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Concesiones sin ton ni son
Por Haroldo Shetemul - Guatemala, 27 de abril de 2005

¿Será cierto que tras la iniciativa de ley ya existían intereses creados para saquear los recursos del Estado?

CON UNA AGILIDAD pocas veces observada, la oficialista Gran Alianza Nacional (Gana) tenía toda la intención de aprobar la Ley General de Concesiones. Tanto fue su apuro que se le olvidó que esa iniciativa también debían conocerla las otras bancadas del Congreso y, sobre todo, que fuera públicamente ventilado su contenido. Empero, hay quienes creen que no fueron tan ingenuos y en realidad ese era el objetivo: aprobar la ley específica al pedalazo para permitirle a algunos funcionarios de gobierno y sus amigos hacerse de buenas concesiones de bienes del Estado. Afortunadamente, se logró detener la propuesta por parte de los demás grupos parlamentarios, lo cual permitirá que se puedan discutir esa iniciativa de ley.

EL PROCEDIMIENTO empleado y el texto de la propuesta dan mala espina. ¿Por qué intentaban acelerar la aprobación de una iniciativa cuyo contenido afectará en el futuro la explotación de recursos naturales, la prestación de servicios públicos y la construcción de infraestructura del país? ¿Será que antes de que fuera aprobada esa iniciativa ya le veían cara de negocio? Para nadie es un secreto que el gobierno de Óscar Berger está marcado con el signo del empresariado, lo cual no sería negativo si éste no tratara de aprovecharse de esa circunstancia. Pero ha ocurrido todo lo contrario y ya lo hemos visto en varias oportunidades. Por ejemplo, al nomás llegar Berger al Gobierno, en enero de 2004, cerró el ingreso de azúcar extranjera y el cartel azucarero aumentó el precio del edulcorante. Más recientemente, cuatro productores de leche fueron premiados para repartir ese producto en departamentos que no presentan el mayor déficit de nutrición en los niños. Da la casualidad que nuestro flamante presidente es azucarero y miembro del Consejo Nacional de Fomento Lechero.

LA PROPUESTA DE ley tiene una serie de incongruencias que tienden a convertirse en lesivas para el Estado y sí muy favorables para los futuros concesionarios. Por ejemplo, se plantea que el Estado debe garantizar que las inversiones sean exitosas, como si éstas no incluyeran la posibilidad de riesgo. La propuesta señala una serie de actividades que pueden ser concesionadas, pero agrega que esa enumeración no será limitativa. Lo anterior quiere decir que no hay límite para concesionar nada, incluyendo probablemente el agua, la salud, la educación, las reservas naturales, sitios arqueológicos y un extenso etcétera. Tampoco presenta un reglamento general, lo que permitiría que cada funcionario pueda interpretar a su antojo el contenido de la ley, lo cual deja abierta la puerta al tráfico de influencias y toda forma de corrupción.

EN REALIDAD, la concesión es vista, desde la perspectiva de esa iniciativa de ley, como una forma de privatización. En el pasado se hicieron concesiones con dedicatoria personal, como fueron la de Fegua y la autopista Palín-Escuintla, esta última que tiene carta blanca para recetar constantes incrementos al peaje que afectan a los usuarios. Hasta el momento, toda iniciativa de concesión sólo ha tenido el objetivo de favorecer a los empresarios y no al público al que va dirigido el servicio. El gobierno de Álvaro Arzú fue un ejemplo de cómo los empresarios que están en el poder se sirven del Estado para sus propios intereses. Da la casualidad que el régimen de Berger tiene composición muy parecida a la de su cuate Arzú. Por ello, es importante que se revise la iniciativa de ley, se le hagan las modificaciones pertinentes y, sobre todo, sea conocida por la mayoría de guatemaltecos. Es fundamental que las concesiones sean vistas desde la perspectiva del beneficio a los habitantes del país y del Estado, y que no se conviertan en una forma de saqueo de los recursos nacionales.

Fuente: www.prensalibre.com


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