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 Caso Embajada de España: ¿Resarcimiento o Justicia?
Por Selvin Girón - Guatemala, 17 de febrero de 2007

• PNR entregará Q24 mil a familiares de fallecidos

• Menchú: « Justicia es lo que se demanda, no dinero »

• PNR ejecutó Q121 millones en 2006

El anuncio de resarcimiento para las víctimas de la tragedia ocurrida en la Embajada España el 31 de enero de 1980, avivó de nuevo, el incloncluso debate histórico sobre la responsabilidad de lo que allí sucedió. El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) fue señalado en su momento de favorecer a allegados y afines, sin embargo, el hecho de que una instancia gubernamental empiece a resarcir económicamente a familiares de las víctimas, deja clara la responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Para analistas y afectados el pago es un gesto simbólico a través del cual el Estado reconoce los hechos aunque todavía no se haga justicia. Ésta parece ser la demanda que todavía no encuentra asidero, por lo que la Premio Nobel de la Paz , Rigoberta Menchú ha dicho que no aceptará el dinero, pues considera que «es humillante» cuando los presuntos responsables siguen libres.

ANUNCIAN RESARCIMIENTO. El 29 de enero el PNR anunció que entregará Q24 mil a cada familia de los 37 fallecidos el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España.

Esta decisión tiende a verse como el reconocimiento de parte del Estado, en la participación directa en los hechos. Según el analista Miguel Ángel Sandoval, en un documento conocido como el Acta de Bogotá, en el punto dos se cita: « El gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena y, por lo tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ellos pudiera derivarse »

Para Sandoval, «l o grave del asunto es que el gobierno guatemalteco se comprometió a una investigación profunda del hecho pero a la fecha no hay nada al respecto » (www.albedrio.org 01/02/07).

Rodrigo Carrillo, del PNR , al ser cuestionado sobre el origen de la decisión de resarcir, dijo que es parte integral del programa, y que se pensó desde que se instaló la instancia.

¿Y LA JUSTICIA? Los afectados demandan justicia integral, que incluya captura, juicio y condena en contra de los responsables, mientras señalan que el resarcimiento económico es de beneficio en ciertos casos, pero no sana el vacío que ocasionó la pérdida humana.

En el caso de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum , ha dicho públicamente que no aceptará un pago que busque comprar su voluntad.

Exigimos que la Corte de Constitucionalidad actúe para faciliar la justicia... no aceptaré un resarcimiento que pretenda humillarme o que traiga un chantaje para que me calle , dijo Menchú a la prensa ( Asociated Press 05-02-07)

Se ha señalado que el pago que da el PNR puede prestarse al juego político, debido al momento coyuntural y a la mala imagen del gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional ( GANA ) en lo que va de su gestión.

DECISIÓN DE ESTADO. Con el resarcimiento tiende a desvanecerse el argumento que grupos conservadores han sostenido, diciendo que se trata de «la izquierda resarciendo a sus integrantes».

Según el presidente del Grupo de Apoyo Mutuo ( GAM ), Mario Polanco, el pago representa parte del resarcimiento integral, pero los demandantes exigen justicia internacional, por eso se ha llevado el caso a la Corte española .

La denuncia en la Corte española se inició en 1999, cuando Menchú presenó el caso, siendo éste aceptado para los casos de las víctimas directas.

En 2005 se aceptó llevar el caso por genocidio, siendo la Audiciencia Nacional Española quien girará la orden de captura contra el ex presidente Romeo Lucas García (quien habría muerto en Venezuela en 2006), el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz , ex jefe de la policía Germán Chupina Barahona y ex jefe del comando seis, Pedro García Arredondo .

Se conoce por los medios de comunicación que Alvarez Ruiz y Arredondo son prófugos de la justicia.

Los mencionados son los presuntos responsables de dar la orden para incendiar la Embajada de España, mientras que la misma orden de arresto internacional que giró la Corte va en contra los generales Efraín Ríos Montt y Ángel Aníbal Guevara , además de los generales retirados Bendicto Lucas y Óscar Mejía Victores .

Montt, Benedicto Lucas y Mejía Víctores están protegidos por un recurso de amparo planteado en la Corte de Constitucionalidad, sumándose una nueva orden de amparo presentada por el abogado de Guevara, quien se encuentra recluido en el Hospital Militar ( La Hora 06-02-07)

Se conoce por una fuente confiable que Mejía Victores se pasea por su vecindario sin temor a ser aprehendido , dijo Polanco , al referirse al alto índice de impunidad que reina en el país.

La demanda pretende juzgar crímenes como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado durante los 36 años del enfrentamiento armado interno.

UNA TRETA DE CORTE POLÍTICO. Cuando arrancó el PNR en 2003, que era un año electoral, se comentaba que la izquierda buscaba resarcir a sus militantes, tres años después se critica el desempeño del programa y es señalado de actuar con tono político.

Juan José Hurtado, miembro del movimiento Convergencia 31 dijo: en el caso de la represión, ésta responde a qué tan amenzado se siente el Estado-Gobierno ante un posible triunfo de movimientos sociales... el resarcimiento de las víctimas puede entenderse como un tinte político, tratando de mostrar todos los puntos a favor en el clima electoral que viene.

Para Hurtado, el Estado está asumiendo la responsabilidad por los fallecidos en el conflicto.

De la culpabilidad no hay duda, lo que sucede es que prevalece la impunidad, mientras se continúa con la represión selectiva, para crear temor, dijo Hurtado .

Para el ex canciller Édgar Gutiérrez , quien participó en la instalación del PNR , el rechazo de Menchú demuestra que el gobierno no ganó imagen: mi impresión es que ese resarcimiento fue un intento fallido de levantar la imagen, quizá sirve para efectos de presentaciones internacionales, dijo.

Agregó: y es que debemos recordar que por su origen social y familiar, gran parte de los funcionarios del Ejecutivo pertenecen al sector «duro» del sector privado, aquel que fue beligerante, incluso, que tomó parte activa en escuadrones de la muerte en el conflicto armado interno.

Ejecución del PNR

El PNR ejecutó durante 2006 Q121 millones (ver recuadro), cabe destacar que 50% de ese monto, se ejecutó en 12 proyectos en diciembre, beneficiando a 2,279 personas, mientras que de enero a octubre de 2006 se ejecutaron 12 proyectos de pago y se benefició a 2,142 personas, haciendo un total de 4,421 personas resarcidas con un 40% de ejecución del programa. La ejecución de diciembre priorizó los departamentos de Mazatenango, Chimaltenango, Baja y Alta Verapaz, Huehuetenango, El Quiché, Sololá, El Petén, San Marcos, Zacapa y Guatemala.

Recuadro

Desglose de resarcimiento 2006 en Q

Exhumaciones

7,245,241

Acompañamiento psicosocial

3,958,741

Resarcimiento económico

109,833,014

TOTAL

121,087,735

Fuente: PNR

 

Resaltando el actuar con fiResaltando el actuar con fines políticos, los lugares donde se entregó resarcimiento, responden a los más afectados durante la guerra interna y, donde se discuten temas como la minería, petróleo, megaproyectos e hidroeléctricas, empresas de alto interés económico para la élite oligarca del país.

EL CONTEXTO POLÍTICO. La toma de la Embajada de España tuvo como objetivo denunciar y hacer pública local e internacionalmente la represión y contrainsurgencia que se daba en el campo y que hasta ese momento en los centros urbanos y la capital, era «desconocida».

Una de las falencias en cuanto a información, era que la prensa no informaba mayor cosa, y en general se conocía poco lo que estaba sucediendo.

Según analistas, a raíz de la masacre la situación de Guatemala se abrió completamente y la presión internacional empezó contra el gobierno. A la vez, las acciones de grupos de «ultraderecha» se intensificaron especialmente en una crítica abierta al gobierno de Estados Unidos.

Esto se debió a que el gobernante estadounidense de ese entonces, James Carter , no apoyaba al gobierno de Lucas García .

En este contexto, actuó el Movimiento de Liberación Nacional ( MLN ), que aunque no gobernaba, era un poder paralelo financiado por empresarios de la oligarquía, y acusaba al gobierno de Carter y al Departamento de Estado de ser comunistas y apoyar a la izquierda guatemalteca y de abandonar al gobierno militar de Lucas.

Sobre el actuar de la prensa, Gutiérrez tiene una visión bastante crítica. En la actualidad, el tema de la Embajada de España no se ha abordado con mucha seriedad y profundiad.

Los grupos de derechos humanos y movimientos sociales están, creo que por primera vez en 25 años, fuera del radar de los medios (...) hablamos de resarcimiento en una coyuntura en que nuevamente se siembra vientos para cosechar tempestades. Por esta vía sólo espero que dentro de 27 años no estemos otra vez hablando de resarcir a las víctimas que anuncian estos vientos de represión, sentenció Gutiérrez .

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