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Catorce años sin justicia
Por Haroldo Shetemul - 25 de abríl de 2004

Haber reconocido la culpabilidad estatal en el asesinato de Myrna Mack permite avanzar en el impulso del estado de Derecho.

LA CEREMONIA EFECTUADA el pasado jueves en el Palacio Nacional de la Cultura marca un hito en la historia del país. Ese día, el presidente Óscar Berger reconoció la responsabilidad institucional en el asesinato de Myrna Mack, ocurrido hace catorce años. “En nombre del Estado pido perdón a la familia Mack Chang y al pueblo de Guatemala por el asesinato de la joven antropóloga Myrna Mack”, expresó el mandatario. Pienso que acciones como ésta enaltecen al presidente porque son una forma de combatir la impunidad en el país. Son una mínima reparación moral y de rescate de la dignidad de una mujer que fue ultimada por agentes de un Estado que, hasta la fecha, ha hecho hasta lo imposible por obstaculizar la justicia.

EL 11 DE SEPTIEMBRE de 1990, a eso de las 18:45 horas, Myrna salió de las oficinas de Avancso, en la 12 calle y 12 avenida, zona 1. A escasos metros, fue atacada por dos sujetos que la apuñalaron 27 veces hasta provocar su muerte. Según la fundación que ahora lleva su nombre, fue una operación de la inteligencia militar, que respondió a un plan del Estado Mayor Presidencial, que pretendía hacer pasar el asesinato como un crimen común. El “delito” de Myrna había sido interesarse por los campesinos desplazados por el conflicto armado y haber hecho investigaciones sobre el particular. “Sus estudios representaban la expresión y difusión de la verdad, especialmente sobre las campañas de represión del Ejército en los sectores rurales”, refiere la fundación.

POSTERIORMENTE, su hermana Helen comenzó una lucha tenaz que permitió la condena de Noel de Jesús Beteta, sargento mayor especialista del Ejército, como responsable material del crimen y luego la del coronel Juan Valencia Osorio, como hechor intelectual. Este último se encuentra prófugo luego de que la Sala Cuarta de Apelaciones tuviera la infeliz ocurrencia de anular el fallo, que después fuera confirmado por otro órgano judicial. Hacer el resumen de catorce años de lucha judicial es fácil, pero en realidad este proceso ha sido difícil y tortuoso, y ha demostrado cómo los poderes fácticos han logrado acomodar la justicia a sus intereses. Han pasado catorce años, un solo criminal está tras las rejas y otro ha huído. ¿Eso es justicia? No, y por eso Helen llevó el caso de denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EN NOVIEMBRE del 2003, esa corte condenó al Estado de Guatemala como responsable de la ejecución extrajudicial de Myrna y pidió que reconociera su culpabilidad institucional. Eso fue lo que hizo el presidente Berger. Si bien las palabras del mandatario fueron breves, llevaban implícito el reconocimiento de la existencia de operaciones ilegales de la inteligencia militar, la participación de estructuras estatales en crímenes, así como el uso de recursos materiales y humanos del Estado para la ejecución de asesinatos. Myrna es sólo una de las miles de víctimas inocentes, cuyas vidas fueron cegadas por la política de seguridad nacional. Más aún, la resolución de la CIDH desnuda la corrupción y el tráfico de influencias de los órganos de la justicia, que en catorce años no han logrado cerrar este capítulo.

¿QUE HUBIERA pasado si la CIDH no condena al Estado guatemalteco y lo obliga a reconocer su responsabilidad en el crimen? No hubiera pasado nada y nadie hubiera pedido perdón institucional. Es por ello que esta acción de justicia internacional debería mover a los señores diputados a considerar necesaria la aprobación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs), un ente que permitiría agilizar la investigación de esos poderes fácticos. Está visto que las instituciones nacionales en la materia se encuentran infiltradas o son susceptibles de responder a los intereses del crimen organizado. Es necesario, pues, el acompañamiento de las Naciones Unidas en este proceso, siempre y cuando eso no signifique la vulneración de la carta magna del país.

Tomado de Prensa Libre www.prensalibre.com


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