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Diez años de historia
Por Haroldo Shetemul - Guatemala, 17 de noviembre de 2004

El Congreso debe aprobar la instalación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos.

CUANDO AÚN los tableteos de las ametralladoras demostraban que el conflicto armado estaba lejos de concluir, un grupo internacional llegó al país en 1994. Se trataba de la Misión de Verificación de Derechos Humanos en Guatemala (Minugua). Su objetivo era supervisar que se cumpliera el compromiso que habían suscrito el Gobierno y la guerrilla para respetar los derechos humanos. Por la traumática historia del país, en la que los asesinatos, torturas y desapariciones forzosas de personas habían sido algo cotidiano, muy pocos le dieron credibilidad a esa instancia foránea. Los derechos humanos de los guatemaltecos, tan mancillados, era difícil que pudieran ser respetados en todos los ángulos, desde el derecho a la vida, pasando por la libre emisión del pensamiento hasta los derechos socioeconómicos.

LA LABOR FUE fuerte, principalmente en el interior del país donde el Ejército, los comisionados militares y los patrulleros civiles tenían su feudo. Si bien habían disminuido los combates, eso no significaba que hubiera bajado el nivel de las violaciones a los derechos humanos. La violencia seguía su ritmo y las víctimas principales eran los indígenas que continuaban siendo los ciudadanos de tercera categoría. Sin embargo, el hecho de que los miembros de la Minugua fueran extranjeros permitía que pudieran investigar y elaborar reportes de la crítica situación del país. Por supuesto, los sectores más conservadores pegaron el grito en el cielo por lo que consideraban una intromisión extranjera en los asuntos internos del país.

DOS AÑOS DESPUÉS, el gobierno de Álvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) sucribieron los acuerdos de paz finales, con lo que concluyeron 34 años de conflicto armado. Los compromisos suscritos permitían observar hacia el futuro un país con un programa de cambios estructurales. El objetivo era remontar las causas que habían provocado el enfrentamiento bélico y cerrado las vías democráticas de ejercicio político. Fluyó la ayuda extranjera y todo parecía dispuesto para que Guatemala dejara atrás el lastre que la había mantenido en el oscurantismo y el subdesarrollo. Pero el sueño no duró mucho y la realidad terminó por demostrar que esos acuerdos habían sido una fantasía. El gobierno siguiente, de Alfonso Portillo, hizo todo lo posible por desfigurarlos, algo que parece repetir el actual gobierno.

CON LA FIRMA de los acuerdos, Minugua pasó a verificar el proceso de pacificación. Desde 1997 se comenzaron a escuchar los informes acerca de los problemas que afrontaba el cumplimiento de los compromisos de paz. Ese organismo se convirtió entonces en la voz que insistía en que los acuerdos avanzaban en ciertos aspectos, pero en otros se constituían en letra muerta. Quizá en algunos momentos demasiado diplomática para decir las cosas, cuando se requería una posición más firme. Esa ha sido, pues, la historia de ese organismo internacional que ha estado íntimamente ligado a la historia guatemalteca de los últimos 10 años.

Y AHORA HA LLEGADO su hora de partir. El lunes pasado fue el cierre formal de la Minugua tras una década de labor en el país. Pero el problema no es que este organismo deje de existir, porque era algo que ya se sabía. El inconveniente es que el Congreso de la República no ha aprobado la instalación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, que vendría a darle continuidad al trabajo de la Minugua. Esa falta de visión le podría significar al país perder ese apoyo internacional que no nos costará un solo centavo y que podría coadyuvar a un mejor respeto de los derechos humanos.

Tomado de Prensa Libre www.prensalibre.com


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