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Un crimen impune
Por Haroldo Shetemul - Guatemala, 26 de enero de 2005

Hace 25 años ocurrió la masacre de la embajada de España, hecho que definió el carácter criminal del gobierno de Lucas García.

EL CONGRESO se llenó de la multicolor indumentaria de los indígenas de San Miguel Uspantán. Era el 25 de septiembre de 1979 y el grupo de k’iche’s ingresó al Palacio Legislativo para hacer una denuncia: el Ejército había iniciado una acción represiva contra su población, que incluía secuestros, torturas, violación de mujeres y robo de pertenencias. Los diputados amenazaron con llamar a la Policía para que desalojara a los intrusos, pero luego se comprometieron a investigar lo ocurrido en Quiché, algo que, por supuesto, nunca hicieron. Al salir del parlamento, los indígenas fueron perseguidos por judiciales que capturaron a cinco de sus acompañantes, quienes nunca más aparecieron. Era la ley del régimen de terror.

LAS TROPELÍAS de las fuerzas castrenses se incrementaron, lo que provocó que otro grupo de indígenas decidiera ir a la capital para demandar el cese de la represión, a principios de enero de 1980. Esa vez iban 21 personas de diferentes lugares de Quiché. Su demanda era similar a la anterior: La salida de las tropas castrenses de sus comunidades. Era la época de mayor auge de los guerrilleros que incursionaban en los pueblos, combatían a los soldados y luego se retiraban. En represalia, la institución castrense la emprendía contra la población civil. Debido a la falta de recursos, los indígenas fueron alojados por una organización de estudiantes en el edificio P, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de San Carlos.

TODOS LOS DÍAS, los indígenas iban al centro de la capital a denunciar las acciones militares que ocurrían en sus comunidades. Fueron al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, se plantaron en el parque central, visitaron centros educativos, pero nada ocurría. Al respecto, es importante lo que señaló un editorial del diario La Hora, el año pasado: “En nuestra redacción estuvieron los campesinos que luego murieron en la embajada de España, pidiendo que se denunciara mundialmente la forma en que estaba siendo masacrado su pueblo, pero por la prevaleciente autocensura y el temor a ser objeto de violenta represalia de las autoridades de turno, omitimos la publicación de esa denuncia y entendemos que el silencio generalizado en el país fue la causa para que ocuparan una embajada, para que su denuncia fuera escuchada de alguna forma”.

QUIZÁ POR ELLO, los campesinos decidieron tomar la embajada de España, aquel 31 de enero. La respuesta oficial fue rodear la misión diplomática y entrar en forma violenta, destruyendo puertas y ventanas, pese a la oposición del embajador Máximo Cajal y López. Acorralados en la oficina del jefe diplomático, los ocupantes vieron como la Policía rompía con hachas la puerta. De pronto el fuego estalló en la habitación y los gritos de dolor inundaron todo. El embajador logró salir, mientras en el interior morían quemadas 37 personas, incluyendo diplomáticos, un ex vicepresidente y un ex canciller. A la misma hora, en el Palacio Nacional, el presidente, general Romeo Lucas García, y el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, brindaban por el éxito de la operación.

EL ÚNICO SOBREVIVIENTE, Gregorio Yujá Xoná, fue secuestrado del hospital Herrera Llerandi y tirado su cadáver en la Universidad de San Carlos, el 2 de febrero, junto con una amenaza contra el embajador español. Cajal y López fue trasladado de ese hospital a la embajada de Estados Unidos para asegurar su integridad. Así, con esa masacre, el gobierno de Lucas García definía el carácter de terror de su régimen. No había posibilidad de ningún tipo de oposición a la corrupción, los privilegios de los militares y la represión que afectaba a la población. Sólo los lacayos, los serviles podrían justificar el crimen ocurrido en la misión diplomática. En la historia de Guatemala, Lucas García únicamente podrá ser definido como un criminal.

Fuente: Prensa Libre www.prensalibre.com


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