menos un tercio de población y de población económicamente activa en la agricultura, y más de 1500 conflictos latentes, pero sin ley agraria, sin fiscalía agraria y sin tribunales agrarios. Todo se criminaliza y se penaliza en el marco de una ley hecha por los finqueros.

Por ultimo está pendiente la ley electoral y de partidos políticos, en lo que sin mucho discutir se debería dar paso a la propuesta del TSE, a efecto de blindar la ley de las trampitas de última hora por diputados que ven como la aprobación de una ley como la que en realidad quiere la sociedad, limita las posibilidades de negocios, transas y toda clase de tracalerías de muchos diputados que ya es tiempo que dejen su lugar a nuevas generaciones que trabajen por el bien común como lo dice el artículo uno de la constitución política de la república.

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