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Empresas de seguridad privada proliferan en tiempos de Paz
Por Selvin Girón - Guatemala, 6 de abril de 2007

•Se estima que 150 mil personas laboran como agentes privados de seguridad

• Empresas privadas de seguridad facturan Q1,200 millones anulaes

• Costos de seguridad privada superan holgadamente el presupuesto de seguridad pública

El aumento de empresas que se dedican a prestar servicios de seguridad a personas individuales y /o jurídicas, es un fenómeno que surge a partir de que el Estado ha sido incapaz de otorgar este servicio a la población. Como una consecuencia «del mercado», la demanda de estos servicios muestra una lógica espúrea, en el sentido de que las instituciones encargadas de esta tarea han sido descuidadas e infiltradas por individuos vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y las bandas de secuestradores. Según analistas de seguridad, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz (AP), y una ausente política de seguridad civil, han hecho que la seguridad privada sea un negocio creciente, que supera con creces los costos de la seguridad pública. Los vínculos entre agentes de seguridad pública y privada con el crimen organizado socavan el poder estatal. Las ganancias monetarias que este negocio conlleva, son un incentivo para que proliferen empresas que se dedican a esta actividad, muchas veces al márgen de la ley, al grado de que se estima que más de la mitad de éstas operan ilegalmente. Esta semana se anunció la integración de un grupo denominado Cámara de Seguridad de Guatemala, cuyo objetivo según sus organizadores, es que todas las empresas de seguridad privada operen en el marco de lo legal

UN NEGOCIO CRECIENTE. El 28 de mayo se anunció la integración de un grupo denominado Cámara de Seguridad de Guatemala (CSG), el cuál busca ser un referente ante el Congreso de la República para la discusión de las leyes que regulan esa actividad (Siglo XXI, 29/03/07).

Según manifestaron, otro de los objetivos de esta Cámara es que todas las empresas que se dedican a este negocio, lo hagan dentro del marco de la ley y bajo la supervisión de las autoridades competentes. Anteriormente, la ahora CSG era denominada Gremial de Empresas de Seguridad y era presidida por Carlos Maldonado (Inforpress 1588).

El aparecimiento de esta Cámara coincide con la crisis de seguridad pública que dejó en evidencia a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Gobernación sobre la existencia de grupos paralelos que desde estas instancias presuntamente con el aval de algunos mandos medios, cometían ejecuciones extrajudiciales y la práctica de lo que se conoce como «limpieza social».

La seguridad privada se ha convertido en un negocio altamente rentable, pero al mismo tiempo, en una actividad sobre la cual las autoridades no han tenido la capacidad de tener un control que garantice su legalidad.

Carlos Maldonado, presidente de la CSG, dijo a un diario local que las 120 empresas legales con 60 mil empleados, facturan Q1,200 millones en seguridad privada anualmente.

Estas cifras contrastan con el presupuesto estatal asignado para seguridad pública. Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), el presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación (MG), el cual incluye el de la PNC, para el período fiscal 2007, se asignaron Q1,746 millones, unos Q130 millones más que 2006.

El estudio, «El costo de la Violencia en Guatemala» , elaborado en 2006 por el consultor Edgar Balsells , para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que el gasto de seguridad privada para hogares y empresas con un dato «conservador» fue de Q4,307 millones, mientras que datos globales* del costo de la violencia, superan los Q17,900 millones, y representan un 7.3% del Producto Interno Bruto.

Otro dato que llama la atención es el número de agentes de la PNC respecto del número de agentes privados. Para 2005, el número de agentes que prestaban servicio en la PNC, era de 18,200 ( Prensa Libre 20/01/06), en tanto que se cita que entre legales y no legales, los agentes privados de seguridad podrían superar las 150 mil personas.

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo que según Carlos Vielmann el número de agentes privados asciende a 150 mil, de los cuales sólo la mitad está legalmente inscrita.

El citado artículo indica también que el MG tenía en 2005, 127 empresas de seguridad privada autorizadas, 99 en trámite y según la Unidad de Supervisión de Entes Privados de la PNC , existían 31 empresas clandestinas.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA SEGURIDAD. Es importante señalar que la ley de policías particulares data del año 70, decreto 73-70, lo cual significa que en más de 35 años no han habido cambios, ni reglamentos a tal actividad.

El documento «Privatización de la Seguridad en Guatemala», editado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), en 2002, considera que la seguridad privada atenta contra el principio de igualdad jurídica en el goce de los derechos fundamentales, representado una clara falta de solidaridad social.

Se estima que se tiene un PNC, por cada 700 habitantes, mientras que los agentes privados han multiplicado su número respecto a los de la PNC, es decir, que existen muchos menos elementos para la seguridad pública que para aquellos que pueden costearse la seguridad.

Según el citado documento de MINUGUA, las empresas de seguridad privada representan peligros latentes: «Se traduce en una suerte de poder autónomo incontrolable, que fácilmente podría operar como crimen organizado en múltiples áreas, siendo útiles para la practica del lavado de dinero.

Agrega este documento que según sus informantes; es después de 1996, año de la firma de los AP, cuando las empresas ilegales sin control estatal crecen hasta triplicarse. Siendo sus principales dirigentes y gestores ex miembros del ejército, en un 75%, y ex policías, en un 25%.

Además, muchos de los candidatos a la PNC que no aprueban el exámen por cuestiones de carácter o antecedentes, fácilmente pueden encontrar trabajo en una agencia privada.

EL DISCURSO PÚBLICO Y EL NEGOCIO. Aparte de los servicios de seguridad privada, existen otros «productos» relacionados con la seguridad de los ciudadanos que representan un atractivo mercado.

Entre ellos destaca el negocio de las armas. De acuerdo con el documento «Armas pequeñas y desarrollo en sociedades postconflicto», publicado en 2006 y elaborado por Carmen Rosa de León Escribano, «El uso, portación, difusión y comercio internacional de armas de fuego es un fenómeno complejo y violento, que afecta cada uno de los niveles de desarrollo de nuestras sociedades centroamericanas. Como instrumentos de la violencia, hay indicios claros de que las armas pequeñas contribuyen a la destrucción humana y social, a la vez que ponen en peligro los derechos humanos y el estado de derecho y socavan la estabilidad política y el desarrollo económico

Sin embargo, hay quienes todavía sostienen argumentos a favor de la tenencia de armas de fuego en manos de civiles. Uno de estos argumentos es que «un ciudadano armado ya no es un ciudadano indefenso

En el contexto de Guatemala, existen serias debilidades en el control de las denominadas armas pequeñas. Pistolas de alto calibre pueden ser compradas sin mayor complicación en el mercado negro por menos de Q5 mil.

Según De León Escribano en el citado estudio, en Guatemala existen 253,514 armas registradas y 34,200 licencias de portación. Pero el dato alarmante es que 800 mil armas se califican como «armas ilegales». *

Otra de las preocupaciones de algunos analistas es que la poca regularización y control de las empresas y los empleados de empresas de seguridad privada, hacen fácil el que éstos sean contratados por grupos interesados en resolver secuestros, venganzas y otras actividades que pueden resultar en la comisón de graves crímenes.

Según el estudio de De León Escribano, «La privatización de la seguridad no sólo se evidencia en el uso de recursos humanos, sino también en la inversión en tecnología e incluso en investigación y negociación con secuestradores. En el negocio de la seguridad privada se encuentran vinculaciones con ex miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes están involucrados también en la importación y comercialización de armas de fuego, llegando a manejar arsenales mayores que la misma policía.»

«Esto en un contexto de poco control y de poca regulación, dónde personas individuales son contratadas con todo y su arma de fuego, o simplemente se da la rotación permanente de las armas, propicia que muchas de ellas pasen al mercado negro. No son pocos los casos en la región en que miembros de las empresas de seguridad han agredido e incluso dado muerte a otros ciudadanos, evidenciando la falta de tecnificación y aprendizaje del uso proporcional de la fuerza o del mismo manejo del arma

CUANDO LA MUERTE ES «DESEABLE». Para distintos analistas, el grado de descomposición en que se encuentran las estructuras de seguridad del Estado, al que señalan de «fallido», es porque no se han cumplido los AP y porque las fuerzas de seguridad pública fueron cubiertas por agentes que ya habían prestado servicio señalados de irregularidades.

La crisis surgida en la PNC y el MG a raíz del asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer, además de los presuntos asesinos días después, deja al descubierto el hecho de que algunos grupos económicos y políticos del país ven con beneplácito las ejecuciones extrajudiciales.

Y como han apuntado algunos analistas, el crímen organizado supo aprovechar esta circunstancia en su beneficio y en sus actividades han demostrado poseer armas de grueso calibre y abundantes municiones.

Juan Luís Font, director del matutino el Periódico , cita en su columna de opinión, que … «hay motivos para pensar que la Policía Nacional Civil ha subcontratado servicios de personas y empresas dispuestas a aplicar la pena de muerte según su propia convicción.», ( elPeriódico, 19/02/07 ).

Edgar Gutiérrez, actual candidato por el Frente por la Democracia explica la lección: «El crimen organizado no delinque por hambre, persigue acumulación de riqueza y poder; infiltra instituciones, postrándolas, opera como una corporación transnacional y tiene capacidad de corromper todos los estamentos políticos y sociales, sea por el dinero o por el efecto de la amenaza que infunde el miedo real .» ( elPeriódico, 26/03/07 ).

El 07 de septiembre de 2006, en el aeropuerto internacional la Aurora se llevó a cabo un robo millonario. En esa oportunidad el robo ascendió a más de US$8 millones, cuando US$11 millones serían trasladados a la Reserva Federal de los EEU .

La empresa de seguridad privada Wackenhut G4S, transportaba ese dinero y es actual patrocinadora de la 2da Convención Regional de Seguridad OSAC 2007, junto al Grupo Golán, esa convención es organizada por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham).


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