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TLC en Costa Rica: entre el miedo y la razón
Por Susana Gauster* - Guatemala, 21 de septiembre de 2007

Pasado un año de la entrada en vigencia del CAFTA, y mientras en Costa Rica se está tomando la decisión de aceptar o no este Tratado de Libre Comercio, en Guatemala ya se pueden evaluar las primeras tendencias de lo sucedido.

Concentrándonos en dos de los sectores económicos más relevantes y polémicos, ¿qué ha pasado?

En la agricultura, si bien los incrementos en los precios internacionales de los granos básicos, que se trasladaron en cierto grado a los productores nacionales, evitaron que se dieran los efectos anteriormente esperados en las y los pequeños productores de granos básicos, se pudo notar un incremento considerable en las importaciones de los granos, vinculado con un incremento todavía mayor en los precios al consumidor. Esto desmiente la promesa que con la liberalización se fueran a mejorar los precios al consumidor, y muestra que de ninguna manera los beneficios del libre comercio se estén trasladando a la población. Mientras el oligopolio de empresas importadoras está celebrando…

El no pago de aranceles de estas pocas empresas que concentran las importaciones de los granos básicos y como tal también las cuotas de los contingentes de 0 arancel, ha implicado un subsidio indirecto enorme a pocos mientras el fisco y en consecuencia la capacidad de inversión pública está sufriendo las consecuencias de dejar de percibir estos impuestos a la importación. Para visualizar este hecho: Una empresa importadora de maíz blanco (la filial del Grupo MASECA en Guatemala), que bajo dos formas jurídicas importó el 95% del maíz blanco que entró a Guatemala en 2006, y se llevó el 80% del contingente de 0 arancel, ahorró alrededor de Q. 4 millones por no pagar el arancel que el año anterior todavía les había tocado pagar; los tres grupos de capital que dominan las importaciones de maíz amarillo dejaron de pagar alrededor de 15 millones al fisco a raíz de la apertura que ofrece el CAFTA. Mientras tanto, el Programa de Granos Básicos del Vice-Ministerio de Seguridad Alimentaria del MAGA, programa a cargo de atender más de medio millón de pequeños productores de granos básicos, tiene actualmente (para el año 2007) una asignación presupuestaria de 3.3 millones de Quetzales…

Sin embargo, el golpe más fuerte viene de otro rubro. En lugar de asentarse la ansiadamente esperada inversión extranjera, ésta nos está dando una lección que significa el libre comercio en estos días: la empresa transnacional estadounidense RDC (Railroad Development Corporation) está demandando al Estado guatemalteco por haber declarado lesiva una concesión otorgada en 1997; concesión que tuvo un costo de $ 15 millones y que implicaba derechos de la vía por 50 años y la obligación de modernizar el sistema ferroviario. A pesar de que esta modernización nunca se dio y de que RDC nunca haya hecho funcionar los trenes, ahora está demandando, de acuerdo al Capítulo 10 Inversiones del CAFTA, al Estado Guatemalteco por $ 65 millones: $ 15 millones por el valor de la concesión y $ 50 millones por “expropiación indirecta”, quiere decir ganancias a futuro perdidas por la rescisión del contrato. Hace unos días el Ministerio de Economía solicitó un rubro presupuestario para 2008 del monto solicitado por RDC, lo cual hace pensar que la demanda vaya a tener éxito. Este caso no solo hace reflexionar por el medio billón de Quetzales que probablemente se donará a la empresa en mención: sienta también ya un caso paradigmático para cualquier otro “obstáculo” que se pudiera meter a una inversión de aquellas que nada traen y mucho sacan del país – permisos de exploración y explotación de recursos naturales como la minería o el petróleo.

Resumiendo, los fondos públicos guatemaltecos en el marco del DR-CAFTA se están distribuyendo de la siguiente manera: Q. 500 millones para una Multinacional Estadounidense; Q. 18 millones para cuatro importadoras de maíz (como un ejemplo de varios), y Q. 3 millones para el sector reconocido como el más afectado por la apertura comercial y en particular el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

¿Será por eso que el pueblo costarricense no se quiere decidir por el SÍ al TLC? ¿Será por eso que en Costa Rica, de cara al referéndum del 7 de octubre, sea necesario “estimular el miedo” en la población, y dejar claro que “el alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 3 años” como lo proponen Kevin Casas, Vice-Presidente y Fernando Sánchez, diputado del partido oficial en un memorandum al Presidente Oscar Arias; ante una realidad reconocida por ellos mismos en la que “la coalición que tenemos en contra es formidable” y en la que “los niveles de credibilidad del gobierno (son) probablemente insuficientes para conferir legitimidad a un proyecto tan controversial”?

¿Será por eso, que la única forma de “convencer” a las poblaciones de las “bondades” del libre comercio en estos días es ejerciendo represión?


* Susana Gauster, investigadora de CONGCOOP y Mesa Global de Guatemala así como analista económica de albedrio.org

www.albedrio.org


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