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Movimiento ambientalista espera un año difícil
Por Selvin Girón - Guatemala, 7 de febrero de 2007

• Stein: « Nos preocupa el Frente Nacional Contra las Represas »

• 265 licencias mineras esperan aprobación en el MEM


• Explotación de níquel en Cuba: equidad y contaminación

El vicepresidente Eduardo Stein Barillas desató una controversia a raíz de declaraciones dadas a la prensa local, al indicar que al gobierno le preocupan posibles focos de ingobernabilidad, uno de éstos creado por organizaciones que se oponen a las hidroeléctricas. El área geográfica de estos proyectos energéticos coincide con la nueva ruta del narcotráfico detectada por el gobierno, donde convergen intereses por la explotación de petróleo, minería, recursos hidrícos y ciertos megaproyectos. En esa zona, el gobierno expresa temor por la posible filtración de capital de «narcos» para financiar campañas políticas municipales. En ese contexto, se señala a dos frentes ambientalistas como posibles focos. Mientras Stein habla de intereses de tipo conspirativo, organizaciones ambientalistas, la Iglesia Católica y expertos en el tema señalan que las declaraciones son irresponsables, están orientadas a promover el saqueo de los recursos naturales e incrementar la pobreza y la violencia. La intimidación y atentados contra activistas empiezan a evidenciarse, mientras los funcionarios siguen otorgando licencias y concesionando recursos no renovables.

FOCOS DE INGOBERNABILIDAD. Lo declarado por el vicepresidente Eduardo Stein fue reproducido por el diario elPeriódico (11/1/07), artículo en el que se definen los focos de ingobernabilidad para este año electoral.

Según Stein , « otro de los problemas que prevé el gobierno es el surgimiento de dos frentes ambientalistas que se opondrían a la construcción de hidroeléctricas en el país y que bloquearían los proyectos de construcción de las represas de Xalalá y Serchil . Stein señaló que una de estas organizaciones recibe financiamiento de una organización española, lo que la hace más fuerte.» (sic), cita el artículo.

Hay que recordar que la hidroeléctrica Serchil, se proyecta construir río arriba de Xalalá, en la cuenca del Chixoy, en los departamentos de Quiché y Alta Verapaz.

Al ser consultado por Inforpress sobre esas declaraciones, el vicepresidente Stein consideró que se le había citado mal y que en ningún momento se trató de cuestionar la labor de las organizaciones ambientalistas .

Stein considera que el comentario se refería a situaciones donde se asumen temas ambientales , para plantear acciones públicas de oposición y nos preocupa en el tema de energía, ante todo este Frente Nacional Contra las Represas, sobre todo porque la mayoría de las comunidades están pidiendo energía más barata y esa es la de las hidroeléctricas.*

El artículo de marras documenta que entre los aspectos que el gobierno pondrá énfasis… están los municipios que serán asediados por el crimen organizado durante la campaña electoral... es muy probable que circule dinero para financiar candidaturas.

En otro artículo de la misma edición de ese diario, Stein señaló que los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Quiché, así como el municipio de Ixcán, Quiché, son las nuevas rutas del narcotráfico, ruta que inicia en el nororiente del país.

En el caso de la zona de Ixcán, ahí se planea realizar los proyectos hidroeléctricos citados, pero ambos han sido rechazados por las comunidades organizadas a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo ( COCODES ).

A una pregunta lanzada por Inforpress sobre si realmente podrían representar ingobernabilidad estos frentes ambientales, Stein respondió: en la medida en que son expresiones organizadas, legítimas y amparadas en la Constitución , toda organización tiene derecho a mostrar su insatisfacción con un determinado recurso de política pública.

Ese no es el problema, el problema es que (existen) , otros intereses incluso de tipo conspirativo que se están aprovechando de la buena fe de organizaciones ambientalistas que en su legítimo derecho están defendiendo su visión de respeto y cautela sobre nuestros recursos naturales y puedan estar planteando otro tipo de dificultades para el Estado guatemalteco, añadió.

Al ser consultado para conocer si se ha identificado a grupos con intereses no acordes a las organizaciones ambientalistas, Stein dijo: tenemos la presunción que en las nuevas rutas del narcotráfico se podría encontrar presión para que no haya presencia gubernamental.

RECHAZO A LAS DECLARACIONES. Los activistas del Colectivo Madreselva, han mostrado su malestar frente a la declaración emitida por Stein , al sentirse aludidos de ser posibles focos de ingobernabilidad que podrían afectar el proceso electoral.

De acuerdo con la representante de esa organización, Magalí Rey Rosa , Tal vez algunos funcionarios de nuestro actual gobierno nos consideran peligrosos porque estamos cuestionando proyectos que afectan su bolsillo de manera directa. ¿No serán ellos los responsables de la ingobernabilidad, cuando insisten en imponer a la fuerza proyectos que la mayoría de la población rechaza? (Prensa Libre, 19/1/07 ).

En ese sentido, José Chacón , activista del Colectivo Madreselva, considera que los argumentos de Stein son correctos, que las hidroeléctricas y proyectos para explotar recursos naturales como el petróleo o los megaproyectos, serán potencial polémica en lo que queda del gobierno de la Gran Alianza Nacional ( GANA ).

Nosotros responsabilizamos de esa posible ingobernabilidad a los funcionarios del gobierno, por imponer proyectos que dañan el ambiente, sin consultar o tomar en cuenta la opinión de la gente , dijo Chacón .

Para Madreselva las declaraciones de Stein son irresponsables, argumentando que como organización se ha manifestado públicamente la preocupación por la instalación de proyectos para la explotación de recursos naturales y que en ese contexto el vicemandatario criminaliza el reclamo y la protesta social.

La mayoría de esos proyectos responden a los intereses transnacionales y de sectores oligarcas, en intimidad con el gobierno. La conflictividad es responsabilidad de quienes pretenden instalar proyectos contra la voluntad de las comunidades , cita un comunicado de Madreselva. En esa crítica, también destaca que no todas las organizaciones ambientales se encuentran dentro del mismo marco.

Para el activista José Chacón en los grupos ambientalistas se ha identificado a grupos que dicen serlo pero que lo que hacen es defender la explotación de los recursos naturales.

Una de las cosas que se han identificado es que hay activistas que se dicen ambientalistas, pero en realidad defienden los intereses de las transnacionales, la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (ASOREMA), es una de esas organizaciones, dijo Chacón .

En ese contexto, cabe destacar que ASOREMA es patrocinada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ) y cuenta con 24 organizaciones representadas, en algunos casos, por funcionarios públicos.

* El Frente Nacional Contra las Represas ( FNCR) , reúne 36 organizaciones en ocho departamentos de Guatemala, entre ellas encuentran Alianza por la Vida y la Paz , la Asociación de Mujeres Ixmucané, la Federación Luterana Mundial y el Centro de Investigación y Educación Popular ( CIEP ); la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas ( UVOC ), de Baja Verapaz; el Comité de Desarrollo Campesino ( CODECA ) de Retalhuleu; Frente Petenero contra Represas; Pastoral Social de Ixcán; Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa de Chixoy; Pastoral Social de Cobán; Derechos en Acción; Municipalidad de Ixcán; Puente de Paz, Ixcán ( PP ); Servicios Jurídicos Sociales ( SERJUS ); Fundación Guillermo Toriello ( FGT ); Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud ( A.C.C.S.S .)

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? Uno de los ejes que se planteó desde sus inicios el gobierno de la GANA , fue impulsar la economía a través de la promoción y protección de la inversión extranjera en proyectos energéticos y de extracción de recursos naturales no renovables, para lograr el crecimiento económico del país. Sin embargo, esa protección que no estima costos sociales ni ambientales, promueve la ingobernabilidad aseguran activistas y expertos en el tema.

Por lo que se ha visto hasta ahora, el eje del problema no es oponerse a las hidroeléctricas, es bien sabido que son preferibles estos proyectos a seguir operando termoeléctricas. Las represas no sólo abaratan los costos de producción de electricidad, sino que la generan de manera más limpia, pero en su construcción siempre hay riesgos y peligros ambientales.

Uno de los problemas que se advierte es que mientras los proyectos sean manejados de manera privada, las tarifas del servicio tienden a incrementarse; la electricidad no beneficia a las comunidades directamente y más bien es para exportación; se reducen las finanzas públicas, pues los proyectos se construyen con varias exenciones impositivas para incentivar a los inversionistas (Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, Decreto 52-2003).

Se advierte también, que estos proyectos deben ser aprobados con la venia de las comunidades y para su servicio, lo cual no ha ocurrido.

En el caso de las licencias mineras, otro tema en la picota, a diciembre de 2006, el Ministerio de Energía y Minas ( MEM ) mantenía la vigencia de 356 licencias, 123 de exploración y 1 de reconocimiento, las 232 restantes ya explotan los recursos.

Otras 265 licencias se encuentran en trámite en el MEM , 135 para explotación, 124 para exploración y 6 de reconocimiento.

El problema es que se siguen otorgando licencias, apoyando la construcción de proyectos en concesión a sociedades ánonimas, sin estimar la opinión de las comunidades que se ha emitido en consultas populares.

Recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala ( CEG ), Álvaro Ramazzini, solicitó a los congresistas que legislen para que se detengan esas acciones.

En el marco de las consultas populares registradas en departamentos como Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula, Zacapa y Alta Verapaz uno de los resultados es el rechazo de los proyectos hidroeléctricos, mineros y petroleros por considerarlos dañinos para el ambiente y otorgarse con privilegios e irregularidades.

De acuerdo con datos del MEM , esos departamentos concentran el mayor número de licencias mineras: Zacapa 16, San Marcos 12, Huehuetenango 46, Quiché 12, Izabal 25, Alta Verapaz 26, Baja Verapaz 20, El Progreso 56 y Chiquimula 24, sin tomar en cuenta la lista que está en trámite.

Un caso de irregularidades fue la división del Estudio de Impacto Ambiental ( EIA ) para el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel ( CGN -Skye Resources), que además afecta a pobladores de cinco comunidades que alegan propiedad histórica de las tierras donde se asientan las licencias (ver cuadro).

CONFLICTOS EN AUGE

La actividad minera en Guatemala, representa el 9.6% del Producto Interno Bruto ( PIB ). En San Marcos se encuentra la mina de oro Marlin , explotada por la canadiense Gold Corp. y su subsidiaria Montana Exploradora . Un grupo de vecinos y trabajadores de la mina al enterarse de las jugosas ganancias, bloquearon el camino a la mina, exigiendo una nivelación por los terrenos vendidos.

La contaminación de un río, rajaduras de casas entre otras demandas, han hecho que la minera promueva a través de la televisión nacional proyectos que serán de beneficio de las comunidades.

Notisiete en su emisión nocturna, anunció el 30 de enero, que Montana Exploradora firmó acuerdos para la creación de un centro de salud. Maritza Ruiz , presentadora del noticiero, también es encargada de Comunicación y Relaciones Públicas de la minera.

En relación con las protestas, el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en San Marcos, Carlos Martínez , comentó: 15 trabajadores fueron despedidos, 12 de ellos participaron de los bloqueos y tres niegan su participación, aducen que su ausencia se debió a los bloqueos .

En El Estor, Izabal, el proyecto minero Fénix mantiene tensas las relaciones entre los vecinos, quienes han manifestado su preocupación por un grupo de 60 a 70 comerciantes denominados los Defensores del Pueblo, al parecer dirigidos por el alcalde municipal, que se han armado para intimidar y limitar las acciones de los manifestantes.

Igual situación se vive en el municipio de Jocotán, Chiquimula, donde organizaciones y población del lugar se oponen a proyectos hidroeléctricos y de minería a cielo abierto. De acuerdo con un comunicado de prensa (25/1/07) de la Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas y Ch´orti´/Plataforma Agraria y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Camotán ( COMACH ), el alcalde de Jocotán, Ramón Díaz , y personeros de la empresa que quiere construir una hidroeléctrica en el lugar, fueron obligados por la población de Jocotán a firmar un acta en la que se comprometen a no permitir la construcción de proyectos de Hidroeléctricas y la actividad de extracción de minerales a cielo abierto en el municipio… decisión que debe ser respetada por los alcaldes venideros, así mismo, el alcalde se comprometió a enviar dicho acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, y entregar copia de recibido a las comunidades (sic).

CONFLICTIVIDAD AMBIENTAL Y VIOLENCIA. La situación de conflictividad y violencia creada en el marco de los conflictos por tierras y la problemática ambiental, fue expuesta por la CEG en un comunicado de prensa.

Según la máxima instancia católica , la conflictividad agraria ha llegado a su expresión más violenta en los desalojos de fincas e indica que el campo de la ecología es un potencial espacio de conflicto, además que en algunos lugares ha sido ocasión de violencia mortal ( Comunicado de Asamblea Plenaria anual 22, al 26 de enero 2007).

Analistas consideran que se está pasando por sobre la autonomía de las municipalidades y de las personas organizadas en los COCODES , no se toma en cuenta la opinión emitida y respaldada por el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ).

La gente está haciendo valer sus derechos, utilizando las consultas populares, si el gobierno no pone atención y admite, ellos estarán promoviendo la ingobernabilidad , dijo Chacón .

Pero la violencia también toca las puertas de las organizaciones ambientalistas. Un atentado contra Carlos Albacete y Piedad Espinoza , codirectores de la organización Trópico Verde , ocurrido el 10 de enero el mismo día en que Stein dio sus declaraciones, indica que los ataques y amenazas de muerte contra los activistas se ha convertido en una práctica que representa la ingobernabilidad.

Trópico Verde es una organización que vela por la seguridad de la Reserva de la Biosfera Maya en Petén y ha denunciado continuamente la usurpación de las tierras por ganaderos y presuntos narcotraficantes ( Amnistia Internacional 16/1/07). Paralelamente, la organización también se ha pronunciado contra la construcción de hidroeléctricas y la exploración petrolera en Petén.

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