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Agresiones y denuncias contra ambientalistas por denunciar contaminación
Por Selvin Girón - Guatemala,30 de marzo de 2007

• Montana Exploradora acciona legalmente contra Colectivo Madreselva

• Persiste invisibilización de procesos de consulta comunitaria


• Amenazas y asesinatos contra ambientalistas sin aclararse

La denuncia que presentó la empresa Montana Exploradora contra el Colectivo Madreselva ante el Ministerio Público, reanuda el debate por la supuesta contaminación que esta empresa estaría ocasionando en el río Tzalá, en San Marcos. Según analistas, estos hechos muestran que el movimiento social y ambientalista está siendo criminalizado y la impunidad permite a empresas transnacionales, intimidar y asesinar a líderes y ambientalistas que denuncian la contaminación. Otro caso parecido ocurre en Rubelsanto, donde opera Perenco, empresa petrolera que ha mantenido un contrato de explotación mientras se resuelve la denuncia que hizo KLP Industries Inc., contra el gobierno a finales de 2005, cuando en un proceso poco claro, se le revocó la licitación ganada por 25 años para la explotación de petróleo en los yacimientos citados. Varios pobladores han sido agredidos y asesinados por personas que se conducen en vehículos agrícolas sin que hasta la fecha se conozca quiénes son los responsables. De acuerdo con algunos artículos publicados por un diario local dan cuenta de que estos hechos estarían vinculados directamente con el hecho de que las personas agredidas habrían mostrado a un periodista de origen alemán, los sitios que la empresa habría contaminado. El mismo periodista fue víctima de amenazas.

CRIMINALIZAR EL MOVIMIENTO SOCIAL. Al parecer, el patente apoyo del actual gobierno hacia empresas extranjeras bajo el argumento de promover las inversiones, ha generado que éstas no escatimen en acciones para legitimar sus actividades comerciales, aunque en distintas oportunidades, se ha evidenciado que no siempre se han apegado a las leyes vigentes en el país.

El 9 de marzo, el gerente de la Empresa Montana Exploradora y Entre Mares de Guatemala, Milton Saravia , presentó una denuncia ante el Ministerio Público ( MP ), contra de Flaviano Bianchini y María Eugenia Solís , activista y representante legal respectivamente, del Colectivo MadreSelva ( CM ), en donde se les acusa de varios delitos.

La denuncia se presentó a raíz de que los citados activistas, elaboraron un estudio en el que supuestamente se evidenciaba que la empresa minera estaba contaminando el río Tzalá ( Inforpress 1688).

Saravia afirmó que el estudio que realizó el Ministerio de Energía y Minas ( MEM ), demuestra que no existe contaminación en el cauce del Río Tzalá ( Prensa Libre 09/03/07).

Alfredo Cabrera , representante legal de Montana, explicó que la denuncia será por seis delitos, entre ellos, usurpación de funciones y de calidad, falsedad material e ideológica, simulación de delito y desprestigio comercial.

Esta denuncia se plantea según Cabrera, como una respuesta a la denuncia que hizo el CM ante la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente ( FDCMA ) en diciembre 2006. El estudio del señor Bianchini, carece de testigos, no siguió la cadena de custodia, ni avisó al MEM sobre el muestreo y después dice que el río está contaminado, dijo Cabrera.

No obstante, Solís estima que la denuncia está técnica, jurídica y legalmente mal planteada, porque está orientada a desvirtuar la labor de Bianchini y la actividad de la organización por su activismo a favor de la ecología.

La denuncia busca desprestigiar a Madreselva y a sus activistas, haciendo a un lado el tema de la contaminación del río Tzalá, que es el fondo del problema, dijo Solís .

Solís dijo que la empresa Montana ha contado con el apoyo del MEM , desde que se presentó la denuncia, esto lo ha hecho, defendiendo a la empresa en conferencias de prensa y en el caso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ), al no hacer estudios sobre contaminación.

Solís señaló que si la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio ( FDCP ), del MP actúa antes que la FDCMA , se evidencia que el MP sería otro de los ministerios que apoya a las empresas transnacionales.

José Chacón, activista del MadreSelva dijo: lo que se está haciendo es criminalizar el movimiento social y ambientalista, como herramienta para crear ingobernabilidad y ocultar la contaminación y deforestación que crea la explotación de recursos renovables y no renovables .

Nery Franco de la FDCMA dijo que el trabajo de campo del MP aún no se ha realizado sobre el cauce del río, pues aún se busca el equipo de laboratorio y peritos calificados para el muestreo. Mientras tanto, Sara Sandoval , fiscal de la FDCP se limitó a decir que la denuncia presentada por Montana aún se encuentra sin avance.

Algunos analistas interpretan estas denuncias de las empresas transnacionales, como medida de presión contra de los movimientos ambientalistas, muy en consonancia con lo que dijo el vicepresidente Eduardo Stein , cuando identificó al Frente Nacional Contra las Represas ( FNCR ), y Frente Petenero Contra las Represa ( FPCR ), como posibles focos de ingobernabilidad ( Inforpress 1690).

GOBIERNO SIN AGENDA SOCIAL. Otro hecho que preocupa a activistas, comunidades y entidades defensoras de los Derechos Humanos, es la poca atención y hasta el desdén que el gobierno ha mostrado ante los procesos de consultas de «buena fe» realizados en distintos municipios donde los habitantes exigen ejercer este derecho.

Durante 2006 se realizaron 10 consultas populares para conocer el sentir de las personas sobre la explotación minera, petrolera (ver cuadro) y de proyectos hidroeléctricos ( Inforpress 1696).

Estas consultas han sido aceptadas como legales, según declaraciones del viceministro del MEM , Jorge García Chiu , pero no reconocidas como un instrumento legal que se vincule a la implementación de políticas del gobierno de Óscar Berger , a pesar de estar respaldadas por el Convenio 169 de la OIT y el Código Municipal.

Cabe destacar que durante una de las reuniones realizadas durante la 48 Asamblea de gobernadores del BID , se negó la entrada a una conferencia de prensa al obispo de la Diócesis de San Marcos, Álvaro Ramazzini, así como a Rodolfo Pocop y Juana Malul , coordinador y secretaria de la Convergencia Maya Waq´ib Kej, a Juana Batzibal , directora del área indígena del Centro de Acción Legal Para los Derechos Humanos ( CALDH ) y Óscar Cabrera de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina ( CONIC ), ( Comunicado de Prensa distribuido por Alianza de ONG´s de América Latina, Europa y los EEUU – 19/03/07)

El obispo Ramazzini y la Diócesis han colaborado con los vecinos que buscan ratificar sus derechos y el de sus comunidades que son afectadas por la explotación de recursos y ha solicitado en varias ocasiones que se detenga la emisión de licencias para la exploración y explotación, sin resultados positivos.

El BID y autoridades del gobierno argumentaron «razones de seguridad». Según el comunicado, Ramazzini expondría el fracaso del BID en Guatemala, de asegurar un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo.

Tenemos líderes políticos en Guatemala que comparten la misma visión neoliberal que el BID… no comprenden la extensión de la pobreza y marginación de Guatemala, cita el comunicado de lo dicho por Ramazzini.

En el mismo comunicado se expresó Malul : las acciones del Gobierno simplemente refuerzan nuestra creencia que ésta, no es la inclusión social que los guatemaltecos y guatemaltecas requieren .

Magalí Rey Rosa, activista del Colectivo MadreSelva dijo: el MEM, el MARN y las autoridades de gobierno están apoyando descaradamente a las empresas transnacionales.

Perenco, contaminación, amenazas y asesinato de ambientalistas.

La petrolera Perenco es señalada de estar involucrada en varios hechos de sangre que presuntamente ocurrieron a raíz de denuncias que pobladores hicieron sobre esta empresa a la que acusan de contaminar el ambiente.

Mayco Jonatan García, fue la primer víctima de los «Sicarios de Perenco» como los nombra Roberto Arias , en su columna del vespertino La Hora ( La Hora 11/02/06). García recibió nueve impactos de bala de fuego, era yerno de Cristóbal Pérez .

Cristóbal Pérez en 2000, mostró los campos con la supuesta contaminación al periodista de origen alemán Andreas Boueke, quien a su vez, lo denunció ante el MEM , obligando a Perenco a invertir unos US$7 millones para limpiar el lugar.

El segundo agredido fue Nelson Estuardo Pérez López . Pérez López es hijo de Cristóbal Pérez , quien luego de la muerte de su hijo de apenas 22 años y de su yerno ( Rodríguez ), decidió partir al exilio, posterior a la golpiza y amenaza de muerte contra su otro hijo de 15 años. Además, atropellaron a su esposa y recibían constantes amenazas ( el Periódico 06/03/07).

El 22 de febrero de 2004 apareció muerto en los terrenos de Perenco, Jaime Alfredo Rodríguez . Rodríguez era amigo de Cristóbal Pérez y la causa de su muerte se relaciona con el hecho de que quiso mostrar a la prensa más lugares contaminados ( elPeriódico 06/02/06 )

El 14 de abril de 2004, Antonio Minondo Ayau envió un fax al presidente de elPeriódico , que decía: recientemente la compañía Perenco Guatemala Limitada, ha sido víctima de una campaña negra en los medios de publicidad que buscan su desprestigio, en detrimento de esta compañía, la industria y por ende del gobierno de Guatemala ( el Periódico 18/01/06, Andreas Bourke ).

En ese artículo Bourke señala que también era objeto de amenazas, e hipotetiza que puede ser porque el MEM no ha dado el finiquito a la empresa Perenco, y le presiona para que realice una limpieza general del área contaminada en Rubelsanto.

El 12 de febrero de 2005 se venció el contrato de explotación que poseía la firma francesa Perenco, antes Basic Resources, ya que en 2002 cambió de nombre, derivado de la venta realizada en julio de 2001, cuando Anadarko Petroleum; vendió por US$120 millones a la firma francesa.

Los vínculos económicos que operan en los yacimientos de Guatemala trascienden fronteras y evidencian los fuertes intereses detrás del negocio petrolero.

Se presume que estos intereses por la explotación petrolera y de otros recursos en áreas estratégicas, han conducido a altas autoridades a ocultar asesinatos presuntamente vinculados con la denuncia de la contaminación en campos petroleros.

El asesinato e intimidaciones ocurridos contra ambientalistas que denunciaron la contaminación en los pozos de Rubelsanto, Alta Verapaz es uno de ellos.

El 09 de febrero de 2007 se firmó un contrato de emergencia en el MEM , donde se deja por un año más la explotación en los campos de Rubelsanto, Chinajá, Caribe y Tierra Blanca, ubicados en El Petén y Alta Verapaz a Perenco, debido a la revocación que hizo el gobierno a KLP Industries, ganadora de la licitación para la explotación por 25 años, según Chiu , se espera una producción de 900 barriles diarios ( el Periódico 09/02/07).

La salida del titular del MEM , Luis Ortiz , el 07 de febrero de 2007, dos días antes de adjudicar el contrato a Perenco, deja muchas interrogantes por resolver. Ortiz fue uno de los funcionarios que más mostró su inclinación por el sector privado.


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