Justicia guatemalteca
Por Sam Colop - Guatemala, 26 de noviembre de 2008
El segundo vicepresiden- te del país, doctor Rafael Espada, dijo la semana pasada que el “sistema judicial es el más corrupto”. Escribo segundo vicepresidente porque, de hecho, la Vicepresidencia la ocupa Sandra de Colom, cuyas órdenes cumplen sin chistar los diputados de la UNE. Pero volviendo a lo dicho por el doctor Espada, no deja de tener razón, y eso que la Asociación de Jueces y Magistrados exigen pruebas es solo para lo que ellos mismos señalan: desviar la atención. No se necesita ser abogado litigante para darse cuenta de cómo funciona la justicia chapina, que está al servicio del mejor postor. Por ejemplo, al genocida Efraín se le otorgó un arresto domiciliario de hule con relación a lo que otros llaman “Jueves Negro”; al ex prófugo Alfonso Portillo se le impuso una fianza simbólica y al dipucaco Meyer hasta se le sigue manteniendo después de los Q82.8 millones.
Viene esto a mención por lo reportado la semana pasada por Prensa Libre (22/11/08), donde se informa que una persona lleva un año en la cárcel, acusado de haber robado Q60. Es decir, Q60 valen más que Q82.8 millones y que los Q120 millones de desfalco señalados al ex presidente Portillo. No, si lo que se dice popularmente que en este país robar una gallina puede costar la vida no es exageración, mientras que robar millonadas hasta es premiado con puestos de elección popular, como amenaza ahora Portillo y lo disfruta Eduardo Meyer. Lo peor del caso de Rolvin Malfredo Pérez Álvarez, encarcelado en Jutiapa, es que la parte ofendida dice que no fue él quien se robó los Q60; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación pide que a Pérez Álvarez se le condene a 7 años de prisión y pago de tratamiento sicológico a la menor a quien supuestamente robó ese dinero. El Ministerio Público ha hecho lo correcto al solicitar la absolución del acusado, y quien debe pedir resarcimiento, en todo caso, es Pérez Álvarez. Lo que causa preocupación, por decirlo de algún modo, es que según un abogado entrevistado, el Organismo Judicial gasta Q300 mil en casos que llegan a juicio oral, a lo que habría que sumar los gastos de alimentación del acusado mientras se encuentra en prisión. La justificación de la querellante adhesiva que solo cumple con un mandato legal, también deberían aplicarlo en casos como el de Portillo y Meyer, pero ahí sí caen en demencia, negligencia o impericia.
Por eso tiene razón el papá del sindicado de robar Q60 al decir: “Si al ex presidente Alfonso Portillo lo dejaron libre por haberse robado millones de quetzales, por qué a mi hijo lo tienen en la cárcel aún y cuando está comprobado que no tuvo nada qué ver en el robo”. Desafortunadamente, así funciona la justicia guatemalteca.
Fuente: www.prensalibre.com.gt |
